Hernández fue un empresario devenido en político que saltó a la fama con un discurso anticorrupción, y se había impuesto como rival de Petro para la segunda vuelta por encima de otros contrincantes mucho más conocidos como 'Fico' Gutiérrez.

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La trayectoria del exalcalde de Bucaramanga estuvo cargada de dichos y hechos polémicos, pero sobre todo dichos, que revelaban su visión sobre un país marcado por una historia de violencia, corrupción y desigualdad. Aquí, un repaso de algunos de los más significativos desde 2016, cuando asumió la alcaldía de la ciudad oriental.

2022: los pobres son "el mejor negocio del mundo"

Hernández, proveniente de una familia de clase obrera, hizo su fortuna entrando en el negocio de la construcción de vivienda de interés social, destinada a las familias más pobres, en los años 90, cuando Colombia atravesaba una crisis de construcción.

En ese entonces, "ante una eventual insolvencia para pagar los créditos adquiridos", dice su página web, creó el PLAN 100, mediante el que las familias podían comprar una casa en 100 cuotas mensuales que le pagaban directamente a él. La empresa de Hernández era constructora y banco a la vez, ganando intereses por la financiación propia.

Su visión sobre el lugar de los "pobres" y de los "empresarios" en Colombia, uno de los países más desiguales de América Latina, generó una profunda polémica.

"Necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio del mundo es tener gente pobre con capacidad de consumo, porque los pobres consumen toda la plata", había dicho en enero de 2022 en una transmisión en redes sociales.

También explicó el concepto en una entrevista con Semana: "A los ricos les va mejor cuando los pobres tienen plata en el bolsillo, porque los ricos son los que arman la producción, los que hacen la oferta de bienes y servicios. Los pobres son consumidores". Y siguió: "El empresariado es una joya que tiene el país que hay que cuidarla".

2021: un candidato 'anticorrupción' condenado por corrupción

"Yo me defino como Rodolfo Hernández, un ingeniero que quiere sacar los ladrones del gobierno. Eso es todo". "La corrupción es el mayor impuesto que nos toca pagar a todos los colombianos". "La corrupción es una enfermedad que solo puede curarse con cirugía y sin anestesia". Esos son algunos de los postulados que Hernández exhibía en su web cuando era candidato. Obtuvo casi seis millones de votos con la 'Liga de Gobernantes Anticorrupción'. Pero Hernández fue un político condenado por corrupción.

La Fiscalía acusó en 2021 a Hernández de "interés indebido" en el marco del sonado caso de Vitalogic, que tuvo lugar cuando aún era alcalde de Bucaramanga.

La acusación, de la que siempre se declaró inocente, apuntaba a que hubo presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre las tecnologías para el manejo de los residuos en el relleno sanitario de El Carrasco, en Bucaramanga, cuando era alcalde. El valor de ese contrato ascendió a 336 millones de pesos colombianos (casi US$ 85.000 al valor actual).

En junio de 2024, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El 14 de marzo de 2024, cuando el juez lo encontró culpable en este caso, Hernández rompió en llanto en plena audiencia y anunció que padece un cáncer terminal. Debido a esa condición médica, el juez le concedió el beneficio de casa por cárcel.

Sus escándalos con las autoridades también le valieron múltiples sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría. Según reportes, para 2019 Hernández tenía abiertas 34 investigaciones disciplinarias en el organismo. CNN se comunicó con esa entidad para solicitar información sobre esto, pero no ha recibido respuesta. Ese año, alegando persecución política y cuando la procuraduría lo sancionó por presunta participación indebida en política, renunció a su cargo como alcalde de Bucaramanga.

2019: las venezolanas son una 'fábrica de hacer chinitos pobres'

De todas sus declaraciones que generaron polémica y rechazo por parte de amplios sectores de la población, una de las más recordadas la hizo en 2019, cuando durante una entrevista con Blu Radio dijo que las venezolanas eran "una fábrica de hacer chinitos (niños) pobres".

Hernández estaba hablando sobre la atención a las mujeres que llegaban embarazadas desde el país vecino y declaró: "Mujeres embarazadas las atendemos antes del parto, parto y posparto en el ISABU (Instituto de Salud de Bucaramanga), hasta ahí llegamos. No podemos hacer nada. Con plata de la alcaldía de todos nosotros, sin cobrar nada más estamos atendiendo. Y los partos que han tenido son como 400 al año, una fábrica de hacer chinitos pobres".

Luego, según consiga El Tiempo, afirmó en una transmisión de Facebook Live que las iba a seguir admitiendo con "amor" y "cariño" pero que les aconsejaban evitar "todos esos partos que los pueden evitar a través de las metodología que hay" porque son "niños que no van a tener ninguna esperanza de progreso" y "eso es cierto".

Sus declaraciones generaron fuertes críticas, inclusive del exprocurador Fernando Carrillo, quien dijo que "el machismo, la xenofobia y la aporofobia son malos consejeros de personajes públicos que deben dar buen ejemplo" y calificó los dichos de Hernández como un "burdo ataque".

Sin embargo, sus ataques a los venezolanos que llegaban en medio de una de las mayores crisis migratorias no eran nuevos: en 2017 ya había dicho que quienes llegaban a Bucaramanga eran "los limosneros, la prostitución y los desocupados" pero que "tocaba" recibirlos. "Aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos así como Venezuela recibió a más de cuatro millones de colombianos que se iban de aquí porque no tenían oportunidades de trabajo y se fueron para allá y allá les fue bien".

El programa de Hernández afirmaba que había que diseñar una política migratoria solidaria "preservando los intereses y necesidades de los colombianos", así como restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Y una vez esto sucediera, que se concerte un programa para que sea el gobierno de Venezuela el que "financie la sostenibilidad de su población radicada en Colombia".

2018: un golpe frente a las cámaras

En noviembre de 2018, el entonces alcalde de Bucaramanga acusó a un concejal opositor, Jhon Claro, de no dejarlo hablar y de tener una "dictadura". Le dijo "sinvergüenza" y lo acusó de estar aliado con corruptos. En ese intercambio de palabras, Hernández se levantó de la silla y le dio un golpe en la cabeza y además descargó una andanada de improperios que iban desde calificativos hasta vulgaridades.

Fue "un error humano provocado", se excusó, cuando la Procuraduría lo suspendió por tres meses y un juez, en segunda instancia, lo obligó a pagar una multa de unos 95 millones de pesos (unos US$ 22.700 a la cotización actual) que él pidió pagar en 190 cuotas, reportaron medios locales.

En el video del episodio puede verse cómo incluso interviene un policía para mantener la distancia entre ambos después del golpe.

2016: cuando se proclamó seguidor de Adolf Hitler

"Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler", dijo en una entrevista con la cadena radial RCN en el año 2016, cuando era alcalde de Bucaramanga. Y citó lo que afirmó que era una recomendación de tal pensador: "No pretenda que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo".

Años después, en 2021, cuando ya echaba a andar su carrera a la presidencia, Hernández pidió disculpas y dijo que había tenido un lapsus: "Frente a lo de Hitler pido mil disculpas, cualquiera tiene un lapsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judía y a todo el pueblo colombiano".

Este informe ha sido actualizado con información adicional.

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Hernández, de 79 años, era ingeniero de profesión y estaba en cuidados intensivos desde hacía varios días. En 2022 fue el rival del presidente Gustavo Petro en las elecciones presidenciales como abanderado del movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción.

Al enterarse de la noticia, el mandatario publicó en su cuenta de X: "Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer, un abrazo a su familia".

"Respetuosamente, solicitamos que se conceda a la familia la privacidad necesaria durante este difícil momento", dice el comunicado de la clínica donde falleció Hernández.

Noticia en desarrolllo...

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La última vez que Cielo Imbachí tuvo noticias de su marido fue hace más de 40 días, cuando se encontraba haciendo escala en Caracas, la capital venezolana. En aquel momento, José Aron Medina regresaba a Colombia después de pasar unos nueve meses en Ucrania, dice.

Nunca llegó a casa.

Este viernes, Medina y su amigo, el también colombiano Alexander Ante, aparecieron en un video difundido por el Servicio Federal de Seguridad ruso, que acusaba a ambos de "participar en hostilidades del lado de Ucrania contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como mercenarios".

Los colombianos llevaban "documentos que confirman sus actividades ilegales", según el comunicado del FSB, y ropa con las insignias del batallón ucraniano Sich de los Cárpatos.

El canal de televisión estatal Rusia 1 informó de que Ante y Medina se encontraban en Venezuela cuando fueron detenidos y extraditados a Rusia. Su detención en Moscú fue ordenada por el Tribunal de Distrito Lefortovsky de la ciudad el 28 de agosto y están detenidos hasta el 22 de octubre, dijo el servicio de prensa del tribunal a la agencia estatal de noticias TASS.

La detención y aparente extradición de los dos hombres pone de relieve los fuertes lazos económicos y militares que Rusia mantiene con Venezuela, al tiempo que sirve de advertencia a los combatientes extranjeros, que se calcula que son miles, que acudieron en masa a ayudar a Ucrania en la guerra.

Contactada por CNN, la Legión Internacional de Ucrania declaró que no facilita ninguna información sobre posibles, actuales, futuros o antiguos combatientes. Dijo que está contactando "con otras unidades en las que sirven colombianos", y añadió que "toda la historia suena extraña e improbable".

Mientras tanto, Imbachí dice que no ha recibido información de ninguno de los países implicados.

"Todavía no he podido hablar con él: la última vez que hablé con mi marido fue aquel fatídico día 18 de julio... desde entonces nada. Y acabamos de ver los videos de él en un tribunal de Moscú", dijo Imbachí a CNN.

"Venezuela simplemente se los llevó y los deportó a Rusia, y no entendemos la razón por la que fueron deportados", agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Una fuente del gobierno colombiano dijo a CNN que su ministerio de Relaciones Exteriores está esperando los informes oficiales de los consulados en Caracas y Moscú para entender la mejor manera de ayudar a la pareja. El ministerio también dijo a CNN que ha solicitado y está esperando más información de Moscú a través de canales diplomáticos.

"Estamos desesperados"

Imbachí y Medina, de 36 años, tienen una hija de nueve años y un hijo de su anterior matrimonio. Ambos, Medina y Ante, proceden de la ciudad de Popayán, en el oeste de Colombia, y viven cerca el uno del otro, según ella.

Imbachí explicó que su marido se marchó a Ucrania el pasado noviembre, uniéndose a Ante, que ya estaba allí. Medina decidió volver a casa en julio. Dijo que voló de Varsovia, Polonia, a Madrid, España, y de allí a Venezuela. Su destino era Popayán.

No está claro por qué los dos hombres viajaron a través de Venezuela, ya que hay varias opciones de vuelos directos entre España y Colombia. Viajar a través de Venezuela es difícil debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país latinoamericano.

Imbachí cree que su marido viajó a través de Caracas porque era la opción más barata. "Los vuelos de España a Colombia son muy caros, mientras que creo que Venezuela era más barato". No sabe cómo pensaban llegar de Caracas a Popayán.

Un volante de persona desaparecida del fiscal general de Colombia, con fotos de los dos hombres, decía que su última ubicación conocida era un aeropuerto venezolano el 18 de julio donde fueron vistos "vistiendo ropa camuflada del Ejército Ucraniano."

Imbachí y el congresista colombiano José Uscategui acudieron a la embajada de Venezuela en Bogotá, capital de Colombia, el 26 de julio para "hacer una petición formal para el regreso seguro de estas personas a su hogar", según un tuit de Uscategui.

CNN está intentando ponerse en contacto con la familia de Ante.

Venezuela se ha acercado cada vez más a Rusia en los últimos años, ya que Nicolás Maduro busca el apoyo de Rusia para apuntalar su asediada presidencia. Los dos países han firmado varios acuerdos bilaterales, incluyendo un tratado de extradición.

Karol Suárez y Mau Torres, de CNN, contribuyeron con sus reportes.

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"Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras", dijo Petro en una publicación en X.

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Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega cuestionó la postura de Petro con respecto a reconocer la victoria del presidente venezolano Nicolás Maduro, en los comicios efectuados el 28 de julio.

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La Aeronáutica Civil dijo el lunes que tenía evidencia de que "hay en el país existencias de combustible Jet A1 en la cadena mayorista y a disposición de los aeropuertos para soportar la operación de las aeronaves de servicios aerocomerciales" y advirtió a las aerolíneas que no podían cancelar vuelos.

Desde el domingo se presentaron varios retrasos y reprogramaciones de vuelos que fueron anunciados por las aerolíneas, lo que afectó a cientos de usuarios del trasporte aéreo en todo el país.

En la tarde del lunes, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas dijo en un comunicado que "las distribuidoras mayoristas destacan medidas para normalizar el abastecimiento de combustible de aviación". Luego, la principal distribuidora del país, Terpel, dijo que normalizó el suministro de combustible "para abastecer los aeropuertos del país", en una comunicación compartida por la ministra de Transporte, María Constanza García. Según la ministra, Terpel "cuenta con combustible para abastecer los aeropuertos del país y así, cumplir con los pedidos ya realizados y las adiciones requeridas para agosto y septiembre".

A su vez, las aerolíneas anunciaron que retomarían la operación normal en los aeropuertos del país, y el Ministerio de Transporte dijo que "en seguimiento a las operaciones aéreas, confirmamos que se está reportando la normalización de los servicios".

Advertencia de cancelación de vuelos y respuesta del Gobierno

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y su filial en Colombia habían advertido al Gobierno de Gustavo Petro sobre las dificultades que están enfrentando las aerolíneas para el abastecimiento de combustible desde el 23 de agosto.

Tras el comunicado de la IATA, Latam anunció el lunes que varios vuelos del martes 27 de agosto podrían verse afectados "por las restricciones por el abastecimiento de combustible". Avianca, por su parte, dijo que "debido a la contingencia de combustible de aviación" tomó medidas como ajustes en itinerarios, cambios sin penalidad y cierres temporales de algunos vuelos a venta. 

Pero la Aerocivil dijo el lunes que "está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación" y les informó a "los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia".

Además, la ministra ministra de Transporte de Colombia, anunció que investigarán "la cancelación de vuelos sin cumplir el RAC 3 y la circular emitida ayer por la Aeronáutica Civil". La norma RAC 3 es la parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia sobre las actividades aéreas civiles.

El llamado de atención de la IATA

En un comunicado enviado el domingo a la ministra de Transporte, la IATA solicitó a las autoridades que, “si hay medidas de redistribución del combustible que se puedan tomar y que puedan modificar la situación" se tomen "de manera que se puedan operar los vuelos y se comuniquen oportunamente a los operadores".

Sobre los reportes de cancelaciones o suspensión, la ministra de Transporte aseguró en conferencia de prensa en la mañana del lunes que hasta el domingo no se registraban cancelaciones asociadas a falta de combustible y dijo que algunas aerolíneas había tomado la decisión preventiva de no vender vuelos para mantener flexibilidad en los vuelos.

La IATA también manifestó su preocupación por la posible importación de combustible para aviones porque, según argumentan, esto podría incrementar los costos de los boletos aéreos en Colombia y afectaría de manera considerable a los usuarios. La Aeronáutica Civil en una circular informativa autorizó a las empresas a "flexibilizar y/o adecuar su operación a la disponibilidad de su cadena de suministro de combustible de aviación mediante la reacomodación, suspensión o cancelación de algunas de sus operaciones” desde el 28 de agosto al 4 de septiembre de 2024, sostiene la Aerocivil en el comunicado de este domingo.

El origen del problema

La situación se habría generado por fallas técnicas en la refinería de Cartagena, Reficar, el 16 de agosto. El presidente de Colombia sostuvo este lunes en su cuenta en X que no hay desabastecimiento de combustible para aviones. "El insuceso de Reficar fue superado hace semanas sin problemas. La oferta de combustibles es plena. No hay razón para desabastecimiento", publicó Petro en X. Además, afirmó que pedirá “a las superintendencias que investiguen porque no llega el combustible a algunos aeropuertos”.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, informó en una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia, que "desde el mismo momento en que se presentó la contingencia en la refinería de Cartagena adelantamos reuniones, sesiones de trabajo permanentes, diariamente con Ecopetrol para hacer seguimiento a la puesta en operación de la refinería y también al sistema de abastecimiento nacional de combustibles”.

Por su parte, la ministra Trasporte en conferencia de prensa dijo que estaban monitoreando la operación aérea permanentemente y que no hay un impacto relevante debido al presunto desabastecimiento de combustibles.

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El domingo Petro dijo sostuvo en su cuenta en X que se inició una investigación para establecer qué originó el problema. "No hay escasez de combustible para avión. Lo que existe es una actividad irregular que ya está bajo investigación".

Con información de Fernando Ramos

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Momentos antes de subirse a un vehículo compartido para ir al aeropuerto, se abrazaron en la cocina de su casa de Brooklyn. Ella le recordó cuál es su única petición cada vez que viaja.

“Le dije: ‘Omar, ante todo, asegúrate de que cada vez que ingreses a tu Airbnb por la noche, me envíes un mensaje y digas: ‘Mami, estoy bien’”, le dijo Hyacinth Watson a CNN. Él dijo que lo haría.

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Su hijo de 31 años le envió un mensaje después de su primer día completo en Bogotá el 24 de febrero. Y el segundo día. Y el tercer día. No se comunicó con ella la cuarta noche, así que ella lo llamó.

Fue la última vez que escuchó su voz. A primera hora de la tarde del 29 de febrero, menos de dos días después de aquella llamada telefónica, Omar Watson fue encontrado muerto en el baño de su Airbnb.

Su pasaporte estadounidense estaba sobre una cómoda de madera cerca de la entrada del apartamento, según un informe de los investigadores de la policía en Bogotá. Pero su teléfono, su iPad y su billetera habían desaparecido, según su madre.

Y así comenzó la dura prueba de cinco meses que Hyacinth Watson tuvo que afrontar para desentrañar el misterio de cómo murió su único hijo en un país desconocido a más de 3.200 kilómetros de distancia. Sin el teléfono de su hijo, que probablemente le habría ofrecido pistas, la afligida madre se preguntaba: ¿Cómo pasó sus últimos días? ¿Estaba solo cuando murió dentro del edificio de apartamentos de estuco blanco? ¿Y por qué su maleta de lona roja, que llegó meses después, contenía ropa femenina junto con sus pertenencias?

“No pasa un día sin que me derrumbe. No pasa un día sin que desee haber tomado un vuelo para ir a verlo”, le dijo a CNN en julio, mientras se secaba las lágrimas con manos temblorosas. “No duermo muy bien por la noche. Apenas como. Mi vida entera es diferente. Y nadie me cuenta cómo murió mi hijo”.

Dos días de silencio y una temida llamada telefónica

Como empresario soltero y corredor de bolsa en línea que vivía con sus padres en Brooklyn, Watson no estaba atado a un trabajo de oficina. Su iPad era su portal de negocios y lo llevaba a todas partes, dijo su madre.

Era un ávido viajero en solitario y había estado en varios países, entre ellos Japón, Brasil, México y Francia. Después de su estadía de una semana en Colombia, planeaba viajar a Portugal.

“Él sólo quería ver el mundo. Viajaba a cualquier país al que pudiera”, dijo su madre. “Nunca imaginé que su muerte ocurriría durante ese viaje”.

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Colombia es un destino turístico cada vez más popular para los estadounidenses y otros turistas internacionales. De enero a junio de este año, más de una cuarta parte de los visitantes extranjeros de Colombia eran de Estados Unidos, según el Ministerio de Turismo del país. Según el Ministerio, Bogotá es el lugar con el mayor porcentaje de turistas extranjeros no residentes.

Pero viajar a Colombia, que también tiene una historia de racismo contra los negros, no está exento de riesgos.

Poco antes de la visita de Watson, la embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta sobre ocho muertes sospechosas de ciudadanos estadounidenses en Medellín entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. El año pasado, la embajada advirtió que los ladrones estaban drogando a los turistas en el país con escopolamina, una droga apodada "aliento del diablo".

Hyacinth Watson había visto la advertencia de la embajada y temía que su hijo hubiera sido víctima de eso.

Ella repasó una y otra vez su última conversación telefónica en busca de cualquier indicio de problemas de salud. Él le había dicho que había vomitado y tenido diarrea durante unos días, pero que se sentía mejor después de conseguir medicamentos en una farmacia local. Ella recuerda haberle preguntado por qué su respiración sonaba un poco más lenta de lo habitual, pero él insistió en que estaba bien, dijo.

Hyacinth Watson y su hijo, Omar Watson. "Nadie me dice cómo murió mi hijo", le comentó a CNN. Crédito: cortesía de Carey Walton.

Ella consideró tomar un vuelo a Bogotá para recogerlo y llevarlo a su casa en Nueva York. Luego de que ella insistiera, él le dio su dirección del Airbnb por insistencia de ella pero le dijo que no se preocupara.

“Le pregunté si quería que fuera a buscarlo. Me dijo que sí, pero luego cambió de opinión. Entonces le dije: “Está bien, es un hombre joven. Tal vez quiera quedarse un poco más y disfrutar de su visita”, comentó.

Cuando no respondió a sus llamadas durante los dos días siguientes, ella supo que algo no estaba bien; no era propio de él no devolverle las llamadas. Se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Bogotá y les imploró que lo contactaran en la dirección que le había dado, dijo.

El 1 de marzo, la embajada la llamó con la trágica noticia.

La barrera del idioma complica la búsqueda de respuestas

Durante las primeras semanas posteriores a la muerte de su hijo, Hyacinth Watson se sintió aturdida. Ella y su esposo se sentían perdidos sin él y no sabían cómo afrontar lo que parecía una pesadilla burocrática.

Tenían que resolver la logística para enviar sus restos de regreso a Nueva York. Los padres, atónitos, también tenían que planificar su funeral, pero sin el teléfono de su hijo, no sabían cómo compartir la terrible noticia con sus amigos.

Luego empezó a llegar una avalancha de documentos desde Colombia. La barrera del idioma (Hyacinth no habla español) le impidió interpretar su significado y sus matices.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá le envió un informe preliminar de investigación elaborado por las autoridades locales y fechado el 29 de febrero, día en que se encontró el cuerpo de su hijo. Una colega de su trabajo como asistente docente en Brooklyn se sentó con ella y la ayudó a traducirlo.

Watson compartió con CNN el informe de ocho páginas sobre la investigación de la muerte, en el que se describen los momentos previos al descubrimiento del cuerpo de su hijo y se describe la escena.

En el informe, una persona descrita como el administrador del apartamento de Bogotá dijo que habló por última vez con Watson alrededor de las 4 p.m. del 28 de febrero, el día después de la llamada de su madre. El administrador le dijo a la policía que no pudo comunicarse con Watson al día siguiente, por lo que entró al apartamento y lo encontró en el baño “sin signos vitales”, según el informe.

Omar Watson fue encontrado arrodillado sobre el piso de baldosas blancas. Vestía una camiseta de algodón negra y estaba desplomado contra el marco de una puerta, según el informe de los investigadores de la policía en Bogotá.

Los primeros en acudir observaron algunos medicamentos de venta libre en el apartamento, incluido un frasco de Unisom PM Pain, un frasco de DayQuil sin abrir y un frasco de Doloff, un analgésico latinoamericano similar al Tylenol, junto con una mancha marrón que parecía ser vómito en el piso cerca de la cocina. El informe decía que, aparte de su pasaporte y su maleta, no había otros objetos de valor en el lugar.

La causa de su muerte figuraba como “por determinar”.

La familia se entera de los resultados de la autopsia

Durante meses, Watson intentó averiguar cómo murió su hijo y qué pasó con su billetera y sus dispositivos electrónicos. Llamó y envió un correo electrónico a la embajada de Estados Unidos, que le dijo en marzo que la autopsia estaría terminada en tres meses, dijo.

En su frenética búsqueda de información, intentó sin éxito comunicarse con el propietario del Airbnb, dijo. El anfitrión del apartamento de Airbnb mencionado en el informe de los investigadores se negó a hacer comentarios cuando CNN le pidió información sobre la muerte de Watson. "Lo siento, pero no tengo ninguna información sobre eso", dijo el anfitrión en un mensaje.

Airbnb dijo que este tipo de incidentes son poco frecuentes durante las estadías y que cuenta con medidas establecidas para anfitriones y huéspedes, incluida una línea de seguridad las 24 horas y una función de servicios de emergencia en la aplicación que conecta a los usuarios con las fuerzas del orden locales.

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“Nuestros corazones están con la familia Watson durante este momento increíblemente difícil y nuestro equipo está listo para brindarle nuestro apoyo”, le dijo un portavoz a CNN.

Watson le dijo a CNN a fines de julio que no recibió ningún informe de autopsia o toxicología. “No sé qué pasó allí. No puedo obtener respuestas. Sigo tratando de obtener información, pero nadie me escucha”, dijo. “Se realizó una autopsia, pero no he recibido ningún resultado sobre la causa de la muerte”.

A principios de agosto, CNN se puso en contacto con la Fiscalía General de la Nación, que supervisa las investigaciones penales. En un correo electrónico, el fiscal Ofir Velandia Forero dijo que el 24 de abril se había recibido un informe de autopsia de los investigadores forenses.

La autopsia determinó que Omar Watson murió como resultado de una tromboembolia pulmonar interlobular asociada con una trombosis venosa profunda derecha y determinó que la causa de su muerte fue natural, según el correo electrónico. El investigador forense descartó signos de violencia o trauma en el cuerpo, agregó.

La policía custodia la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, durante las protestas propalestinas en junio. Crédito: Iván Valencia/AP/Archivo.

La trombosis venosa profunda se desarrolla generalmente cuando se forma un coágulo de sangre en la pierna. El riesgo es mayor cuando las personas permanecen sentadas en espacios reducidos durante períodos prolongados, incluso cuando viajan. La embolia pulmonar es una afección potencialmente mortal que se produce cuando un coágulo se desprende, viaja hasta el pulmón e interrumpe el flujo sanguíneo.

CNN llamó a Hyacinth Watson para comunicarle la noticia. Se quedó sin aliento cuando escuchó lo que los investigadores colombianos informaron que había causado la muerte de su hijo. Después de una larga pausa, preguntó qué significaba eso y cuánto tiempo hacía que los investigadores lo sabían. Cuando le dijeron que la autopsia había concluido en abril, sollozó y sus suaves gritos resonaron en el teléfono.

“¿Cómo es posible? No lo sabía. Nadie me lo dijo, ¿por qué no me lo dijeron?”, preguntó. Pidió colgar el teléfono para recomponerse y avisar a sus familiares.

Se desconoce por qué los resultados de la autopsia no se compartieron antes con la familia de Watson. Velandia, el fiscal de Colombia, no respondió a preguntas adicionales y rechazó la solicitud de CNN de los resultados oficiales de la autopsia y el análisis toxicológico.

En el informe inicial, los investigadores colombianos dijeron que solicitaron pruebas adicionales, incluidas pruebas toxicológicas, psicofarmacológicas y de alcoholemia. Se desconoce si esas pruebas fueron realizadas.

Velandia dijo que el caso fue “archivado el 25 de abril debido a una conducta atípica”, pero que se puede revisar si hay nuevas pruebas. Velandia no especificó qué “conducta atípica” había ocurrido, y dijo que los detalles adicionales del caso eran confidenciales y se compartirían con la embajada.

El Departamento de Estado de EE.UU. no respondió a las preguntas de CNN sobre si la embajada recibió los resultados de la autopsia en abril. En un comunicado, dijo que la embajada ayudó a transportar el cuerpo y las pertenencias de Watson de regreso a Estados Unidos, pero no divulgó otros detalles.

“Por respeto a la familia durante este momento difícil, no tenemos más comentarios”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida”.

La maleta llegó a Brooklyn y desató una nueva ola de emociones

El cuerpo de Omar Watson llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York el 21 de marzo, casi un mes después de que su vuelo despegara del mismo aeropuerto. En el certificado de defunción adjunto se indicaba que la causa de la muerte era natural.

En ese momento, la madre de Watson se preguntó cómo el médico forense de Colombia había llegado a esa conclusión. En un último intento por cerrar el caso antes del funeral de su hijo a principios de abril, intentó sin éxito que le hicieran una autopsia en la ciudad de Nueva York.

Watson fue enterrado dos semanas después en Brooklyn. En su funeral, sus seres queridos compartieron historias sobre su amor por la cocina, el Día de Acción de Gracias y un buen bistec a punto, dijo Carey Walton, su primo. Walton dijo que lo que más extraña es su sentido del humor. Watson no era la persona más ruidosa de la sala, pero su sentido del humor era impecable, agregó. A veces, en las reuniones familiares, imitaba en broma el acento jamaiquino de su madre.

“Extraño el tiempo que pasábamos juntos explorando diferentes restaurantes. Cómo comíamos hasta el punto de que apenas podíamos movernos y después nos burlábamos el uno del otro”, dijo Walton.

Tres meses después del funeral, a fines de julio, FedEx entregó la maleta de Watson en Brooklyn, lo que desencadenó una nueva ola de emociones.

Dentro de la maleta se encontraba su ropa, junto con vestidos, blusas, sandalias rosas y aros plateados. Su madre dijo que la ropa parecía nueva y que, si bien su hijo era sociable y hacía amigos durante sus viajes en solitario, no mencionó haber conocido a nadie en Colombia.

“No conozco ninguna novia (…) la maleta me confundió aún más”, afirmó.

Meses después, su madre todavía lucha por seguir adelante

Incluso con los resultados de la autopsia que las autoridades colombianas le proporcionaron a CNN este mes, Hyacinth Watson dijo que todavía tiene muchas preguntas. Está tratando de comunicarse con las autoridades colombianas para obtener más detalles.

“Agradezco esa pequeña parte de la información, pero no es suficiente”, comentó. “Me pregunto si esa (embolia pulmonar) fue la única razón. ¿Hay algo más en la historia?”, preguntó.

“¿Por qué nadie me comunicó los resultados cuando salieron en abril? ¿Dónde está el informe oficial de la autopsia? ¿Dónde están los resultados de toxicología? Quiero saber si había algo más en su organismo”.

La idea de que su hijo pasó los últimos momentos solo, sin su familia, es demasiado para ella. Habla con un terapeuta todas las semanas para que la ayude a sobrellevar la situación y participa en actividades juveniles de la iglesia para mantenerse ocupada. Los niños le recuerdan a un Omar joven y curioso, dijo.

Pero cuando está sola con sus pensamientos, muchas cosas la invaden y la hacen dudar de sí misma. Desearía haber confiado en sus instintos aquel día de febrero y haber ido a Colombia.

Y piensa en aquel último abrazo en su cocina.

“Si lo hubiera sabido”, dijo con la voz entrecortada, “lo habría abrazado más fuerte”.

Catherine Shoichet de CNN contribuyó a este informe.

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Más de 1.000 personas respondieron las nueve preguntas que se les hicieron por teléfono en Caracas y en los 23 estados del país, según la encuestadora.

El resultado del sondeo, que tiene 95% de fiabilidad de acuerdo con la empresa, es preocupante para los mandatarios de las ciudades y poblaciones que se encuentran a lo largo de los 2.341 kilómetros de frontera compartida entre Colombia y Venezuela, que ya han vivido en el pasado el impacto de la migración masiva. Según las autoridades migratorias colombianas, hasta febrero había algo más de 2,8 millones de venezolanos viviendo en su territorio.

"Es posible que haya una movilización migratoria. Todo depende de cómo se desenvuelvan las situaciones en el vecino país. Cúcuta ya ha tenido experiencias en otras situaciones en la atención a migrantes y nos hemos venido preparando para esta posible oleada de venezolanos. Pero esperamos que no desborde las capacidades y que no sea mayor a lo que pasó en 2015 y años anteriores", dijo en conferencia de prensa con medios locales Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, ciudad fronteriza ubicada en el noreste de Colombia.

Algunos venezolanos ya han optado por irse del país, especialmente los que temen por su vida o ser encarcelados. "Yo fui testigo de mesa y doy fe de que Maduro perdió en todo el país. Tuve que venirme de Venezuela porque fui perseguida, porque el Sebin nos estaba buscando para meternos presos. Y tuve que venirme a Colombia. Y desde aquí sigo en la lucha por una Venezuela libre", le dijo a CNN Durbi Borges en medio de las manifestaciones del pasado 17 de agosto.

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El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dice que hasta ahora la situación es normal, pero no se descarta que en el futuro cercano las cifras puedan aumentar. En una reciente visita al departamento de La Guajira, en el norte de este país, el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que, por ahora, no habrá declaratoria de emergencia fronteriza para enfrentar una posible nueva ola migratoria. "Son expectativas que todavía no tienen ningún fundamento", argumentó el funcionario al ser interrogado por los periodistas sobre el temor de que aumente el flujo migratorio.

Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro es un tema bastante sensible por el impacto que pueda tener una eventual migración en masa desde el vecino país y las consecuencias que tendría para la economía, el orden público y la situación humanitaria de los migrantes.

"Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende solo de los venezolanos. De nuestra parte, las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos", sostuvo Petro en su cuenta en X, antes Twitter, el 15 de agosto.

Para los venezolanos, Colombia no es solo un país de destino, sino también una ruta obligada para el desplazamiento hacia otros lugares del continente y para llegar hacia Estados Unidos, atravesando la peligrosa ruta del Darién.

"Muchos arriesgan sus vidas para buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Los registros de las personas que han muerto se quedan cortos ante la magnitud de esa tragedia. Y si las cosas no mejoran en Venezuela, muchos más van a salir desesperados por la situación", comentó a CNN Rafael Páez, un venezolano radicado en Colombia que forma parte de la ONG Vente Venezuela.

En 2023, unas 520.000 personas de varias nacionalidades se arriesgaron a cruzar el llamado tapón del Darién, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Hasta allí llegan también muchos venezolanos, algunos de ellos con niños en brazos, familias enteras en precarias condiciones de salud, que buscan atravesar una espesa y peligrosa selva camino a Panamá, donde se han incrementado los controles migratorios tras la asunción del nuevo presidente José Raúl Mulino.

"Lo que hay que mirar es si Colombia realmente está preparada para recibir una nueva ola de migrantes. Los recursos disponibles son escasos y la comunidad internacional tampoco está destinando lo suficiente para una situación humanitaria de alto impacto en la zona de frontera. A nivel interno tenemos muchos problemas sociales sin resolver y el Gobierno dice que no hay dinero, e incluso se habla de una nueva reforma tributaria. Si no hay una solución en Venezuela, Colombia sin duda será el país más afectado", comentó a CNN Oscar Montes, analista político y columnista del diario El Heraldo.

Lo cierto es que las alarmas están encendidas y podría ser solo cuestión de tiempo, según varios expertos, antes de que comience un nuevo éxodo.

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Las conversaciones se produjeron este día durante la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ―cuerpo consultivo del presidente de la República en el Senado― a la que fueron convocados legisladores, funcionarios y exfuncionarios. Entre estos últimos estuvieron los exmandatarios Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, detalló Murillo.

Además, aunque no acudieron al encuentro, Murillo dijo que habló por separado con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, y que espera hacerlo con César Gaviria.

“El expresidente (Uribe) coincide, por ejemplo, en que es importante que Colombia ayude a la solución política en Venezuela (…) Respetamos sus posiciones, valoramos las opiniones y recomendaciones que nos dieron, aunque no coincidamos con todas”, expuso el canciller sin entrar en detalles.

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Los expresidentes están invitados a una reunión que Petro busca realizar la próxima semana para analizar asuntos de política exterior. Murillo no detalló cuándo será esta futura sesión ni si algún exmandatario ya ha confirmado su asistencia.

El encuentro de este miércoles ocurre cuando está por cumplirse un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro sin hasta ahora haber publicado las actas de los comicios desglosadas por mesa de votación.

La oposición rechaza estos resultados y asegura que quien ganó fue Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Desde el día posterior a las votaciones, Venezuela ha tenido numerosas manifestaciones en contra y a favor del Gobierno de Maduro, donde ―según las autoridades― murieron 25 personas y van más de 2.000 detenidos.

En este entorno, mientras algunos gobiernos de la región han desconocido el triunfo de Maduro y otros lo han respaldado, los de Colombia, Brasil y México han intentado mediar en la crisis. El 8 de agosto, publicaron un comunicado conjunto en el que llamaron al diálogo y a publicar las actas de votación, y al mismo tiempo dijeron respetar la soberanía de Venezuela.

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Actualmente, el ELN realiza un paro armado en el departamento del Chocó que mantiene confinadas a unas 50.000 personas a lo largo del río Atrato, en el noroeste de Colombia. Esta acción de la guerrilla ya empieza a tener consecuencias graves para la población civil que no puede salir de sus viviendas, no puede desplazarse por río en una zona principalmente selvática sin otras vías de comunicación debido a las amenazas de los insurgentes.

Este jueves, una niña de 16 meses que estaba enferma murió en una comunidad indígena porque, debido al paro armado, no pudieron sacarla de su territorio para llevarla a un centro de salud, según contó su familia a medios locales. El propio presidente de la República rechazó estos hechos y los calificó de grave violación a los derechos humanos.

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"Dolorosa la muerte de la niña indígena Isabella Piraza Pizario en Istmina, Chocó. Su partida es un recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país. Este hecho no puede ni debe repetirse. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de proteger a los más vulnerables y trabajar incansablemente por la paz en todos los rincones de Colombia. La insensibilidad de las armas lleva a sus protagonistas al crimen de guerra", afirmó el presidente Gustavo Petro en un mensaje de condolencias a la familia en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

El ELN culpa al Gobierno de la crisis que enfrenta el proceso de paz. "Lo que el ELN necesita saber es si el gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas. Pues todo cuanto se hable seguirá en el curso normal de los incumplimientos", sostuvo el comando central de esa guerrilla en un comunicado del 13 de agosto.

En la misma declaración, el ELN anunció que hará "una extensión técnica del cese hasta el 23 de agosto", a la espera de que el Gobierno saque a ese grupo de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), tal y como lo han solicitado en las negociaciones iniciadas en un primer ciclo el 21 de noviembre de 2022 en Venezuela  y ese primer ciclo finalizó el 12 de diciembre.

El 25 de mayo de este año, las delegaciones del Gobierno y del ELN firmaron un primer acuerdo de 9 puntos en donde se comprometen a iniciar el estudio de una agenda que permitiría avanzar en un acuerdo final de paz. Pero el ambicioso compromiso parece estar estancado, especialmente en lo que tiene que ver con cambiar el modelo económico del país, uno de los requisitos del ELN para avanzar en las negociaciones.

Miembros del frente Ernesto Che Guevara, perteneciente a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), patrullan el río en la selva, en el departamento de Chocó en Colombia, el 23 de mayo de 2019. - El ELN o Ejército de Liberación Nacional es el último ejército rebelde de Colombia y una de las guerrillas más antiguas de América Latina. (Foto: RAÚL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images).

El presidente Petro hizo al comienzo de la semana una propuesta “confidencial” a los jefes de esa guerrilla para desempantanar el proceso, según trascendió esta semana en un pronunciamiento público del ELN y la posterior respuesta de Petro en X. Pero el ELN le respondió que la hiciera pública. "No hay problema con que se haga pública la 'propuesta confidencial': se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación. Parece que no es de su interés el tema", escribió el mandatario en X este jueves.

Pero parece que los intentos por sacar de la crisis al proceso no dan resultados. "A una propuesta pública del ELN, lo correcto es que el Gobierno lo haga de igual manera, pues a estas alturas de la crisis no podemos andar con rodeos, se requiere claridad y franqueza. Tampoco se nos puede ofrecer algo que ya está acordado y menos dilatar el cumplimiento de los acuerdos", sostiene el ELN en el comunicado publicado el martes.

Algunos analistas consideran que el ELN está buscando una negociación en la que pueda lograr sus postulados ideológicos revolucionarios y no solamente continuar en una negociación sin resultados a corto plazo.

"En teoría el modelo económico no está en negociación. Y menos se podría hacer con un grupo terrorista, con un grupo guerrillero. Pero cuando uno mira todo el contexto empieza a entender cosas. Como por ejemplo, ¿por qué el ELN quiere que lo saquen de la lista de grupos armados al margen de la ley? Porque eso limita la posibilidad que podría tener el ELN, que se considera a sí mismo en igualdad de condiciones al Estado colombiano, y eso le podría quitar legitimidad a la hora de negociar el modelo económico del país que es de libre mercado. Y ellos quieren un modelo socialista", sostuvo a CNN el analista político Ricardo Galán.

Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, aceptó en una rueda de prensa este jueves el difícil momento por el que atraviesan los diálogos. "El ELN tendrá que asumir la responsabilidad de lo que viene, porque el Gobierno ha dado todas las garantías necesarias", advirtió la funcionaria.

El senador Iván Cepeda, también parte de la delegación de negociadores del Gobierno, le dijo a CNN que "aunque es un momento difícil en las negociaciones, hay que buscar un punto de encuentro que permita avanzar para lograr llegar a buen puerto". Y agregó: "De eso se trata un proceso de paz, de superar las diferencias".

El proceso de paz entre el ELN y el Gobierno de Petro, uno más de varios intentos del Estado colombiano en más de tres décadas, ha enfrentado otros momentos difíciles como el secuestro el 28 de octubre de 2023 del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Y recientemente el anuncio de esa guerrilla, en mayo de este año, de retomar los secuestros extorsivos.

En los intentos anteriores por lograr un acuerdo de paz con el ELN, las negociaciones no avanzaron de manera significativa y todas terminaron en intentos fallidos. En esta ocasión al menos se avanzó en pactar un accidentado cese al fuego bilateral por un año. En varias oportunidades, la Defensoría del Pueblo ha denunciado violaciones a los derechos humanos por parte del ELN y de otros grupos armados ilegales que adelantan procesos de paz con el Gobierno y con los que hay acuerdos de cese al fuego.

El Gobierno de Petro ha defendido como una de sus principales banderas la llamada política de paz total. Una iniciativa que parece estar en vilo ante los retrocesos de diálogos de paz con grupos como el ELN y sectores de las disidencias de las FARC que no avanzan al ritmo que quisieran el Gobierno y la sociedad civil, especialmente en zonas del país en donde se ha recrudecido la acción armada de estos grupos ilegales.

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La visita de cuatro días se produjo a raíz de una invitación de la vicepresidenta Francia Márquez, la primera afrocolombiana en formar parte de poder ejecutivo.

La pareja fue fueron recibida por Márquez, y su pareja, Rafael Yerney Pinillo, este jueves por la mañana, según un periodista del grupo oficial que viaja con ellos.

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Las dos partes mantuvieron conversaciones en la residencia de la vicepresidenta, quien afirmó que "los Sussex comparten los mismos ideales y objetivos cuando se trata de defender un futuro digital y un panorama de salud mental mejores y más seguros para nuestros hijos y para el mundo", según un periodista que viajaba con ellos.

Márquez, quien también se desempeña como ministra de Igualdad y Equidad, les dijo a los periodistas este jueves: “Esta es su primera visita a América Latina. El objetivo es tender puentes y abrir puertas para atender un tema que afecta a toda la humanidad: el acoso cibernético y la discriminación online”.

Harry y Meghan saludan a la vicepresidenta Francia Márquez en su residencia oficial. Crédito: Vicepresidencia de Colombia.

Señaló su propia experiencia como defensora ambiental de la herencia africana como parte de la razón por la que presiona por un entorno digital más seguro.

“El acoso cibernético es un problema que no nos afecta sólo por cuestiones raciales, sino también por cuestiones de género y políticas. Las mujeres que queremos hacer política hoy estamos expuestas a un nivel de violencia en redes sociales que nos afecta como seres humanos, afecta nuestra dignidad”, explicó. “Y esto no sólo les pasa a las mujeres, sino que lo más preocupante del acoso cibernético es que también está afectando a niños y adolescentes”.

Márquez también reiteró la importancia de los Juegos Invictus, lanzados por el príncipe Harry hace una década, y dijo que la pareja se reunirá con la delegación colombiana este viernes.

“Colombia es el único país de América Latina que participa en estos Juegos y nos estamos preparando para la próxima edición que se realizará en Canadá en 2025”, agregó.

Debido a más de 60 años de conflicto civil casi permanente, Colombia tiene cientos de miles de veteranos militares, algunos de los cuales sufren lesiones a largo plazo o condiciones crónicas como resultado de sus servicios.

Durante su estadía en el país, se espera que la pareja viaje más allá de la capital y visite las ciudades de Cartagena y Cali en los próximos días.

El príncipe Harry y Meghan verán estos “lugares vibrantes”, mientras interactúan con “líderes, jóvenes y mujeres que encarnan las aspiraciones y voces de los colombianos comprometidos con el progreso”, dijo la oficina de la vicepresidenta al anunciar la visita a principios de este mes.

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Si bien el viaje podría parecerse a una visita real tradicional, no se trata de una visita de estado oficial, ya que la pareja no está de visita en nombre del gobierno del Reino Unido. Los Sussex dejaron de ser miembros activos de la realeza en 2020.

La visita de la pareja a Colombia –su tercer viaje internacional este año después de Canadá y Nigeria– se produce antes de la primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños, que tendrá lugar en noviembre.

La vicepresidenta ha enfatizado previamente la necesidad de enfrentar “cuestiones como el acoso cibernético, la explotación online y el impacto de estas amenazas en la salud mental”.

La seguridad digital de los jóvenes es una prioridad clave de la Fundación Archewell del duque y la duquesa, por lo que la pareja estará interesada en conocer los esfuerzos de Colombia en esa materia.

Harry y Meghan lanzaron recientemente “The Parents' Network”, una red de apoyo para aquellos cuyos hijos se vieron afectados negativamente por las redes sociales.

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Y eso llevó a casi 11,3 millones de colombianos a votar por él en las urnas, algunos de los cuales manifiestan sentirse decepcionados.

"Yo voté por Petro con la esperanza de que este país cambiara. Yo le creí. Pero veo que las cosas siguen igual o peor que antes y que, en mi caso, ahora tengo menos acceso a la salud y no creo en las promesas para lograr una pensión que me permita estar tranquilo en la vejez", dice Leonardo Jiménez, dueño de un pequeño negocio de frutas y verduras en el occidente de Bogotá. Con 50 años y padre de tres hijos adolescentes, dice sentirse abrumado por la situación económica del país y decepcionado con el actual gobierno.

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Al contrario de Leonardo hay sectores de la población que consideran que ha sido bueno el mandato de Petro hasta el momento y sienten cambios en el manejo del país. "Yo creo que este gobierno está escuchando a los jóvenes y se preocupa por la educación. Y eso es un gran avance. Creo que ahora tenemos voz", afirma Milena Rodríguez, estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Y en esas dos vertientes se debate la opinión pública. El analista político y periodista Jaime Honorio González coincide en que el desempeño de Petro ha despertado decepción en algunos sectores, pero sostiene que era lo que se esperaba de la gestión de Petro siendo consecuente con su ideología política.

"Petro no ha sorprendido porque ha hecho lo que prometió que iba a intentar hacer: las reformas, cambios en la estructura económica, política, social del país para imponer su visión de izquierda. Eso hay que abonárselo.

Pero no ha logrado casi nada de lo que ha querido hacer. Sacó adelante una reforma pensional muy diferente de lo que él quería, y las otras reformas no han pasado. No va ni en un 20% de lo que prometió a sus electores", comenta.

El senador Iván Cepeda ―del Pacto Histórico, de izquierda― considera que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado Petro en estos dos años, tiene avances para mostrar.

Gustavo Petro. (Crédito: Kena Betancur/AFP via Getty Images)

"A pesar de todos los problemas, escándalos y dificultades del gobierno, Petro ha logrado en estos dos años echar los cimientos de su programa. Por lo menos avanzar algunos temas esenciales. En el campo económico, se dijo que Petro no iba a tener responsabilizad fiscal y que se iba a estatizar la economía, y no hay tal cosa. Hay avances en el turismo, en el sector agropecuario y en el campo de las exportaciones. El país ha tenido un desarrollo interesante en medio de una situación crítica, no solo en Colombia sino en el mundo. Y, a pesar de eso, ha logrado bajar la inflación y el desempleo. En lo social, si bien las grandes reformas no han salido adelante, el gobierno logró la aprobación de una reforma tributaria, de la reforma pensional y del plan nacional de desarrollo. Un millón 650.000 personas han salido de la pobreza, y eso es de los mayores logros", dice a CNN.

Una encuesta de Invamer para la emisora local Blu Radio en alianza con Noticias Caracol TV indica que al mandatario no le va muy bien en la percepción ciudadana sobre su gestión. Solo un 34,6% de los consultados aprueba su desempeños al frente de la Casa de Nariño.

La muestra de Invamer 1.200 encuestas en varias ciudades capitales y poblaciones de Colombia entre el 26 y el 29 de julio con un margen de error de +/- 2,83 por ciento y fue publicada el 1 de agosto en los dos medios de comunicación. Esta es una de las encuestas más recientes y completas publicadas en los últimos días y coincide, en gran medida, con otras publicadas por otros medios recientemente.

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Escándalos de corrupción en el gobierno de Petro

Los críticos del gobierno, como el concejal de Bogotá Daniel Briceño ―del partido de oposición de derecha Centro Democrático―, sostienen que la gestión de Petro ha sido desastrosa y que no tiene mucho por mostrar.

"Se cumplen dos años de gobierno de Gustavo Petro los cuales han estado marcados por varios escándalos de corrupción de personas muy cercanas al presidente. Escándalos por la financiación de su campaña, su hijo Nicolás Petro llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo del escándalo de su más cercana colaboradora Laura Sarabia por supuestas interceptaciones ilegales, su amigo y hoy embajador ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) Armando Benedetti investigado por la Corte Suprema por compra de votos y corrupción y por la cancillería por presunto maltrato intrafamiliar, las graves irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que involucra a ministros, funcionarios de alto nivel y particulares.

Y en segundo lugar han sido dos años de total ineficacia al interior de su gobierno y por parte de sus ministros", dice a CNN.

Sarabia, Benedetti y Nicolás Petro, entre otros involucrados en estos escándalos, han manifestado públicamente y en los estrados judiciales que son inocentes de los cargos que se les imputan. Actualmente, la fiscalía general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación realizan investigaciones penales y administrativas por los hechos.

El 20 de julio, en la instalación del nuevo período de sesiones del Congreso de la República, el mandatario pidió perdón a los colombianos y asumió la responsabilidad política por los escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con supuestos pagos a congresistas para presuntamente apoyar sus reformas.

"Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo, y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD", sostuvo ante los congresistas.

Días antes, había pedido a los organismos judiciales investigar a fondo los hechos y que los funcionarios envueltos en escándalos de corrupción deberían responder por ellos e ir a la cárcel.

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Polémica por posible asamblea constituyente

Otro tema ha sido la posible realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido en público uno de los caballos de batalla del mandatario durante los últimos meses.

"Lo que ha hecho es profundizar corrupción y hay ausencias de políticas públicas. En lugar de cambiar los problemas, los ha agudizado. Creó la desconfianza más absoluta en la economía, la fuerza pública, la política, polarizándonos y dividiéndonos. Lo primero que hay que hacer es garantizar que en 2026 haya elecciones. Y eso no está claro en estos momentos con la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente que todo el mundo sabe cómo empieza, pero no como termina", comenta a CNN el analista político Jaime Arango quien se desempeñó como subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional en el gobierno de Iván Duque.

Aunque personas cercanas al gobierno no creen que eso se vaya a concretar. "Lo de la Constituyente está descartado como una decisión que se emprenda y que se lleve a cabo en este gobierno. La decisión del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es buscar un acuerdo nacional para que las reformas en el Congreso sean llevadas cuando haya consenso político. Si el gobierno logra avanzar en sus propósitos: mantener estabilidad económica, reformas sociales y además avanzar en materia de paz, la izquierda tendrá opción en 2026. Petro tiene entre un 30 y un 35 por ciento de favorabilidad en las encuestas, y desde allí debe construir una plataforma que le dé opción al Pacto Histórico y a los partidos alternativos en la próxima contienda electoral", afirma el senador Cepeda.

Hay quienes creen, por el contrario, que la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente es hoy más cercana que nunca. "El presidente está en campaña presidencial anticipada. Son dos años que terminan con la promesa de otras reformas, con las promesas de unos cambios vía Asamblea Nacional Constituyente en muchas normas e instituciones, lo que nos pone en alerta sobre lo que nos puede deparar el 2026 cuando Colombia deberá ir a las urnas para elegir el reemplazo de Petro", advierte el concejal Briceño.

Un estilo particular de gobernar

El del presidente Petro ha sido un mandato marcado por una manera de gobernar distinta y con la red social X, antes Twitter, como protagonista de su gestión. Con algo más de 7,6 millones de seguidores, el mandatario se identifica en su perfil como presidente de Colombia e influyente en redes sociales. Según varios medios de comunicación que hicieron seguimiento de sus pronunciamientos en esta red social, solo durante el primer año de su gobierno Petro puso algo más de 5.000 mensajes en su cuenta personal.

Otra característica de su estilo de gobierno son los discursos desafiantes en la plaza pública.

"Si uno compara la alcaldía de Petro con su presidencia es prácticamente lo mismo. Enfrentamiento con sus funcionarios, más discursos que realizaciones y una provocación permanente a sus adversarios. Y en la confrontación, Petro gana. Él utiliza la polarización para justificar sus malos resultados. Debido a la gestión de Petro, no creo que en 2026 la izquierda tenga mucha opción de continuar en el poder", sostiene el analista político Jaime Honorio González.

El presidente Petro insiste en su llamada política de “paz total”, que mantiene mesas de diálogos de paz con varios grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas facciones de las llamadas disidencias de las FARC. Este propósito se ha visto empañado por el deterioro del orden público en varios departamentos del sur del país como Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Huila y Arauca.

"No existe una planificación para estos procesos, y lo que está pasando es que estos grupos se están fortaleciendo. El narcotráfico está en auge, las fuerzas militares, desorientadas por varios ceses al fuego sin reglas claras, y la población civil desprotegida", sostiene el analista político Jaime Arango.

El gobierno de Petro va a mitad de camino y tiene por delante dos años llenos de retos y desafíos. Entre ellos, el de mantener las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela, en medio de la crisis por los controvertidos resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral del vecino país, que da como ganador, sin pruebas, a Nicolás Maduro, aunque la oposición, liderada por María Corina Machado, sostiene que en las actas que están en su poder el ganador es Edmundo González Urrutia. Petro ha llamado a ambas partes a llegar a acuerdos.

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"Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una Declaración Unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", escribió Petro en su cuenta en X el 31 de julio.

En Colombia, los ciudadanos como Leonardo Jiménez esperan que, en lo que le queda de mandato, Petro ponga tantos esfuerzos en los problemas internos de Colombia como lo hace, al menos en X, en el conflicto en Gaza, la crisis política en Venezuela, la crisis climática global o la situación política en Perú, entre otros temas que ocupan permanentemente la agenda mediática del mandatario.

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Tardó más de dos días en emitir un comunicado propio, en el que se refirió a "graves dudas" sobre el conteo y pidió un escrutinio transparente. Pero desde entonces él y su Gobierno han tomado postura sobre Venezuela. Las declaraciones y decisiones acaparan titulares y se han prestado a interpretaciones tanto de adeptos a Petro como de sus críticos.

En la campaña electoral venezolana, Petro —quien ha tenido buenas relaciones con Maduro— dijo en abril que la inhabilitación a María Corina Machado en Venezuela era un "golpe antidemocrático".

Gustavo Petro (Crédito: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

Colombia no envió observadores a las elecciones del país vecino. Después de la proclamación de Maduro por parte del CNE y la ola de críticas de Gobiernos de la región cuestionando los resultados, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado el 29 de julio en la que invitaba al diálogo de los líderes políticos. Un día después, el canciller Luis Gilberto Murillo instó al Gobierno de Venezuela a "despejar cualquier duda sobre los resultados", pero el presidente Petro guardaba silencio.

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Finalmente, el miércoles 31 de julio, Petro publicó un mensaje en su cuenta en X pidiendo un escrutinio transparente de  los votos y proponiendo un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. "Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta [...]", escribió. Ese fue su primer mensaje.

Unas horas después, en una rueda de prensa ante medios internacionales, Maduro dijo que él no opina sobre los asuntos internos de Colombia. “Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia, nunca, ni me meto en las negociaciones, que pudiera hacerlo, en ninguna. Solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer”, dijo Maduro. En ese mismo espacio, Maduro dijo que Petro es un "hombre honorable" y criticó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

En paralelo, en la tarde del 31 de julio, Petro se encontraba en el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET), en el departamento Santander, y se refirió de manera tangencial a la situación en Venezuela: “¿Y no se nos está acercando una guerra en el vecindario? ¿Y no nos estamos dando cuenta? ¿No hay submarinos en el Caribe [...] de ambos bandos? Y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil... y dicen que hablando groserías eso se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos”, dijo.

En la noche del miércoles ocurrió la votación en la Organización de Estados Americanos que rechazó una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del 28 de julio y garantizar la seguridad del personal diplomático en ese país. Ahí hubo un tercer mensaje de Petro en forma de una acción (u omisión) de su administración: el Gobierno de Colombia (así como los de Brasil, Bolivia y Honduras) se abstuvo en el voto.

El expresidente Santos tuiteó: "El voto de Colombia hoy en la OEA es una vergüenza".

La Cancillería de Colombia dijo en un comunicado que como Venezuela no hace parte formal de la OEA desde el 2019, “esto implica que este foro multilateral no es el escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana”.

Finalmente, este jueves 1 de agosto, Petro volvió a las redes sociales con un mensaje en respuesta a una publicación de la líder opositora venezolana María Corina Machado acerca del pronunciamiento del embajador de Colombia ante la OEA que pedía que se conocieran todas las actas y que fueran auditadas por el mundo. "No es un Gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela", escribió Petro. "Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos".

Machado le respondió a su vez a Petro: "Así es, señor Presidente Petro, y el pueblo de Venezuela ya decidió".

Con información de Fernando Ramos e Ivonne Valdés

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En un video publicado en X por el Ministerio de Defensa de Colombia, Mejía atribuyó el hecho al bloque “Jacobo Arenas” que —expuso— utiliza drones para agredir a los militares desplegados en la zona del Cañón del Micay. También identificó al menor fallecido como Dylan y dijo que las autoridades buscan contactar a sus familiares para brindarles apoyo.

“Dada la coyuntura que se ha venido presentando contra el bloque occidental ‘Jacobo Arenas’ que persiste en la ilegalidad llevando desesperanza y terror sobre el Cañón del Micay, a través de un detallado planeamiento, sin incurrir en ningún tipo de falla procedimental, estamos atacando las estructuras que están en lo más alto de estas montañas tratando de generar ese control de las economías ilícitas”, señaló el general.

En otro video publicado la noche del martes, el alcalde de Argelia, Osman Guaca, dijo que el niño se encontraba en una cancha sintética cuando ocurrió el ataque.

“Rechazamos todos estos actos violentos y como consecuencia pedimos que excluyamos a la población civil de la confrontación armada”, señaló el funcionario, y convocó este miércoles a una marcha por la paz.

La manifestación se llevó a cabo alrededor del mediodía y reunió a decenas de personas vestidas de blanco, según fotografías publicadas por la alcaldía en su página de Facebook.

CNN contactó a la alcaldía para preguntar qué tipo de apoyo o protección se está brindando a la familia del menor y está en espera de respuesta.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también lamentó el fallecimiento del niño y, en declaraciones a periodistas, pidió que todas las autoridades trabajen en conjunto para frenar la violencia en el departamento.

La muerte de Dylan ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Colombia reconoce el desafío que representan los grupos armados que operan en el Cauca y el Valle del Cauca.

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Por su lado, la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, publicó en su cuenta de X que los bloqueos son parte de las medidas de reclamo contra el Gobierno por supuestos incumplimientos en acuerdos contra las plataformas de transportes y tarifas de gasolina.

Las autoridades de tránsito de Bogotá informaron que se presentan bloqueos en las áreas de:

• Av. Centenario con carrera 123, Occ-Ori
• Autosur con carrera 74, Occ-Ori
• Calle 80 con carrera 120, Ori-Occ
• Autonorte con calle 165, S-N
• Calle 91 Sur con carrera 1 Este

Hasta el momento las autoridades no reportan arrestos o daños a propiedad pública o privada.

Noticia en desarrollo.

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Si bien más de 200 años después el 20 de julio se celebra como una fecha patria, muchos historiadores coinciden en que ese día de 1810 es solo el principio de un proceso que terminaría con la independencia del país y el nacimiento de la actual Colombia décadas después.

Con actores secundarios inusitados —como Napoleón Bonaparte; José González Llorente, un comerciante de origen español, y un florero— Colombia inició el camino a la independencia hace más de dos siglos.

Pelea de Pantaleón Santamaría con González Llorente en la esquina nororiental de la Plaza Mayor hoy en día llamada Plaza de Bolívar. (Archivo de Bogotá)

Los hechos del 20 de julio

El 20 de julio es un día simbólico de la Independencia de Colombia, pues se considera que ese día fue el primer hito de independencia para la que entonces se llamaba la Nueva Granada, puso fin a la colonización española y cuando se dio el grito de independencia, por lo que esta fecha es la celebración patriótica más importante del país en la actualidad.

"Es la primera vez que nos pensamos como un posible país. Es la primera vez que nos pensamos políticamente, que tenemos una idea sobre nosotros mismos", dice la historiadora colombiana Diana Uribe en un podcast sobre la celebración del 20 de julio.

Si bien el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia, lo cierto es es que es los hechos ocurridos ese día de 1810 son parte de un proceso que empezó a gestarse a finales del siglo XVIII, con la Revolución de los Comuneros, y finalizó con la disolución de la Gran Colombia en 1830, dice el Ministerio de Cultura.

Para entender por qué se dio esta gesta independentista, hay que observar muy de cerca lo que ocurría en el mundo por esta época.

Primero, hay que notar que la Revolución de los Comuneros, que ocurrió en 1781, se inició como protesta contra el alza de los impuestos, que España utilizaría para costear su participación en la guerra independentista de Estados Unidos, según relata el historiador David Bushnell en su libro "Colombia: una nación a pesar de sí misma" (Planeta, 1992). Los comuneros crearon su propio gobierno, sus fuerzas armadas y en general asumieron el control de la situación, según Bushnell. Pero no necesariamente querían el fin de los lazos con la corona, sino "la suspensión de abusos específicos", como los impuestos y la falta de igualdades para acceder a cargos públicos, explica.

Por otra parte, en una sociedad de españoles y criollos —como se les decía a los hijos de españoles nacidos en América— había mucha rivalidad, entre criollos y europeos.

"La rivalidad incluía discriminación contra los criollos en la adjudicación de puestos en los niveles altos de la administración, discriminación en asuntos comerciales y menosprecio por parte de los altivos españoles hacia los americanos, se convirtió en fuente fundamental de descontento a lo largo y ancho de los territorios coloniales", escribe Bushnell en su libro. Además, agrega el autor, para ese momento ya había un "desafecto" hacia la corona española por no permitir "expresiones de representación política", algo que, según él, "constituía un flagrante anacronismo".

Las guerras napoléonicas y la crisis en España

Luego están unos importantes sucesos ocurridos en España en 1808. En ese momento, cuando estaban en auge las guerras napoleónicas, Napoléon I invadió España, depuso al rey Fernando VII e instaló a su hermano en su lugar con el nombre de José I.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado por Napoleón, relata Bushnell, y en cambio se dio "un brote de protestas populares y el surgimiento de un movimiento de resistencia" que rechazó el poder de que a la larga fue encabezado por una Junta Central acuartelada en Sevilla, que obstinadamente rechazó a José y mantuvo su lealtad a Fernando VII.

Un ejército francés bajo el mando del emperador Napoleón I fuerza un paso a través de las fuerzas españolas del general Benito de San Juan en el paso de la Sierra de Guadarrama que protege a Madrid en la batalla de Somosierra durante la Guerra Peninsular Napoleónica el 30 de noviembre de 1808 en el paso de Somosierra, Segovia, España. (Foto de Hulton Archive/Getty Images)

Con ese caos en España, donde el rey Fernando VII estaba preso, algunas ciudades de la Nueva Granada empiezan a gestar juntas para gobernarse por sí mismos debido a la situación política en Europa.

"El desbarajuste del orden español nos va a llevar a que tengamos que organizarnos de otra manera", relata Diana Uribe, "porque... al estar preso el rey hay un recurso que se llama las Juntas, que son la soberanía del pueblo, que es el recurso que queda".

Así que, con un movimiento de juntas en varias ciudades del continente y la influencia de la Revolución francesa, muchos consideraban que era necesario un movimiento de juntas en Santa Fe de Bogotá, que era el virreinato de la Nueva Granada.

El 20 de julio y el "Florero de Llorente"

Una anecdótica pelea por cuenta de un adorno conocido como el "florero de Llorente" se ha adueñado históricamente del relato de la Independencia de Colombia.

Se dice que la Independencia de Colombia se produjo por la pelea por el préstamo de un florero, pero va un poco más allá.

El 20 de julio de 1810 fue un domingo, que era el día del mercado cuando campesinos y comerciantes se reunían en la plaza central de Santa Fe de Bogotá, así que los conspiradores que querían romper con la corona española buscaban una forma para generar una revuelta.

En un contexto de agitación política, algunos líderes criollos de la época idearon una estrategia política para "provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público, tomarse el poder y dar salida al descontento potencial que existía en Santafé contra la audiencia española", dice el Archivo de Bogotá.

Así que Antonio Morales, quien era miembro del cabildo de Santafé y más adelante uno de los firmantes de la Independencia, propuso que se provocara una pelea con un destacado comerciante, el español José González Llorente.

La idea era pedirle prestado un florero a González Llorente para decorar la mesa de un banquete en honor a Antonio Villavicencio, quien era el encomendado por la junta española para instaurar en la Nueva Granada una junta local. Los conspiradores anticiparon que Llorente no iba a prestar el Florero y se armó la revolución.

"Se planea porque toca provocar un movimiento, inducirlo, y una manera puede ser ir donde Llorente, pedirle el florero y calcular que él no lo vaya a prestar. Donde lo preste hay un plan B", relata Diana Uribe, sobre el plan.

"En el caso de una negativa", dice el Archivo de Bogotá, "los hermanos Morales procederían a agredir al español". Así que para garantizar el éxito del plan, en caso de que Llorente entregara el florero o se negara cortésmente, Francisco José de Caldas pasaría por el almacén y así Morales le reprocharía por usar la palabra a un “chapetón”, que significa enemigo de los americanos, y dar así comienzo al incidente.

"Pero el hombre (González Llorente) hizo lo suyo y no lo prestó y efectivamente cumple su papel en el guion: no presta el florero y el episodio se vuelve la excusa que se estaba buscando... y en ese momento salieran Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano a dar el grito de independencia", cuenta Uribe.

La sublevación desencadenó la firma del Acta de Independencia de Santafé. Sin embargo, luego de ese día, si bien hubo un intento de república independiente, ese proyecto de país no logró consolidarse "por problemas internos y diferencias políticas" y solo hasta 1819 se gestó una batalla militar que finalmente consolidó la independencia, que es historia aparte sobre el 7 de agosto, el día de la Batalla de Boyacá.

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"La Justicia tiene toda la libertad y el derecho de investigar los hechos. Solo que un posible hecho donde no salieron recursos públicos por intervención directa del presidente, no puede ocultar el hecho de los contratos de carrotanques, el contrato de Caregato, donde sí salieron dineros públicos hurtados que exijo se devuelvan hasta el último peso", sostuvo este jueves el mandatario en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Por el momento, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, el exsubdirector de la institución Sneyder Pinilla y quienes están vinculados con las investigaciones han manifestado su interés en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales de rebajas de penas. Con base en las pruebas en su poder, la Fiscalía General pedirá en las primeras audiencias de imputación, a realizarse el 25 de julio, medida de aseguramiento contra estos dos exfuncionarios y un contratista particular.

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Tanto López como Pinilla han aceptado en varias entrevistas a medios locales, en declaraciones públicas en video y en sus interrogatorios ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que formaron parte del entramado de corrupción y han involucrado a exfuncionarios, a actuales integrantes del gobierno y a congresistas en graves irregularidades.

Por eso la Fiscalía pidió a la Corte, en razón del fuero especial de los congresistas, que investigue a varios de los presuntamente involucrados.

"La Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados", destaca un comunicado del organismo de investigación.

Esta semana, el canal local Caracol Noticias publicó una serie de informes que contienen partes de un video de la declaración de López ante magistrados de la Corte Suprema y chats de WhatsApp entre Pinilla y altos funcionarios del Gobierno. Petro se refirió directamente al caso de López.

"Cuando Olmedo encontró la olla de corrupción desde hace años consolidada en la UNGRD, debió en lugar de acomodarse a ella, denunciarla al presidente y a la Justicia tal como lo hace el actual director. Eso es lo que yo le exijo a cualquier funcionario que quiera participar del gobierno del cambio. Si no, no merecen estar en este gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel", manifestó en X.

Varios medios de comunicación locales también han publicado lo que señalan que son extractos de los documentos y testimonios en poder de las autoridades. Este miércoles, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, en donde se adelanta la investigación, emitió un comunicado en el que rechaza la filtración de estas informaciones.

"La Sala es respetuosa de la libertad de prensa, pero este tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional", advirtieron los magistrados en el comunicado, al tiempo que informaron que los hechos serán investigados para determinar quién entregó las grabaciones en video.

El escándalo, que tiene en jaque al gobierno, comenzó por la supuesta compra irregular de unos carrotanques para llevar agua al departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, uno de los territorios más pobres del país. Los vehículos habrían sido comprados con sobrecostos para poder justificar el dinero que posteriormente habría sido entregado a congresistas para que apoyaran las reformas sociales en trámite en el Legislativo. Estas presuntas irregularidades han merecido el rechazo de la opinión pública y de varios sectores políticos en Colombia.

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La firma se realizó en un acto público en la plaza de Bolívar de Bogotá, donde Petro celebró la aprobación de la reforma e insistió en destacar que generará beneficios.

Esta reforma fue aprobada en junio en la Cámara de Representantes, semanas después de que fue avalada por el Senado. Para su entrada en vigor, solo falta que el presidente la promulgue.

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Entre otras medidas, crea un sistema de pensiones dividido en tres pilares —solidario, semicontributivo y contributivo—, así como la obligatoriedad de que cada trabajador cotice en un fondo público o privado, según su nivel de ingresos.

De acuerdo con el Gobierno, estos cambios permitirán que más colombianos accedan a una “pensión digna”.

Algunos políticos de oposición, sin embargo, señalan que, si bien debe ampliarse la cobertura pensional, la reforma no es sostenible y generará problemas para las finanzas públicas de Colombia. El Gobierno rechaza esas afirmaciones.

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Las autoridades explicaron que la decisión se debe a los constantes ataques a la población civil y a la policía atribuidos a la organización, particularmente en el suroeste del país, pero aclararon que sí se mantendrá el alto al fuego por tres meses con otras tres agrupaciones.

Miembros del frente Carlos Patiño de la patrulla guerrillera disidente de las FARC junto a cultivos de coca en el Cañón de Micay, una zona montañosa y bastión de EMC en el departamento de Cauca, suroeste de Colombia, el 24 de marzo de 2024. Crédito: RAÚL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images

"El Gobierno Nacional declara terminado el cese al fuego con todos los bloques y frentes que integraban el antes denominado Estado Mayor Central de las disidencias FARC, comandadas por ‘Iván Mordisco’, y se mantiene por tres meses con el Bloque 'Gentil Duarte', 'Jorge Suárez Briceño' y con el frente 'Raúl Reyes'", manifestó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, según un comunicado difundido en X.

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El EMC está en conversaciones de paz desde el año pasado, pero el diálogo se ha visto entorpecido por los frecuentes ataques atribuidos por las autoridades a ese grupo en el suroeste del país. En mayo de este año, el ejército de Colombia reportó ataques con explosivos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

CNN intenta obtener comentarios de referentes del Estado Mayor Central.

Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

El Gobierno de Colombia y el EMC habían anunciado un acuerdo de cese del fuego a principios de octubre de 2023.

El Estado Mayor Central FARC- EP es una facción de la desmovilizada guerrilla que se apartó del acuerdo de paz logrado en Cuba tras cuatro años de negociaciones y firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

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En declaraciones ante la prensa desde Nueva York —donde este jueves participó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU—, Petro dijo que el equipo de futbol de Colombia “es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización”.

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“La bandera de Colombia es la bandera de la unidad del pueblo colombiano. La selección Colombia es unidad del pueblo colombiano, así que el día lunes, día de la victoria, se festejará con un día cívico que pensemos como día de la unidad del pueblo colombiano”, agregó.

Petro también se refirió a este día festivo en su cuenta de X, antes Twitter, donde dijo que, después de la final de la Copa América y de cara a la conmemoración de la independencia de Colombia el 20 de julio, debe haber unidad y “cero violencia”.

El partido se realizará en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida.

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“No le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo”, aseguró en una rueda de prensa minutos después de que saliera de la cárcel.

La liberación de Mancuso ocurre después de que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenara que se dejara sin efectos las más de 50 órdenes de captura en su contra, confirmó a CNN el Ministerio de Justicia.

Salvatore Mancuso fue extraditado de Estados Unidos el 27 de febrero tras cumplir una condena de ocho años de cárcel por narcotráfico. En Colombia fue acusado de, entre otros delitos, de ser responsable de 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.

Entre los delitos se contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos. El exlíder paramilitar no ha negado ni confirmado su responsabilidad en estos crímenes.

El presidente Gustavo Petro dijo también este jueves ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que plantea extender siete años el plazo para cumplirlos, sumados a los 15 acordados en 2016, para la aprobación de normas necesarias para la implementación fue lenta, lo que, en su opinión, ha retrasado todo el proceso de pacificación.

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Los acuerdos se firmaron en 2016, durante el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuando se fijó un plazo de 15 años para su cumplimiento. Petro, cuya gestión empezó en agosto de 2022, argumenta que la aprobación de normas necesarias para la implementación fue lenta, lo que a su vez ha retrasado todo el proceso de pacificación.

Para ello, dijo este jueves ante el Consejo de Seguridad, planteará en Colombia un mecanismo para agilizar las legislaciones pendientes, en particular para temas como la reforma rural, la integración territorial y el sistema de verdad y justicia.

“Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés en Colombia a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con las FARC, y ahora tenemos que presentar los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz”, expuso.

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“Estas son medidas de ley, no están determinadas por el presidente, tampoco por las FARC. Tienen que ser medidas del Estado, para ser aprobadas tendrían que ser parte de un pacto nacional, que es lo que no se ha podido producir desde el 2016. En un procedimiento fast track nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar, pues, a la sociedad colombiana, pero quisiéramos dejarla aquí refrendada ante ustedes”, añadió.

Petro acudió ante el Consejo de Seguridad para dar un informe sobre los avances en los acuerdos con las FARC. Durante su intervención, también dijo que Colombia tiene dificultades financieras para cumplir lo acordado —para lo cual pidió apoyo de la comunidad internacional.

Señaló que, igual que en 2016 se creó una Misión de Verificación de la ONU para revisar el estatus de lo pactado, sería útil para su país que se creara una instancia adicional específicamente para acompañar las investigaciones por los presuntos homicidios de exguerrilleros, una situación que —expuso— obstaculiza la pacificación.

“Yo les voy a solicitar, como jefe del Estado, que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del grupo especial de investigaciones de la Fiscalía, para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes, excombatientes que han firmado paz, y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares”, señaló el mandatario.

Los miembros del Consejo de Seguridad dijeron que Colombia ha hecho esfuerzos por implementar los acuerdos, pero advirtieron que el camino a la pacificación aún es largo.

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Con esto, Mancuso podrá cumplir con su designación como "gestor de paz", cargo para el cual fue nombrado en julio de 2023 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Mancuso salió de la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá, informó el Ministerio de Justicia.

La salida de Mancuso ocurre horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informara en un video que se disponía a acatar la orden judicial y que había confirmado con la prisión de La Picota que no hay más requerimientos pendientes contra el exlíder paramilitar.

El exjefe paramilitar regresó el 27 de febrero a Colombia deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena de ocho años de cárcel por narcotráfico.

En Colombia, Mancuso enfrentaba procesos penales, tras ser acusado, entre otras cosas, de haber cometido 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos, se contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos. Mancuso aún no ha negado o confirmado su responsabilidad o participación en estos delitos.

En 2023, Petro decidió nombrarlo como "gestor de paz" para que participe en la llamada política de Paz total del Gobierno y ayude al esclarecimiento de la verdad, la no repetición y la ubicación de los cuerpos de las víctimas de los grupos paramilitares.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó este martes que el mandatario argumentará en la sede de la ONU en Nueva York que es insuficiente el tiempo que se pactó para cumplir con todo lo acordado en La Habana y firmado el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá.

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"Sí queda muy claro que no vamos a poder cumplir con el acuerdo en los 15 años que se plantearon en el plan marco de implementación y que probablemente va a requerir de una extensión. Pero además de eso se requiere que se remuevan algunas barreras estructurales que existen para poder cumplirlo. Algunas de ellas son presupuestales, otras son jurídicas y legales y otras, obviamente, son institucionales", afirmó el canciller ante periodistas.

El funcionario agregó que hay varias propuestas que serán llevadas al Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas ampliar por cinco años el plazo de implementación del pacto.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, adelantó que Petro detallará las complicaciones que han encontrado para cumplir con lo pactado.

"Obviamente que hay avances, pero obviamente el presidente también señalará los cuellos de botella, las dificultades que se tienen y el compromiso del Estado para avanzar en la implementación del acuerdo de paz", dijo este martes a medios locales al término de una reunión con el presidente en la Casa de Nariño.

Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC conocido con el alias de “Timochenko”, se reunió este lunes con Petro y con el ministro del Interior para transmitirles las preocupaciones de los firmantes del acuerdo de paz por la falta de avances importantes en lo prometido a quienes entregaron las armas.

"También hemos vivido en carne propia cómo muchas instituciones del Estado no han trabajado en función de la implementación del acuerdo y muchas de ellas más bien han entrabado la implementación. Pero también exploramos los caminos a seguir, y uno de esos caminos es el acuerdo nacional en función de unir esfuerzos para que la implementación marche por los caminos correctos", sostuvo en un video difundido en su cuenta de la red social X.

Posible Asamblea Constituyente

Petro recientemente señaló que el acuerdo de paz dejaba la puerta abierta para poder convocar desde lo acordado una Asamblea Nacional Constituyente. Cristo afirmó la semana anterior que esa iniciativa podría concretarse tras lograr un acuerdo nacional con los partidos políticos y que, si se lograra, pasaría entonces a ser tramitada por el Congreso de la República, tal y como lo establece la Constitución de Colombia.

El expresidente Juan Manuel Santos, uno de los artífices del proceso de paz con las FARC, sostuvo que no está de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Constituyente, y menos desde la perspectiva de lo acordado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.

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"Mi mensaje al ministro Cristo y al Gobierno es: dedíquense, ojalá, a implementar el acuerdo de paz. Como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Eso sería, de por sí, un buen programa de gobierno para estos dos años que le quedan. No requiere reformas constitucionales, en muchos casos ni siquiera nuevas leyes. Lo que requiere es voluntad política y capacidad de gestión y coordinación", sostuvo el exmandatario en un pronunciamiento en video divulgado este domingo en sus redes sociales.

El ministro del Interior aclaró este martes que Petro no va a tocar el punto de la eventual Asamblea Constituyente en la ONU. "Es que eso no tiene nada que ver ni con el acuerdo de paz, ni con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa palabra se está volviendo de moda", dijo Cristo ante periodistas.

Además de la implementación, el acuerdo de paz enfrenta otros desafíos como el desplazamiento por amenazas y asesinatos de los firmantes en varias zonas en donde fueron ubicados tras la desmovilización, lo que fue condenado tanto por los líderes de Comunes como por el expresidente Santos y Naciones Unidas. Según Londoño, desde 2016 fueron asesinados más de 400 exintegrantes de las FARC, de los más de 13.000 exguerrilleros que formaron parte del grupo armado ilegal. Londoño pidió en febrero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) garantizar la vida de los firmantes del acuerdo de paz.

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“Es una imprudencia, un error muy grave. Primero, está mal informado el presidente respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace. Un país no se pone a opinar de la institucionalidad de otro país democrático de la misma región. Nos parece que es parte de una relación sana entre naciones no hacer ese tipo de declaraciones”, dijo Tohá a CNN Chile Radio ―afiliada de CNN.

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Jadue, perteneciente al Partido Comunista y alcalde de la comuna de Recoleta, actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público por los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2022, Jadue ―quien además de ser el alcalde de Recoleta era el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp)― habría realizado “una serie de actuaciones ejerciendo abusivamente sus facultades y actuando sin autorización ni conocimiento del directorio ni del resto de los socios, provocaron un aumento de su pasivo, morosidad y falta de liquidez, lo que derivó en un perjuicio patrimonial a la Achifarp, que implicó que se siguiera un proceso de liquidación forzosa en su contra”. De acuerdo con la acusación, este procedimiento determinó un total de más de US$ 1,3 millones en perjuicio de diversos acreedores.

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Anteriormente, Jadue ha alegado completa inocencia de los cargos que se le acusan.

Este lunes, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, informó que presentaron una nota de protesta a Colombia por los dichos de Petro.

“Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de derecho”, señaló el funcionario en su cuenta de la red social X.

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Según la Policía Nacional, se trata de Jhon Fredy Dagua Mestizo, alias ‘Chepe’, a quien consideran cabecilla de escuadra del frente ‘Dagoberto Ramos’, un grupo disidente de las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que cuenta con influencia delictiva en varios municipios del departamento de Cauca.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Caloto, departamento de Cauca, en donde agentes de la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron una casa en donde detuvieron a la persona señalada por el delito de lesa humanidad por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, señala el comunicado de la Policía Nacional.

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El comunicado añadió que esta "acción policial permitió poner fin a ocho años de actividad criminal de este hombre que en octubre del año pasado habría ordenado el secuestro de cuatro personas en la vía Caloto–El Palo, quienes posteriormente fueron asesinadas y halladas incineradas dentro de un vehículo".

CNN trabaja para conocer si Dagua Mestizo cuenta con representación legal.

En lo que va del año, según cifras de las Fuerzas Militares, al menos 116 niños han sido rescatados de las filas de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico.

"Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad",Niños y adolescentes, víctimas de reclutamiento forzado en Colombia, son usados como escudos de guerra, alerta Petro al referirse a la grave situación de orden público en el departamento del Cauca, en donde la Fuerza Aérea no ha podido bombardear campamentos de guerrilleros porque tienen menores de edad en su poder que han sido víctimas de reclutamiento forzado.

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Los fallecidos fueron identificados como el sargento Diego Armando Marín López y los soldados Jesús Manuel Casso Campo, Yeison Eduardo Gómez Chima, Rodolfo José González Núñez, Andrés Stiven Ramírez Castaño y Cristian Julián Torres Delgadillo.

Las Fuerzas Militares añadieron que otros tres soldados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico en Caucasia para ser atendidos.

Las autoridades no han informado aún sobre el estado de los heridos ni sobre la autoría del presunto ataque. CNN hace esfuerzos para contactar al Ministerio de Defensa de Colombia para averiguar más detalles de lo ocurrido.

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El mandatario calificó los mensajes como transfóbicos y defendió su derecho a la intimidad. En principio, algunos usuarios en redes sociales dijeron que la mujer trans que supuestamente aparece en el video es una reconocida influencer colombiana. Pero la persona aludida negó públicamente, en varios medios locales, que se trate de ella.

Desde el lunes comenzaron a circular videos en los que se ve a una pareja caminando de manera cercana por la que sería una calle céntrica de ciudad de Panamá. Algunos usuarios de la red social X, antes Twitter, sostuvieron, sin información confirmada, que se trataría de Petro.

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Petro, quien había guardado silencio frente a los rumores, fijó este miércoles un mensaje en su cuenta oficial de X con su descargo, en el que no desmiente que se trate de él. "Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el presidente", escribió.

Por el momento se desconoce quién tomó las imágenes y CNN no ha podido confirmar su veracidad o su fecha de grabación.

Durante el fin de semana el mandatario estuvo en Panamá, donde asistió a la toma de posesión de José Raúl Mulino.

"Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto, nadie que se considere así mismo humano, puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen Nazis", sostuvo Petro en su publicación de este miércoles.

"Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano", concluyó el mandatario en su mensaje a la opinión pública.

La oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema y se ha limitado a responder a solicitudes de CNN que solo el presidente podría pronunciarse al respecto, tal como lo hizo este miércoles. Lo cierto es que esta situación ha generado todo tipo de debates sobre si la vida privada del presidente debe ser objeto de escrutinio público o si, por el contrario, pertenece a su esfera más íntima.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Petro y cuestionaron que no haya negado que es él quien aparece en el video.

Este martes, antes de conocer la postura del mandatario, el periodista y analista Melquisedec Torres publicó en su cuenta de X: "El Presidente está en todo su derecho de compartir su vida privada con quien le plazca. Pero si esa relación implica el uso de recursos públicos (avión, hotel, seguridad, desplazamientos), el país —los contribuyentes— tenemos derecho a saberlo. Y si esa relación genera una condición civil distinta para él y su nueva pareja, el país debe saber si hay cambio en la persona de la ‘primera dama’ pues ello nos obliga a altos costos oficiales. Estos son asuntos serios de Estado, por más escandalosos que parezcan". La oficina de comunicaciones de la presidencia sostiene que no habrá un pronunciamiento adicional al que hizo el mandatario este miércoles.

Por su parte, Cielo Rusinque, superintendenta de Industria y Comercio y una de las personas más cercanas al mandatario, ha defendido públicamente el derecho a la intimidad de Petro. "Acá el debate no es si es cierto un video, una foto o todo lo que inventan y denigran de la intimidad del Presidente, el punto es que la vida íntima siempre que en ella no se traspasen los límites de la legalidad no conciernen a nadie. Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle", sostuvo Rusinque en su cuenta en X.

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La polémica está en pleno desarrollo a pocas semanas de que el mandatario cumpla dos años en el poder, que asumió el 7 de agosto de 2022. Una gestión que no ha estado exenta de escándalos de corrupción, como en los casos de supuestos malos manejos de millonarios recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el llamado a juicio de su hijo Nicolás Petro por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Petro Burgos, quien al comienzo de la investigación aceptó los cargos, luego desistió de la negociación de beneficios a cambio de la confesión y en la última etapa procesal ha sostenido que es inocente de los cargos por los que se le acusa. En ambos casos, el presidente Gustavo Petro ha pedido a la Fiscalía investigar los hechos y ha manifestado que se garantizará la independencia de la justicia.

El presidente Petro ha sufrido además reveses en la aprobación de varias de sus reformas sociales promovidas durante la campaña, entre ellas la reforma a la salud, por falta de mayorías en el legislativo.

En los últimos meses ha planteado la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para buscar la manera de sacar adelante sus iniciativas. En medio de todas estas dificultades, el primer gobierno de izquierda en Colombia busca retomar la agenda, con varios cambios en ministerios como el del Interior, Agricultura, Transporte y Justicia para los dos años que quedan de su mandato.

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"Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro de Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente", escribió Petro en su cuenta en la red social X.

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Cristo ya se desempeñó como ministro de Interior durante la presidencia de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017. Es hijo de Jorge Cristo Sahium, quien fue asesinado por el ELN en 1997.

Se trata del tercer cambio en el Gabinete de Petro anunciado esta semana, después de que el presidente anunciara a las nuevas titulares de Agricultura y Justicia, Martha Carvajalino y Ángela María Buitrago, respectivamente.

CNN hace esfuerzos para contactar a la presidencia de Colombia para averiguar más detalles sobre la decisión de los cambios en el Gabinete de Petro.

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"Los niños fueron recuperados en el momento en el que se realizan los combates. Apenas terminan los combates, los niños salen a entregarse a la tropa y en esos momentos son recuperados y alistados para recuperar sus derechos. Los niños se encontraban con vestido militar, una camisa táctica, pantalón de la Policía. Desafortunadamente, estas estructuras aún utilizan menores de edad para desarrollar sus actividades delictivas", le dijo a CNN el alto oficial. Los dos menores fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en donde reciben atención médica y psicológica para, posteriormente, iniciar la búsqueda de sus familiares.

La Delegación de Paz del Gobierno, que actualmente adelanta diálogos de paz con la guerrilla del ELN, condenó estos hechos, así como el secuestro y muerte de un policía en poder del grupo guerrillero en un comunicado el 26 de junio. "Nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese el fuego, los informará al mecanismo de Monitoreo y Verificación. De igual modo, reitera que, ante la nueva prórroga de cese el fuego se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil", señaló.

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El ELN no se ha referido a estos hechos en sus cuentas oficiales en las redes sociales ni mediante declaraciones de sus jefes. El 21 de junio, Antonio García, comandante del ELN, dijo en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que “la reanudación de las actividades de la Mesa es algo esperado por el ELN. Pero primero que todo, el Gobierno debe cumplir todos los acuerdos firmados".

El hallazgo de los dos menores es apenas un caso reciente de los muchos que siguen ocurriendo en Colombia, aún en medio de los diálogos de paz entre el Gobierno y diferentes grupos armados, entre ellos el ELN. En lo que va del año, según cifras de las Fuerzas Militares, al menos 116 niños han sido rescatados de las filas de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico.

"Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad", afirmó el pasado viernes el presidente Gustavo Petro al referirse a la grave situación de orden público en el departamento del Cauca, en donde la Fuerza Aérea no ha podido bombardear campamentos de guerrilleros porque tienen menores de edad en su poder que han sido víctimas de reclutamiento forzado.

"Respetar la vida e integridad de la población civil, de manera particular la de niñas, niños y adolescentes que son objeto de especial protección institucional, no es una opción, es una obligación de las estructuras armadas ilegales", dijo el lunes a medios locales el Defensor del Pueblo, Julio Balanta.

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En Colombia, el delito de reclutamiento forzado ha sido de tal magnitud que tiene un capítulo especial en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En el caso 07, como se le conoce en esta entidad, se investigan los crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por la desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida ahora en el partido político Comunes.

A inicios de mayo, la JEP informó que entregó a la familia los restos de un adolescente de 16 años que estuvo 22 años desaparecido, pero en realidad había sido reclutado por las FARC y murió en combates. El cuerpo fue encontrado en un cementerio de la localidad de La Unión Peneya, en el departamento del Caquetá. En el lugar, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, encontró 47 cuerpos de víctimas del conflicto, incluidos niños y niñas que habían sido reclutados de manera forzada, detalló la JEP en un comunicado.

“Uno recuerda jugar, ver muñequitos, hacer cosas de niños y después ver a mi mamá llorando, buscándolo. Para ella fue duro no verlo. No poder hacerle un velorio, ni llevarlo a una iglesia. Mamá sufrió mucho”, le dijo a los investigadores de la JEP y la UBPD la hermana del menor que fue identificado y entregado a su familia.

Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños, de entre los 9 y 17 años, fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en 2023. El 68,4% son de comunidades indígenas, uno de los grupos más vulnerables de la población que está en zonas de conflicto armado.

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Petro dio a conocer el relevo en su cuenta de X, antes Twitter, donde agradeció a Osuna por su trabajo y este le respondió: “¡Gracias por la oportunidad de aportar un grano de arena por el cambio de este país de la belleza en el que construiremos la justicia!”.

CNN intenta comunicarse con la Presidencia y el Ministerio de Justicia para obtener más información sobre los motivos del cambio de ministro de Justicia y está en espera de respuesta.

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Buitrago es una abogada que recientemente había sido propuesta por Petro en la terna de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la Nación. En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo por sobre Buitrago y la otra candidata, Amelia Pérez.

La nueva ministra de Justicia de Colombia también fue una de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a México para colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa, como se conoce a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

El relevo en el Ministerio de Justicia es el más reciente cambio que Petro hace en su gabinete. El mandatario —quien en agosto cumple dos años en el poder— en mayo nombró a Luis Gilberto Murillo como nuevo canciller, en sustitución de Álvaro Leyva.

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La razón es que hay días que por ley son festivos pero que caen un domingo, así que no cuentan como día de descanso laboral.

Pero aún así, Colombia sigue siendo uno de los países de la región que más feriados tiene a lo largo del año. Así, 2023 tuvo 20 días festivos y 2024 cuenta con 17 días no laborales, además de los fines de semana.

Este año hay tres meses sin festivos oficiales: febrero, abril y septiembre. La mayor cantidad de feriados está en marzo, cuando se celebra la Semana Santa. Junio, julio, agosto y noviembre también tendrán varios días de descanso.

Festivos en Colombia en 2024

Enero

Lunes 1: Año Nuevo

Lunes 8: Día de los Reyes Magos

Febrero

No hay festivos fijados.

Marzo

Lunes 25: Día de San José
Jueves 28: Jueves Santo
Viernes 29: Viernes Santo
Domingo 31: Domingo de Resurrección (Al ser domingo, no aplica para día de descanso)

Abril

No hay festivos fijados.

Mayo

Miércoles 1: Día de Trabajo

Lunes 13: Día de la Ascensión.

Junio

Lunes 3: Corpus Christi

Lunes 10: Día del Sagrado Corazón

Julio

Lunes 1: San Pedro y San Pablo

Sábado 20: Día de la Independencia

Agosto

Miércoles 7: Día de la Batalla de Boyacá

Lunes 19: La asunción de la Virgen

Septiembre

No hay festivos.

Octubre

Lunes 14: Día de la Raza

Noviembre

Lunes 4: Día de Todos los Santos

Lunes 11: Independencia de Cartagena

Diciembre

Viernes 8: Día de la Inmaculada Concepción (Cae en domingo por lo cual no aplica día de descanso)

Miércoles 25: Día de Navidad

Los pagos en los festivos de Colombia

Por ley en Colombia los trabajadores del sector público y privado tienen día de descanso remunerado los festivos oficiales.

La ley 51 de 1983 fija que 10 festivos se trasladan al lunes siguientes a la fecha en la que caen por el calendario.

La ley se conoce comúnmente como Emiliani por Raimundo Emiliani Román, político que se desempeñó como congresista, ministro y embajador y quien planteó la reforma al Código Laboral para establecer el sistema de feriados que sigue vigente desde la década de 1980.

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Según el comunicado de la PNC, Álvarez es uno de los presuntos cofundadores de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua y será dejado a disposición de la Fiscalía General de Colombia a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.

"De acuerdo a información de inteligencia se pudo establecer que alias ‘Larry Changa’, habría llegado a Colombia en el año 2022, obteniendo documentos falsos, lo que le permitió pasar desapercibido, vincularse a la sociedad civil a través de diferentes negocios establecidos en el eje cafetero, y a su vez iba ordenando la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua en territorio colombiano", detalló el escrito.

CNN hace esfuerzos para saber si Álvarez Núñez cuenta con representación legal.

Fernando Ramos de CNN en Español colaboró con este reporte.

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Fernández Torres fue arrestado en la ciudad de Aguazul ―al oriente del país― y es acusado de narcotráfico, homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, agregó la Policía.

Señaló que sus actividades delictivas en Bogotá le generaban ganancias mensuales del equivalente a entre US$ 477.200 y US$ 715.800.

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De acuerdo con la Policía, Fernández Torres “ordenaba disparar y arrojar artefactos explosivos contra establecimientos e incluso atentar contra la integridad de sus propietarios” para presionar a quienes extorsionaba. Añadió que se le atribuyen al menos cinco homicidios.

CNN intenta averiguar si Fernández Torres ya cuenta con representación legal.

Según la Policía, Fernández Torres había logrado escapar de una redada realizada el 30 de mayo en Bogotá, donde fueron detenidos 27 de sus presuntos cómplices.

El Tren de Aragua es una organización criminal que se formó desde una cárcel en Venezuela y cuyas redes se han extendido por el continente americano e incluso han llegado a Estados Unidos.

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La JEP publicó la carta que envió el lunes a la fiscal Luz Adriana Camargo para solicitarle que se investigue si magistrados son blanco de “interceptaciones ilegales”, pues algunos de ellos han manifestado sospecha de ello.

“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”, dice la carta.

CNN solicitó tanto a la JEP como a la Fiscalía de Colombia más información sobre el caso sin que hasta este martes se haya recibido respuesta.

La solicitud de esta investigación se da a conocer después de que la propia Fiscalía informó este sábado que un grupo de sus fiscales indagará “presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales” en la Corte Constitucional.

La JEP se refirió a estos hechos y pidió a la Fiscalía que las acciones que despliegue para investigar el posible espionaje en la Corte Constitucional se extiendan a su esfera.

Creada en 2017 tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la JEP tiene la tarea de procesar los delitos cometidos durante el conflicto armado que aquejó al país, así como administrar justicia transicional.

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La mesa de diálogo estará conformada por las delegaciones de Colombia, la Segunda Marquetalia y también participarán representaciones de los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela.

En la primera jornada de las conversaciones estuvo presente uno de los líderes de las disidencias de las FARC, “Iván Márquez”, aunque al inicio de la mesa de diálogo no fue mencionado como parte de la delegación del grupo.

Este nuevo proceso de paz del Gobierno colombiano es parte de su iniciativa de "paz total" para negociar el fin de la violencia armada con los grupos delincuenciales en el país.

Cabe destacar que en mayo, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron en Caracas el primer punto en común en la agenda de los diálogos de paz.

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La pesquisa, ordenada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, surge luego de una reunión que tuvo esta semana con magistrados quienes informaron que uno de los despachos de la Corte habría sido objeto del monitoreo ilegal.

"La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles", se explicó en la nota de prensa.

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La Fiscalía no dio más detalles sobre la reunión entre los magistrados y Camargo o sobre las denuncias recibidas por parte de los magistrados de la Corte.

Hasta este sábado, la Corte Constitucional ni sus nueve magistrados habían opinado públicamente sobre la apertura de esta investigación. CNN intenta contactarse con la Fiscalía y la Corte para obtener más información.

La Corte Constitucional es el alto tribunal que vela por el cumplimiento y respeto de la Constitución Política de Colombia y entre sus funciones destaca decidir sobre la constitucionalidad de referendos sobre leyes, demandas institucionales promovidas por ciudadanos sobre legislaciones, decretos, revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, entre otros.

Fernando Ramos colaboró en este informe.

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"Otra muestra de la persecución política en mi contra, otra violación a mis garantías fundamentales, al debido proceso", declaró el exmandatario tras negársele la recusación que presentó contra el fiscal Gilberto Villarreal.

Uribe dijo que le notificaron de la medida con el argumento de que no procede porque el fiscal fue trasladado del cargo. Uribe explicó que lo había recusado porque, a su juicio, mostró ira contra él en la audiencia. También denunció que no fueron consideradas nuevas pruebas que, afirma, lo favorecerían.

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Uribe había acusado a Villarreal de no ser imparcial. Subraya la relación de cercanía entre Villarreal, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, los dos últimos acreditados como víctimas en el caso contra Uribe. Montealegre y Perdomo fueron jefes y superiores de Villarreal en la Fiscalía, lo que para Uribe les resta objetividad. En respuesta a estos señalamientos en la audiencia del 24 de mayo, Villarreal exigió respeto y cuestionó la falta de pruebas del argumento de imparcialidad esgrimido.

El expresidente de Colombia (2002-2010) Álvaro Uribe durante una rueda de prensa después de declarar sobre una masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.(Foto de JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

La disputa quedó sin efecto en la práctica porque Villarreal fue asignado a otro caso y desde el 4 de junio en su lugar se encuentra la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez. La próxima audiencia del caso contra Uribe está agendada para el 10 de julio.

"Otra muestra de la persecución política en mi contra: trasladaron al fiscal que me acusó y, porque ya no está en el mismo cargo, consideran que no procede mi recusación. Sin embargo, el juicio sigue como que nada hubiera sucedido", dijo Uribe en el video publicado en X.

La Fiscalía de Colombia acusó a fines de mayo formalmente al expresidente de tres delitos: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, según expuso el entonces fiscal Gilberto Iván Villarreal en la audiencia convocada para analizar el caso.

El expresidente negó las acusaciones en su contra y aseguró que no se le ha permitido defenderse. "Parece que las garantías no se aplican para mí", afirmó.

Es la primera vez en la historia de Colombia que un exmandatario enfrenta un proceso de esta naturaleza en la justicia ordinaria. De ser encontrado culpable, Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión.

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Fernando García, director de Migración Colombia, dijo en rueda de prensa que este permiso tiene el objetivo de integrar a los tutores a la población de Colombia, darles certeza y permitirles buscar empleo y acceder a los servicios que brinda el Estado.

“Este es un instrumento que nos va a permitir regularizar a representantes legales o custodios de más de 270.000 niños y niñas y adolescentes venezolanos. Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos”, expuso.

La medida estará incluida en un decreto gubernamental. La Cancillería publicará la propuesta de decreto en las próximas horas y durante 15 días hábiles recibirá las observaciones de la ciudadanía, según informó en un comunicado.

Los tutores que podrán obtener este mecanismo son los de aquellos menores de edad que ya tienen un Permiso por Protección Temporal (PPT) para estar en Colombia.

Solángel Ortiz, directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, dijo en la rueda de prensa que el permiso busca reforzar la protección de los menores migrantes venezolanos.

“Si bien esta medida va a cobijar a los tutores de los niños, niñas y adolescentes que ya cuentan con un permiso especial, justamente el fin es proteger a los niños, niñas y adolescentes con ese enfoque diferencial, porque un niño, una niña que está en el colegio, que no tiene a su padre, que su padre no es regular, puede ser objeto de muchas formas de violencia”, argumentó.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.341 kilómetros y, en los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los principales destinos de la población migrante venezolana.

En 2023, Migración Colombia estimaba que 2,5 millones de venezolanos vivían en territorio colombiano. Este martes, autoridades colombianas calcularon que el 98% de la migración que vive en el país corresponde a personas originarias de Venezuela.

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El organismo dijo en un comunicado publicado en Facebook que la exhumación se dio por orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en respuesta a demandas de varias familias de los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia que buscan a familiares desaparecidos.

Hasta ahora, los forenses lograron establecer hipótesis de identidad para nueve de los cuerpos, indicó la JEP.

El organismo detalló que en la exhumación participaron forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la propia JEP.

CNN intenta contactar a la JEP para obtener más información del caso.

La JEP fue creada en 2017, tras el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para procesar los delitos cometidos hasta entonces en el conflicto armado que aquejó al país sudamericano. La JEP también debe administrar justicia transicional.

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Los docentes se congregaron en la Plaza de Bolívar para manifestarse frente al recinto legislativo, al que exigieron frenar la iniciativa de nivel estatutario ―que regula derechos.

“Acá está el magisterio colombiano exigiendo al Congreso de la República el hundimiento o retiro del proyecto de ley estatutaria de la educación”, dijo a CNN Nelson Alarcón, integrante de la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Agregó que los maestros se oponen a propuestas incluidas en el proyecto como la posibilidad de evaluar su desempeño según el rendimiento de sus alumnos, una medida que consideran “una evaluación punitiva, sancionatoria, para sacar a los maestros y maestros de su carrera docente”.

El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca regular el derecho a la educación y establecer cambios a los niveles inicial, básico, medio y superior para que la educación “se transforme en el principal factor de movilidad y justicia social del país”, según la exposición de motivos difundida por el Ministerio de Educación.

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CNN busca contactar al Ministerio de Educación para obtener comentarios sobre las protestas de este lunes.

Del lado del oficialismo, algunos legisladores también rechazan el proyecto de ley. Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico —la coalición que postuló a Petro—, dijo a CNN que se debe “rechazar la pretensión que tiene la oposición de destruir la reforma a la educación, sobre la base de defender aquí, el magisterio, la educación pública como principio fundamental”.

En contraste, la senadora Paloma Valencia, del opositor partido Centro Democrático, consideró que es urgente una nueva legislación educativa que incluya aspectos como la evaluación de los maestros.

“Para mejorar la calidad, que está pésima en Colombia, los niños pierden las pruebas PISA cada año que nos presentamos”, dijo en referencia al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otro senador, Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, estimó que el proyecto de ley tiene poco futuro por los días que restan para que el Congreso cierre actividades.

“La ley estatutaria de educación está prácticamente hundida. En Colombia, los tiempos parlamentarios o congresionales son muy complejos, falta un solo debate, solo está habilitado el día miércoles y, obviamente, va a ser muy difícil que una ley estatutaria salga, así que por tiempos está prácticamente hundida”, dijo.

Si la ley se da por descartada, los maestros darían por terminado este paro de labores, que fue iniciado el pasado miércoles y que deja sin clases a más de 5 millones de alumnos de colegios oficiales.

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“Informo que mi padre, junto a mi sobrino de 6 años y los dos hombres de protección, sufrieron un atentado en la vía Suárez-Cali, a la altura de Timba, afortunadamente salieron ilesos del ataque y se encuentran bien”, escribió Márquez, quien no brindó mayores detalles del incidente.

En un breve mensaje, la vicepresidenta solicitó a la Fiscalía General de Colombia investigar los hechos y al Ministerio de Defensa aque fortalezcar la presencia de las fuerzas militares y de la policía, que contribuyan, según dijo, a garantizar la seguridad en el Cauca y el Valle del Cauca.

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Por su parte, la Presidencia de Colombia informó, a través de un comunicado, que el padre de la vicepresidenta resultó ileso y que estaba siendo trasladado en un helicóptero de la Policía Nacional a la ciudad de Cali.

En tanto, el presidente Gustavo Petro, se sumó al pedido de una investigación.

“Un abrazo y mi solidaridad a la vicepresidenta Francia Márquez. Le pido a las autoridades iniciar las investigaciones pertinentes”, escribió en su cuenta de X.

-- Fernando Ramos colaboró con este reporte.

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El pleno de la Cámara aprobó la reforma por 88 votos a favor y 23 en contra, luego de que esta semana legisladores de oposición fallidamente pidieran suspender la discusión. El proyecto ya había recibido el aval del Senado a finales de abril.

La reforma, a decir de Petro y su gabinete, permitirá que los trabajadores del país tengan acceso a una "pensión digna". Para ello, plantean cambios como crear tres pilares —solidario, semicontributivo y contributivo— y la obligatoriedad de que cada trabajador cotice en un fondo público o privado según su nivel de ingresos.

Momentos después de que la Cámara aprobara la reforma, Petro festejó el hecho en su cuenta de X, antes Twitter. “Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”, escribió en la plataforma.

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Un día antes, ante el pleno de la Cámara, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se había pronunciado en términos similares, al defender la reforma y llamar a los legisladores a aprobarla para así dar a Colombia, según sostuvo, la oportunidad “de transitar hacia un país de derechos”.

La reforma, sin embargo, no despierta un apoyo unánime. Durante las sesiones de esta semana en la Cámara, políticos de oposición se declararon en contra y dijeron que puede afectar las finanzas públicas, entre otros rubros.

Catherine Juvinao, representante por Bogotá, dijo este viernes a periodistas que Colpensiones —la entidad estatal que administra el sistema público— no está preparada para recibir a los trabajadores que ahora deberá atender.

“Colpensiones hoy tiene 6,7 millones de afiliados. ¿Qué va a pasar cuando tenga 25 millones de afiliados? Yo creo que lo que hizo el Gobierno hoy y sus congresistas de Gobierno es un acto de temeridad. Aquí nos enfrentamos a que si esto sale mal en julio de 2025 vamos a estar ante una catástrofe logística, administrativa y financiera de lo que sería entonces el nuevo sistema nacional de protección a la vejez”, señaló en declaraciones a la prensa local.

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Esta misma semana, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, William Rodríguez, advirtió sobre los cambios que implica la reforma. “No vamos a tener la capacidad de resolver las solicitudes (de inscripción)”.

De esta manera, con la aprobación de esta reforma, el Gobierno de Petro se anotó este viernes una victoria política y legislativa.

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Minutos después de que detuvieran su autobús en un puesto de control en la región costera de Urabá, lo sacaron a rastras, lo golpearon hasta la muerte delante de sus compañeros de viaje y lo arrojaron a un lado de la carretera, donde sus asesinos cubrieron su cadáver con una planta de plátano. Las vacas se alimentaron después de su cuerpo, según documentos judiciales.

La brutalidad no terminó ahí. Su hija y su cuñada desaparecieron semanas después, y nunca se las volvió a encontrar. Otro miembro de la familia fue amenazado de muerte.

Lo que quedaba de la familia pronto abandonó Urabá para siempre.

Él fue solo una de las miles de personas que eran objetivo de las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, un infame grupo terrorista de derechas que, en el punto álgido del conflicto civil de Colombia cerca del cambio de siglo, fue capaz de movilizar a decenas de miles de combatientes.

Más de un cuarto de siglo después, un caso civil histórico en un tribunal federal de Estados Unidos declaró esta semana a la empresa bananera Chiquita Brands International responsable de financiar al grupo paramilitar, y ordenó a Chiquita pagar US$ 38,3 millones en concepto de indemnización a la familia de "David" y a las de otras siete víctimas cuyas identidades reales se ocultaron en los documentos judiciales.

Los detalles de esas muertes, que tuvieron lugar entre 1997 y 2004, y los relatos del impacto que tuvieron en las familias fueron leídos a los miembros del jurado antes de que deliberaran sobre si Chiquita Brands—uno de los mayores productores de bananos del mundo— había actuado "como un empresario razonable" al pagar a las AUC lo que la empresa calificó de pagos de extorsión.

Las familias argumentaron que los pagos de Chiquita Brands a las AUC habían contribuido a apuntalar la violencia del grupo paramilitar en Colombia y que, por tanto, la empresa debía ser considerada responsable de los asesinatos del grupo.

El veredicto ha sido celebrado como un gran avance jurídico. Según los abogados que ganaron el caso en Florida, es "la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una gran empresa estadounidense de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos en otro país".

"Siento una gran alegría, hemos esperado tanto tiempo y, de repente, hemos ganado. Casi había perdido la esperanza, pero Dios nos ayudó", declaró una de las demandantes a CNN tras el fallo.

La madre de cuatro hijas recordó ante el tribunal cómo su compañero fue asesinado por paramilitares de las AUC el 14 de noviembre de 2003 para presionar a la familia a vender una plantación de plátanos por debajo del precio de mercado.

"Yo no quiero el dinero, pronto me habré ido... pero al menos, para las niñas: ¡que ahora se les haga justicia!", dijo sobre la indemnización.

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En esta foto de archivo de mayo de 2000, miembros de las Autodefensas Unidas (AUC) blanden sus armas durante una sesión de entrenamiento en una zona rural de Puerto Asís, provincia de Putumayo, al sur de Colombia. (Crédito: Reuters/Archivo)

¿Un caso pionero?

El veredicto sigue a una lucha judicial de casi dos décadas por parte de las familias, que demandaron a Chiquita International tras un caso judicial distinto en 2007. En ese caso, la empresa admitió haber pagado US$ 1,7 millones en "dinero de protección" a las AUC —en aquel momento consideradas Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado— y acordó pagar al gobierno estadounidense una multa de US$ 25 millones.

Sin embargo, es poco probable que sea el último desarrollo sobre este asunto, y no solo porque Chiquita ya ha dicho que apelará el veredicto.

Marco Simons, consejero general de Earth Rights International, una ONG de derechos humanos que prestó asistencia jurídica a las víctimas, describió su estrategia jurídica como un "proceso testigo", en el que su equipo seleccionó los nueve casos más sólidos que tenían de entre más de 4.500 denuncias. Ahora espera que sigan muchos más casos.

"Ha sido un honor representar a estas víctimas durante los últimos 17 años. Aún no ha terminado, pero éste es un paso adelante significativo, y esperamos que allane el camino para la indemnización de todas las víctimas", declaró Simons en una rueda de prensa celebrada este martes en Washington.

Debido a la apelación de Chiquita Brands, Simons dice que es poco probable que alguna de las víctimas reciba pronto una indemnización. Sin embargo, afirma, el caso ha enviado un fuerte mensaje a las empresas sobre la necesidad de respetar los derechos humanos.

"En última instancia, este dinero no va a reemplazar lo que se ha perdido. Seguimos hablando de los horribles abusos que han sufrido estas familias, pero el dinero es importante porque, por desgracia, el lenguaje que mejor entienden las empresas es el dinero. A veces hace falta una sanción económica importante para cambiar el comportamiento de las empresas", dijo Simons.

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Paramilitares capturados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se paran ante los cadáveres cubiertos de sus compañeros muertos en combates con el ejército nacional el 13 de junio de 2002 en Sonsón, Antioquia, al este de Medellín. (Crédito: FERNANDO VERGARA/AFP vía Getty Images)

"Trágico para muchos"

Chiquita Brands ha mantenido en su defensa —tanto a lo largo del último caso como en litigios anteriores— que ella misma era una víctima, ya que se había visto obligada a pagar el dinero de protección a las AUC.

Aunque ese argumento no fue suficiente para convencer al jurado de que había actuado "como lo habría hecho una persona de negocios razonable dadas las circunstancias", la empresa dijo a CNN tras el último veredicto que seguía "confiando en que nuestra posición legal prevalecerá en última instancia".

"La situación en Colombia fue trágica para muchos, incluidos los directamente afectados por la violencia allí, y nuestros pensamientos permanecen con ellos y sus familias. Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no hay base legal para estas reclamaciones", dice su comunicado.

En su caso de 2007 contra el Departamento de Justicia de EE.UU., la empresa admitió haber realizado más de "100 pagos a las AUC por un total de más de US$ 1,7 millones". Chiquita registró los pagos a las AUC como "servicios de seguridad", aunque la empresa nunca recibió ningún servicio real de estos pagos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. de la época.

Eric Holder, que representó a Chiquita Brands en el juicio de 2007 antes de ocupar el cargo de secretario de Justicia bajo la presidencia de Barack Obama, declaró entonces ante el tribunal que "la empresa tuvo que pagar a diversos grupos terroristas durante más de 15 años porque esos eran los grupos que controlaban las zonas en las que operaba la empresa. No el gobierno colombiano".

Sin embargo, en ese juicio, la empresa acabó admitiendo en un acuerdo de culpabilidad que había seguido pagando voluntariamente a las AUC incluso después de que el grupo fuera declarado organización terrorista por el gobierno de EE.UU. en 2001, e incluso después de que un alto directivo presentara una objeción a la junta de Chiquita Brands reiterando "su firme opinión de vender nuestras operaciones en Colombia" debido a la cuestión del dinero de protección.

Los fiscales federales descubrieron que Chiquita Brands obtuvo US$ 49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004.

Una época de "auténtico terror"

Las AUC se fundaron en 1997, durante una de las fases más trágicas del conflicto civil colombiano, en la que el Gobierno luchaba por el control contra las fuerzas guerrilleras de izquierdas, los paramilitares de derechas y las organizaciones criminales.

En esa época, las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se movilizaban contra el Estado y aterrorizaban a la población civil. Chiquita Brands declaró en el caso de 2007 que había pagado rescates a las FARC y al ELN antes de recurrir a las AUC en 1997.

Ante la posibilidad de una revolución comunista armada en el país, terratenientes colombianos y simpatizantes de la derecha crearon grupos de vigilantes para responder a la guerrilla golpe por golpe. Las AUC fueron en su día un grupo de este tipo y pasaron los años previos a su desmovilización definitiva en 2006 aterrorizando a la población del norte de Colombia para frenar la rebelión.

En su apogeo, las AUC podían movilizar a decenas de miles de combatientes y se financiaban en gran medida con el narcotráfico: tras la desmovilización, más de una docena de líderes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico.

"Recuerdo ese periodo, fue un auténtico terror", dijo a CNN una de las demandantes indemnizadas el lunes. "Mi marido fue asesinado, pero mi hija también fue violada, había víctimas por toda la ciudad".

Según otros testimonios escuchados por los jurados en el caso judicial más reciente, una niña menor de edad fue obligada a ver desde un taxi cómo ejecutaban a su madre y a su padrastro a un lado de la calle, antes de que le dieran el equivalente a menos de un dólar para volver a casa y sobrevivir como huérfana.

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Colombia hoy

Colombia es hoy un país muy distinto de aquel en el que nacieron las AUC.

Pocos años después de la desmovilización de las AUC, un acuerdo de paz en 2016 también puso fin a 52 años de conflicto entre el gobierno y las FARC, aunque algunos disidentes siguen luchando.

Tanto los paramilitares de derecha como los guerrilleros de izquierda han sido incluidos desde entonces en procesos de justicia transicional destinados a cerrar algunas de las páginas más oscuras del conflicto.

Sin embargo, el miedo en Urabá persiste.

Salvatore Mancuso (izq.), líder de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entrega su arma al comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, en el campamento base Campo Dos de Tibú, a 600 km al noreste de Bogotá, en el departamento de Norte de Santander, el 10 de diciembre de 2004. Unos 1500 combatientes del llamado Bloque Catatumbo se desmovilizaron en un polémico proceso de paz durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

Algunos de los antiguos miembros de las AUC siguen en libertad y se han unido a un nuevo grupo de delincuencia organizada, el Clan del Golfo, que desafía el control del gobierno en el noroeste de Colombia.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que poderosos intereses empresariales siguen actuando en connivencia con políticos locales y grupos delictivos para reprimir el activismo, especialmente en defensa del medio ambiente, que puede ser un negocio peligroso en Sudamérica.

Aun así, al menos para algunas de las muchas víctimas de las AUC, el veredicto judicial de esta semana es un motivo de optimismo. Una de las demandantes que habló con CNN pidió compartir su mensaje como un acto de desafío.

"Mi hija, mi hijo, todos dicen 'mamá no atiendas el teléfono, mamá no hables'. Pero oye, el miedo solo puede durar hasta que alguien decide hablar", dijo.

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• Guía de regalos para el Día del Padre

Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración?

En la época contemporánea, el origen del Día del Padre se remonta a 1909 cuando Sonora Smart Dodd de Spokane, Washington, escuchó un sermón del Día de la Madre y quiso rendirle tributo a su padre, un veterano de la Guerra Civil que la crió a ella y a sus cinco hermanos después de que su madre muriera al dar a luz. Gracias a Dodd, que recibió el apoyo de los líderes religiosos locales, se conmemoró el primer día del padre en Estados Unidos y en 1972 el presidente Richard Nixon firmó una ley para reconocer el Día del Padre como fiesta nacional, cada tercer domingo de junio.

Aunque originalmente se trataba de una celebración religiosa, el Día del Padre se ha comercializado con el envío de tarjetas de felicitación y la entrega de regalos. Según Enciclopedia Britannica, algunos católicos romanos han seguido celebrando la fiesta de San José, el 19 de marzo, como tributo a los padres. Algunos países como España, Italia, Portugal o Honduras siguen actualmente la tradición católica.

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Día del Padre en Colombia

En Colombia el fin de semana del Día del Padre coincide con el puente festivo del 19 de junio, la celebración del Día del Sagrado Corazón.

A diferencia del Día de la Madre que está reconocido por decreto en Colombia, el Día del Padre no es oficial. Sin embargo, después de que se reconociera en Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos siguieron con la tradición de honrar a los padres todos los años cada tercer domingo de junio, incluidos México, Chile, Argentina, Costa Rica, Venezuela, entre otros.

Los padres en los hogares de Colombia

En Colombia, el 42,11% de los hogares son nucleares biparentales, es decir, con padre y madre, según cifras del Observatorio de Familia del Departamento Nacional de Planeación de 2020. Y en ese grupo, el 81% el jefe del hogar es el hombre.

En tanto, el 14% de los hogares en el país monoparentales y, de esos solo el 14% de esos el jefe del hogar es el hombre.

En el país hay pocas estadísticas sobre la paternidad, pero según los datos de 2013 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la edad de los padres del 68% de los recién nacidos estaba entre 20 y 34 años. Es decir, es un país de padres jóvenes.

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La investigación que inició la Fiscalía general en 2021 fue por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre tecnología para el manejo de los residuos de un relleno sanitario de basuras. El valor de ese contrato fue, en ese entonces, por el equivalente a US$ 85.000 actuales. Hernández, quien llegó en 2022 a segunda vuelta presidencial compitiendo contra el actual presidente Gustavo Petro, siempre insistió en su inocencia durante las diferentes audiencias judiciales.

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El 14 de marzo, cuando el juez lo encontró culpable en este caso, Hernández rompió en llanto en plena audiencia y anunció que padece un cáncer terminal. Debido a esa condición médica, el juez le concedió este jueves el beneficio de casa por cárcel. Los abogados defensores del excandidato presidencial, de 79 años, anunciaron que apelarán la condena.

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“Nosotros manejamos 100% información digital. No manejamos ningún expediente físico, pero actualmente el gestor documental no funciona y cuando recibamos 23 millones de trabajadores más, como tal, vamos a colapsar, no vamos a tener la capacidad de resolver las solicitudes y vamos a estar otra vez, como en algún momento lo estuvimos, en estado de cosas inconstitucionales”, dijo Rodríguez, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones (Sintracolpen).

La reforma pensional se debate esta semana en la Cámara de Representantes y la iniciativa, de 98 artículos, debe votarse antes del 20 de junio para no terminar archivada, informó el Congreso de la República de Colombia.

• Senado de Colombia aprueba reforma pensional y pasa a Cámara de Representantes

Durante su comparecencia, Rodríguez señaló que, para atender a los 17 millones de trabajadores que se sumarían al sistema si se aprobase la reforma, la planta de personal debería crecer “por lo menos dos veces”.

“Para poder crecer, para poder atender los 17 millones de trabajadores que con la reforma laboral vamos a tener, más los seis millones actuales, cerca de 24 millones de trabajadores, necesitamos crecer en la planta de personal por lo menos dos veces. Por lo menos. Pero actualmente tenemos como tal falencias en los procesos de selección. Entran personas que teóricamente, entre comillas, hacen el proceso de selección, llegan a los cargos, y cuando les pregunta a las personas, haga como tal actividad, no saben nada o no tienen conocimiento”, afirmó el presidente de Sintracolpen.

Rodríguez comentó que a los trabajadores de Colpensiones les preocupa que la entidad “se convierta en un fortín político de algún partido” y recordó que en sus manos está “la vida de alguna de las familias de Colombia”.

• ¿Qué propone cambiar la reforma pensional de Petro en Colombia?

CNN hace esfuerzos para contactar a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, para conocer su postura ante los comentarios de Rodríguez.

La reforma pensional de Gustavo Petro está basada en un nuevo esquema que, según el presidente, busca “eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales”.

Los que cuestionan la propuesta presidencial argumentan, entre otros puntos, que las medidas planteadas no son sostenibles porque implican recursos con los que el país, a su juicio, no contará.

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"Hemos tomado la decisión de apoyar de manera humanitaria a unos niños palestinos que viajarían con sus familias a Colombia para su rehabilitación. Y esperamos el apoyo del Hospital Militar en Colombia para poder desarrollar esto", anunció Taylor Jay.

• El Gobierno Autónomo Palestino condecora a Petro “por alzar su voz” por Gaza

La funcionaria no dio detalles de cuantos menores recibirán atención humanitaria ni en qué fecha se produciría su traslado al país.

Taylor, quien acompaña al presidente Petro en una visita oficial a Suecia y Suiza, sostuvo que se aprovechará la experiencia que tiene Colombia en el tema de atención a víctimas de la violencia.

Desde el 1 de mayo Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel por las operaciones militares en curso en Gaza que Petro ha calificado públicamente en varias oportunidades como un genocidio. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha insistido constantemente en que su guerra en Gaza se libra en defensa propia y que sus dirigentes no han mostrado ninguna intención genocida.

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El veredicto, que se produjo el lunes en una Corte federal del Distrito Sur de la Florida, concluyó que la representación jurídica de las familias de ocho víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aportó la evidencia suficiente para demostrar que la compañía financió a la agrupación entre 1997 y 2004, y que por esa razón debe compensar a los afectados.

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La empresa, sin embargo, considera que la resolución no tiene fundamento. En un comunicado emitido tras la determinación del jurado, dijo que si bien “la situación de violencia en Colombia fue trágica para muchos”, está convencida de que “no hay base legal para estos reclamos”.

“Aunque estamos decepcionados por esta decisión, nos mantenemos confiados en que nuestra posición legal será la que prevalezca”, indicó.

Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International —la organización no gubernamental de derechos humanos que representa a las familias demandantes—, dijo el lunes a CNN que eran conscientes de que Chiquita Brands International podría apelar, pero que confían en que el veredicto se mantendrá firme.

“Así que este no es el final, pero sí es un paso significativo y esperamos que esta victoria ayude a pavimentar el camino para compensación y remedios adecuados para todas las víctimas aquí”, reiteró este martes en una rueda de prensa.

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De acuerdo con los demandantes, Chiquita Brands International financió a paramilitares de las AUC entre 1997 y 2004 para sus actividades en las regiones de Magdalena y Urabá.

En 2007, Chiquita Brands International se declaró culpable en EE.UU. de haber pagado a las AUC —catalogadas por el gobierno de ese país como una organización terrorista— un monto de US$ 1.700.000, dijo entonces el Departamento de Justicia. Por esa conducta, la compañía aceptó pagar una multa de US$ 25.000.000. Sin embargo, la empresa niega que esto implique responsabilidad en las muertes a las que se refiere el juicio actual.

EarthRights International representa a unas 500 familias colombianas que reclaman haber sido afectadas por esta situación, en medio del conflicto armado en el país sudamericano desde las últimas décadas del siglo pasado.

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Según los voceros de los maestros del sector público, esta iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro va en contravía de la educación pública en Colombia.

"El proyecto de ley estatutaria debe hundirse. No se puede vender el alma al diablo, ceder en todos los derechos sólo por quedar bien con un sector al que nunca le ha importado la población más humilde del país. No vamos a permitir que regalen barato la educación pública. ¡Viva el paro nacional permanente!", sostuvo la Fecode este miércoles en su cuenta oficial de X.

Este miércoles, marchas y protestas pacíficas de profesores se registraron en las principales ciudades del país. Las actividades del sindicato contra el proyecto de ley que está a un debate de ser aprobado en el legislativo continuarán durante varios días.

Para el próximo lunes 17 de junio convocaron a una manifestación en la plaza de Bolívar en Bogotá, frente a la sede del Congreso, para manifestar su rechazo al proyecto que busca modificar algunos aspectos del sistema de educación pública, entre ellos la posibilidad de evaluar a los maestros en el desempeño de sus labores.

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"Evaluar a los maestros teniendo, como uno de los múltiples criterios, los aprendizajes de los niños, no es un error. El objetivo final es que los niños aprendan", manifestó David Luna, senador del partido Cambio Radical, uno de los ponentes de la norma que se estudia en el Congreso.

Esta es la primera ocasión, en los cerca de dos años de gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, que los maestros realizan un paro en protesta por una iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Hoy esa enmienda genera privatizaciones, genera desconfianza, golpea al magisterio cuando plantea unas evaluaciones que no consultan la realidad de lo que significa una evaluación de desempeño", dijo Domingo Ayala Espitia, presidente de la Fecode, en un pronunciamiento público en el que justificó las razones del paro indefinido.

Aurora Vergara, ministra de Educación, dijo este lunes en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a escuchar los reclamos de los maestros.

“Saludo a los maestros y maestras que se movilizan hoy por el derecho a la educación e invito al Senado a que escuche a la comunidad educativa y permita los consensos que ayuden a establecer el mejor rumbo para la educación en Colombia", sostuvo la ministra.

El paro indefinido de maestros afecta a unos cinco millones de estudiantes de instituciones públicas en todo el país que no podrán asistir a clases. El Gobierno, a través de Vergara, insiste en que la ley estatutaria busca garantizar el derecho a la educación en todos los niveles en Colombia.

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Searcy Law lidera un equipo de bufetes de abogados de todo Estados Unidos que representan a las víctimas de las AUC y a sus familias.

"El veredicto envía un poderoso mensaje: las empresas tendrán que rendir cuentas cuando las decisiones empresariales prioricen los beneficios sobre las vidas humanas", dijo Searcy Law en el comunicado.

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CNN se puso en contacto con Chiquita para solicitar comentarios.

Chiquita, uno de los mayores productores de plátanos del mundo, fue condenada por un jurado de Florida a pagar un total de US$ 38,3 millones a las familias de ocho víctimas de las AUC tras una batalla legal de 17 años, según el bufete de abogados.

Las vidas de las víctimas quedaron devastadas como consecuencia de la violencia de las AUC, afirma Searcy Law. CNN se puso en contacto con las víctimas y sus familias.

"La afirmación de Chiquita de que se vio obligada a apoyar a los terroristas porque ella misma era víctima de extorsión fue una defensa expresamente rechazada por el jurado", dice Searcy Law.

Victoria Mesa-Estrada, abogada de Searcy Law, afirmó que el veredicto es una llamada de atención para que las empresas "revalúen sus operaciones y se aseguren de que no están apoyando, ni siquiera indirectamente, la violencia o los abusos contra los derechos humanos. Esta decisión no solo hace justicia a las víctimas, sino que también honra la memoria de quienes sufrieron y murieron a causa de la codicia empresarial".

"Este veredicto es un paso monumental hacia la responsabilidad corporativa y los derechos humanos. Sienta un precedente de que ninguna corporación, independientemente de su tamaño o influencia, está por encima de la ley cuando se trata de complicidad en atrocidades", dijo otro abogado de Searcy Law, Mariano García.

"Las víctimas, cuyas vidas fueron devastadas por la violencia paramilitar, vieron por fin una medida de justicia", decía el comunicado del bufete de abogados.

Verónica Calderón, de CNNE, contribuyó a este reporte

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El jurado de este proceso civil concluyó que los demandantes presentaron pruebas de que la empresa “proveyó asistencia sustancial a las AUC en la forma de pagos en efectivo y otros medios a un grado suficiente para crear un riesgo posible para otros”, señala el veredicto, obtenido por CNN.

La empresa Chiquita Brands International aceptó haber pagado unos US$ 1,7 millones al grupo paramilitar, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro fechado en 2007.

El texto subraya que la compañía continuó haciendo los pagos aun cuando el gobierno de Estados Unidos había designado a las AUC como Organización Terrorista Internacional (FTO) y menciona que, en 2003, un funcionario de Chiquita Brands que no es mencionado en el documento dijo al Departamento de Justicia que los pagos habían continuado debido a “la amenaza de violencia”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este martes a la decisión del jurado estadounidense con un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el cual se pregunta por qué la justicia colombiana no pudo llegar a esta conclusión.

“¿Por qué la justicia de EE.UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, dice el mensaje.

Desde 2007, la organización no gubernamental EarthRights International representa legalmente a las familias que este lunes obtuvieron una resolución a su favor, así como a otras 500 cuyas demandas aún no han sido analizadas, explicó en entrevista el asesor jurídico de la ONG, Marco Simons, quien además explica que el grupo paramilitar causó la muerte de integrantes de al menos ocho familias en el territorio colombiano.

“En este primer grupo (de demandantes) hay nueve víctimas, nueve familias. (...) El jurado concluyó que ocho de las nueve demostraron que sus familiares fueron asesinados por paramilitares de las AUC. Para una de las personas fallecidas, el jurado no encontró que hubiera sido asesinada por los paramilitares; de ocho de nueve consideró que sí lo demostraron”, dijo.

La decisión del jurado implica que Chiquita Brands International debe compensar a las familias con un monto total de US$ 38.300.000. La cantidad individual varía de una familia a otra, detalló Simons.

CNN ha intentado contactar telefónicamente y a través de correo electrónico al abogado Michael Cioffi, quien representó a Chiquita Brands International en el caso, así como a Kristopher Zinchiak, director legal de la compañía, para obtener comentarios sobre la resolución, que la compañía puede apelar.

Chiquita Brands International se define como una de las principales empresas bananeras del mundo. Los orígenes de la firma datan de 1870 y adquirió su nombre actual en 1990 (antes se le conoció como United Fruit Company), de acuerdo con su página web.

Las familias de Colombia que llevaron a la compañía ante la Justicia en EE.UU., según Earthrights, argumentan que, entre 1997 y 2004, la empresa financió a las AUC en las regiones de Urabá y Magdalena, lo que derivó en la muerte de civiles. Las AUC fueron uno de los grupos que desde las últimas décadas del siglo pasado generaron violencia en el contexto del conflicto armado en Colombia.

Para Simons, la relevancia del veredicto de este lunes radica en que declara que una empresa estadounidense fue responsable de violaciones a los derechos humanos en otro país y debe hacerse cargo de ello.

“Un veredicto como este, con compensaciones económicas, no va a traer de vuelta a ninguno de los familiares, no va a deshacer el daño que está hecho, pero lo que esperamos es que veredictos como este van a ayudar a prevenir casos similares en el futuro”, dijo.

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• Video muestra el momento en que rehenes israelíes bajan del helicóptero tras ser rescatados

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“Estas decisiones de tipo personal son completamente voluntarias e individuales”, señaló en un comunicado.

Este es el primer pronunciamiento oficial del Gobierno de Colombia, luego de conocerse este jueves un video difundido por la agencia estatal rusa TASS en la que aparece un supuesto mercenario colombiano vinculado a las tropas ucranianas y quien se habría entregado al Ejército ruso.

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En cámara, el hombre, visiblemente golpeado, se identifica como Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 32 años, y muestra su pasaporte a la cámara. Agrega que inició su viaje desde Colombia tras mirar videos en TikTok. CNN no ha podido verificar de forma independiente las condiciones en las que el video fue grabado, ni lo que ocurrió antes o después de la filmación, y mantiene esfuerzos para conocer la postura del Gobierno ucraniano ante el video difundido por Rusia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los colombianos que por voluntad propia han decidido aceptar ofertas en Ucrania, tener presente que la situación actual en ese país representa un riesgo para la vida, inclusive para aquellos con experiencia militar. En el evento de que por voluntad propia se decida aceptar una oferta deben revisar adicionalmente las condiciones de vinculación, tanto en el aspecto remuneratorio y prestacional, así como el riesgo relacionado”, añadió.

La Cancillería agregó que han brindado atención a las familias de los más de 50 colombianos que han muerto durante la invasión rusa a Ucrania. Detalló que desde febrero de 2022 también han atendido cerca de 300 solicitudes de colombianos que han decidido evacuar Ucrania, y que todo tipo de asistencia consular requerida desde Ucrania debe canalizarse a través del Consulado de Colombia en Varsovia, Polonia.

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“Dejen de decir mentiras. Yo no voy a pedirle al Consejo de Seguridad que avale una Constituyente colombiana. El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más”, escribió Petro.

En una publicación anterior, también de este jueves, Petro afirmó que la polémica generada por el llamado a una eventual Constituyente para aprobar las reformas sociales que no ha podido sacar adelante su Gobierno en el legislativo ha sido combatida “desde la extrema derecha” y el llamado “‘sindicato del pasado’ con la figura mentirosa de la reelección presidencial”.

En la misma publicación, el presidente asegura que, para que se den los cambios que según él no quiere la oposición y la derecha, es necesario que el pueblo se manifieste.

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“Los adictos a la violencia, que son los mismos adictos al poder, no quieren cambios. Por eso es indispensable que el pueblo aparezca. El poder constituyente no es más que el pueblo aparezca y decida sobre sus derechos, sus sueños y su país”.

Estos pronunciamientos del mandatario colombiano llegan luego de que, a principios de esta semana, el expresidente Juan Manuel Santos difundiera una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aclarando que el acuerdo de paz firmado con las FARC no establece en ninguna parte de su contenido la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como lo han venido planteando en las últimas semanas tanto el presidente Petro como su excanciller Álvaro Leyva.

En entrevistas concedidas este martes a medios de comunicación de Colombia, el expresidente Santos señaló además que si el presidente Petro pretendía llevar temas internos de la política colombiana a las Naciones Unidas se expondría al “ridículo”.

El 14 de mayo, Petro aseguró que iría ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano no cumple el acuerdo de paz que firmó con las FARC.

Sobre el tema, se pronunció este jueves también el expresidente Iván Duque, desde Cartagena, donde participa en la Asamblea de Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), y aseguró que hablar de Constituyente en este momento en el país es inconveniente y que la intención detrás del gobierno de Petro de abordar el tema es supuestamente perpetuarse en el poder.

“Una Constituyente como la están planteando sin cumplir los requisitos taxativos que establece la carta política es un golpe a la institucionalidad de nuestro país que los colombianos no podemos aceptar. ¿Y cuál es la intención del Gobierno? Perpetuarse en el poder. ¿Por qué habla de Constituyente? Porque es uno de los mecanismos contemplados para revivir la reelección en Colombia”, afirmó Duque.

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La Policía Metropolitana de Bogotá —perteneciente a la Policía Nacional— informó en un video publicado en X, antes Twitter, que el sospechoso fue arrestado después de arrojar panfletos en las inmediaciones del penal.

“En este panfleto realizaban exigencias a la directora actual del centro penitenciario, dándole un plazo de 72 horas para trasladar a dos personas entre patios”, detalló la institución.

• Matan al director de la cárcel La Modelo de Bogotá en un ataque armado

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser procesado. CNN intenta averiguar si el detenido ya cuenta con representación legal.

La Policía dijo que realiza una investigación para hallar a quienes están detrás de las presuntas amenazas.

CNN contactó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) —responsable de las cárceles del país— para solicitar más detalles sobre la situación y si se reforzará la seguridad de la directora, y aún esperamos respuesta.

Pérez asumió la dirección de La Modelo a mediados de mayo, luego de que el anterior director murió en un ataque con armas de fuego mientras circulaba por Bogotá.

El crimen contra Fernández fue condenado por altos funcionarios de Colombia, incluido el presidente Gustavo Petro y a su ministro de Justicia, Néstor Osuna.

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El crimen ocurrió en Bogotá en enero de 2023 y desde entonces captó la atención pública en Colombia. Trespalacios era una DJ que empezaba a adquirir éxito en festivales de música y sostenía una relación sentimental con Poulos desde 2021, según recuentos de su familia y de los abogados que tomaron su caso.

Durante la audiencia judicial de este martes, el juez consideró que la evidencia expuesta por la Fiscalía es suficiente para determinar la culpabilidad de Poulos e imponerle una pena de prisión de 42 años y ocho meses. Esto es cinco años menos que lo solicitado por los fiscales, que habían pedido 47 años y medio.

Además, el juez prohibió a Poulos acercarse o intentar comunicarse con la familia de Trespalacios durante 20 años y ordenó que sea expulsado de Colombia una vez que cumpla su condena.

La Fiscalía de Colombia dijo en un comunicado que sus fiscales probaron que Poulos golpeó y asfixió a quien era su pareja e intentó esconder el cadáver.

“Los registros de las cámaras de seguridad dan cuenta de que el agresor envolvió el cuerpo de la víctima, lo ocultó en una maleta y lo abandonó en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Allí fue hallado horas después por las autoridades”, señaló la institución.

La defensa de Poulos —quien estuvo a su lado en la audiencia— sostuvo que su cliente es inocente de feminicidio, argumentó que debía ser juzgado por homicidio —y por lo tanto recibir una pena menor— y adelantó que apelará la sentencia.

El abogado defensor Fredy Spíndola dijo al canal Focus Noticias que él y su defendido piensan de los testigos “que todos estaban confabulados, que todos dijeron lo mismo”.

Por el contrario, la representación legal de la víctima celebró la sentencia, que consideró “justa” porque —señaló— reconoce que Trespalacios fue víctima de varios tipos de violencia.

“Es una decisión para nosotros justa, que se acompasa además con los elementos materiales probatorios, con la teoría del caso que nosotros teníamos desde un principio. Nosotros desde un principio establecimos que estábamos frente a una cosificación, una instrumentalización de una mujer a través de diversos factores, violencia psicológica, violencia de varios tipos, incluyendo la violencia física”, dijo el abogado Miguel Ángel del Río a Focus Noticias.

Del Río señaló también que solamente hasta que la condena quede firme en segunda instancia la familia de Trespalacios podrá promover un recurso para buscar una reparación del daño.

Poulos fue detenido en Panamá en enero de 2023, cuando intentaba volar a Turquía. Entonces, fue deportado a Colombia, donde negó los cargos en su contra, fue sometido a proceso y este martes, a casi año y medio de los hechos, fue sentenciado en primera instancia.

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"Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos les han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe", asegura Santos en su carta de dos páginas con fecha del 31 de mayo. Añade que "ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente".

• Gobierno de Colombia suspende cese del fuego bilateral con una disidencia de las FARC

Aunque el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ no señala explícitamente que el gobierno pueda convocar a una Asamblea Constituyente, la controversia proviene de la interpretación de un párrafo que se encuentra en la página 7 del documento y que, en opinión del excanciller Álvaro Leyva y, también del presidente Petro, no solo permitiría convocarla, sino que el gobierno estaría obligado a hacerlo en supuesto cumplimiento del acuerdo.

“Con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional una vez realizado el procedimiento de refrendación convocarán a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir la reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”, señala el párrafo.

El 24 de mayo, durante una jornada de diálogos con la ciudadanía realizada en Popayán, departamento de Cauca, Petro, sosteniendo el texto del acuerdo de paz con las FARC, aseguró que ese documento tiene la fuerza para convocar una Constituyente que permitiría sacar adelante las reformas sociales que no le ha aprobado el Congreso.

"Esto es un documento del pueblo, de la nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución”, señaló Gustavo Petro.

El presidente Petro ha insistido en que el acuerdo de paz se está incumpliendo y que el pueblo como constituyente primario puede organizarse para exigir que se cumpla.

Este martes, volvió a referirse al tema de la Constituyente y expresó ante el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá: "Yo no quiero reelegirme ni creo que una Constituyente es un instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente tiene que expresarse”.

Por su parte, el excanciller y asesor cercano del Gobierno de Petro, Álvaro Leyva, quien coincide en la tesis de que el acuerdo de paz permitiría convocar una Constituyente sin necesidad de pasar por el Congreso, como lo establece la Constitución colombiana, se sumó a la discusión este lunes y a través de su cuenta de X animó al presidente Petro para que eleve el tema ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Tenía yo razón: Juan Manuel Santos le escribió a la ONU dando explicaciones no pedidas. ¿O sea que fue sin querer queriendo? Y de paso insinúa que Gustavo Petro actúa de mala fe. ¡Nada de eso! ¡Al presidente se le respeta! El jefe del Estado es Petro porque el pueblo lo decidió. Ese mismo pueblo que es hoy poder constituyente y cuya voz el primer mandatario llevará al Consejo de Seguridad. ¡Adelante Gustavo! #ElSindicatoDelPasado no nos va a quitar el futuro”, escribió Leyva.

Crédito: PEDRO UGARTE/AFP/AFP via Getty Images

Critican interpretación de Petro

Este martes, el expresidente Santos, en diálogo con varios medios de comunicación colombianos, reiteró que pretender interpretar el acuerdo de paz para abrir camino a una Constituyente es un error y aseguró que si el presidente Petro insiste en llevar temas internos de la política colombiana a las Naciones Unidas lo expondría al ridículo.

“Le van a decir, señor Petro, en forma muy diplomática, muy amable: 'No nos meta a nosotros a dirimir problemas internos de política colombiana'. Y lo van a devolver diciéndole que es una equivocación que usted venga a tratar de buscar respaldo para sus tesis en Colombia. Yo espero que el canciller lo pueda convencer de que no vaya, porque si va, puede hacer, perdóname que use esa palabra, puede hacer el ridículo”, dijo Santos en entrevista con Blu Radio.

El 14 de mayo, Petro aseguró que iría ante Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano no cumple el acuerdo de paz que firmó con las FARC.

Frente a la polémica, el exjefe negociador con las FARC, Humberto de la Calle, quien lideró las conversaciones de paz durante el Gobierno de Santos, reafirmó este martes través de sus redes la postura del exmandatario expresada en su carta a la ONU y negó que el acuerdo otorgue vía libre a una Constituyente.

“Tiene razón Juan Manuel Santos: nada en el Acuerdo de Paz permite convocar una constituyente espuria. El Acuerdo fue incorporado a la normatividad jurídica, la cual incluye los requisitos para esa convocatoria. Muy triste que se piense que Colombia es una especie de Protectorado sin soberanía en el cual nos imponen una constituyente hechiza”.

La misiva de Santos, quien gobernó Colombia del 2010 al 2018, dirigida al secretario Guterres, termina solicitando que se comunique el contenido de la carta al Consejo de Seguridad de la ONU y se insista “y ojalá con más contundencia, en la necesidad de implementar el acuerdo de paz".

Este martes también se conoció una reacción del expresidente Iván Duque sobre esta discusión. A través de su cuenta de X, rechazó la idea de una Constituyente y criticó a Santos, a quien señaló de supuestamente haber ayudado a elegir “al desastre”, en referencia al gobierno de Petro.

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Riad Malki, asesor para asuntos internacionales en la presidencia del Gobierno Autónomo Palestino, dijo sobre el mandatario que “su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma”.

• Petro ordena establecer una embajada de Colombia en la ciudad palestina de Ramallah

“Usted lo ha dicho ya: si Palestina muere, muere la humanidad. Gracias por trabajar con valentía para que ni Palestina ni la humanidad mueran”, agregó.

La condecoración para Petro ocurre unos días después de que el presidente de Colombia ordenó a su Gobierno abrir una embajada en Ramallah, Ribera Occidental, como parte de su política de reconocer al Estado palestino.

Además, Petro también ha criticado la ofensiva militar que Israel lanzó contra Gaza en respuesta a los ataques de Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre.

• De partidario de Hamas a genocida: Petro y Netanyahu intercambian acusaciones por ofensiva israelí en Gaza

La agresión de Hamas dejó un saldo de unas 1.200 personas muertas y unos 250 rehenes, de acuerdo con autoridades israelíes, en tanto que unas 36.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel comenzó operaciones militares, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que no distinguen entre combatientes y civiles.

Gaza es controlada por Hamas, mientras que el Gobierno Autónomo Palestino tiene autonomía limitada en la Ribera Occidental del Jordán.

Durante la ceremonia de este lunes, Petro dijo que la condecoración “es quizá la más valiosa” que ha recibido.

CNN intenta contactar a la embajada de Israel en Colombia para saber si tiene comentarios sobre este reconocimiento.

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La dimisión debe ser analizada por la Cámara de Representantes que, si la acepta, deberá elegir a un sustituto.

En su declaración, Camargo argumentó que decidió dejar el cargo porque aceptó ser vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, donde él estudió. “Me habían ofrecido regresar para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de cara a los nuevos retos que enfrenta la educación superior, en el marco de nuevas realidades socioeconómicas”, dijo.

“Desde la academia seguiré impulsando la articulación con el sector real, con la sociedad en general y con el Estado. Tengo claro que las universidades deben ser protagonistas de primer orden en la agenda pública nacional. Estoy seguro que cumplí a cabalidad con todo lo que me propuse, y estas últimas semanas de cierre de gestión están totalmente planificadas”, agregó.

Camargo, quien fue elegido por la Cámara de Representantes en agosto de 2020, explicó que cuando se concrete su salida de la Defensoría quedará como encargado el vicedefensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.

En los últimos meses, Camargo había expresado preocupación por las condiciones de violencia en algunos departamentos de Colombia, derivadas de los enfrentamientos entre grupos disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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El funcionario dijo a reporteros que la decisión se tomó tras establecer comunicación con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) —una plataforma colombiana de organizaciones civiles entre cuyos objetivos está promover los derechos civiles y políticos a través de la observación a la integridad electoral.

Murillo agregó que, pese a no contar con una misión técnica, algunas personalidades colombianas van a estar en el grupo de invitados como veedores del proceso.

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de revocar la invitación a la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (UE), Murillo dijo que esperan que se puedan superar algunas “discusiones” que se han registrado últimamente. Aclaró que en Colombia prefieren mantenerse prudentes y sin protagonismos y contribuir en lo que esté a su alcance y soliciten el Gobierno, las autoridades y el pueblo venezolano.

• Plataforma Unitaria de Venezuela y la Unión Europea rechazan la decisión de Caracas de revocar la invitación a observadores europeos

El CNE calificó de “insolente” a la Unión Europea por mantener sanciones contra más de 50 funcionarios venezolanos y —dijo— afectar la economía del país. La UE pidió una rectificación en la medida del CNE y recordó que las sanciones emitidas son contra individuos y no contra las instituciones del país.

Mientras, un portavoz de las Naciones Unidas aseguró en un comunicado que están considerando una invitación del Poder Electoral para enviar un panel de expertos, el cual, a diferencia de otras misiones, no emitiría un informe público, sino un documento que sería entregado al secretario general de la ONU.

CNN contactó al Centro Carter y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —que fueron incluidos en la convocatoria a observadores internacionales— para conocer si ya tienen confirmación de su participación en las elecciones, sin hasta ahora haber recibido respuesta.

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“A todos los colombianos queremos comunicar la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía”, señaló Juana Francisca Llano, presidenta de Sura, en una rueda de prensa.

Según explicó Llano, Sura, que atiende al mercado colombiano desde hace más de 30 años, evaluó la decisión anunciada durante varios meses y se lo advirtió al Gobierno desde febrero desde 2023.

Luego de la rueda de prensa de Sura, el Gobierno colombiano reconoció en un comunicado que desde 2023 mantiene reuniones con las EPS “para explorar soluciones que permitan atender la crisis del sistema de salud”.

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“El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad. En Sura hemos perdido entre el año 2022-2023, 360 mil millones de pesos (US$ 93.378.168) lo que agotó nuestro patrimonio”, indicó Llano.

Asimismo, agregó que la crisis financiera que hoy enfrenta Sura es reflejo de una situación crítica que enfrenta todo el sistema de salud en Colombia.

En la rueda de prensa, la aseguradora informó que hasta que el gobierno colombiano, a través de la Superintendencia de Salud, no apruebe esta solicitud de plan de retiro, la atención a sus clientes no se verá afectada.

Cómo sería el desmonte progresivo

La solicitud de desmonte voluntario y progresivo es un mecanismo jurídico previsto en las leyes colombianas y que tiene unos términos. Una vez radicada la solicitud de autorización de retiro ante la Superintendencia de Salud, la entidad tiene 65 días hábiles para responder. De aprobarse, se iniciaría el desmonte de manera ordenada y escalonada, según el plan que presentó la compañía este martes junto a su solicitud.

Sobre el tema, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, dijo que la entidad que dirige está verificando que los documentos presentados por Sura estén en orden para iniciar el trámite de estudio.

Qué más ha dicho el Gobierno

Tras conocerse la decisión de Sura, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que, además de garantizar la prestación de los servicios de la aseguradora durante el tiempo que dure el trámite del retiro, negó su responsabilidad en la crisis y deterioro actual del sistema de salud colombiano denunciada por Sura.

El Gobierno colombiano asegura que la decisión de Sura y de otras entidades promotoras de salud de cesar operaciones solo demuestra la urgencia de establecer un nuevo modelo de salud.

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La administración de Petro propuso una reforma de salud que no ha podido salir adelante en el Congreso, que lo archivó en abril pasado.

Esta propuesta de Petro plantea un sistema de salud con mayor control estatal, menor participación del sector privado y un esquema con énfasis en la salud preventiva apoyado en centros de atención primaria en las regiones más apartadas del país.

“No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años y no se debe a situaciones coyunturales recientes. El sistema de salud requiere una transformación inmediata que asegure una atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción alguna. No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS. El Gobierno Nacional ha asegurado cada obligación financiera a las EPS”, señala el comunicado de la Presidencia emitido este martes.

Qué pasará con los afiliados

Según explicó Pablo Otero, gerente general de Sura, de llegar a ser aprobada la solicitud de desmonte voluntaria, el Ministerio de Salud cuenta con unos mecanismos definidos y le corresponderá a la Superintendencia de Salud la evaluación de las capacidades de las EPS existentes, su presencia en el territorio y las necesidades de los pacientes para así determinar a qué EPS deberá trasladarse cada usuario.

“Ofrecemos que esa asignación y ese acompañamiento sea de manera ordenada y podamos acompañar a nuestros afiliados en las continuidades de la atención en la EPS que se receptora”, aseguró Otero.

Sin embargo, entre algunos afiliados ya reina una sensación de incertidumbre frente a lo que pueda pasar de llegarse a concretar el retiro de Sura del sistema de salud.

Así lo expresó a CNN Rafael Cabrera, de 82 años, cliente de Sura en Bogotá desde hace más de 15 años. “Esto es fuerte para mí, en todos estos años no he tenido queja de la atención de Sura y me preocupa mucho qué pueda pasar ahora. Ojalá el mismo Gobierno transe algo con Sura, porque uno piensa, ¿cómo va a echarse más de 5 millones de pacientes encima sin tener claro dónde va a recibirlos?, es grave”.

Una preocupación que comparte Jackeline Ruiz, también usuaria de esta EPS: “Una tristeza la verdad esta situación, y no solo para nosotros los pacientes. Por casualidad estaba en Sura cuando se supo la noticia y la médico internista me pidió disculpas porque me atendió 20 minutos más tarde. Se puso a llorar en mi presencia, me dijo que llevaba 17 años en Sura, que había mucho personal bueno laborando y sin saber bien qué va a pasar”.

Otras reacciones

La salida de Sura se suma a las recientes intervenciones forzosas por el Gobierno a Sanitas, a comienzos de abril, la segunda más grande del país, así como a la de la Nueva EPS, la entidad más grande del sector y de carácter mixto.

Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de pacientes en todo el país, señaló en un comunicado que es inminente “el desplome del sistema de salud como consecuencia de la improvisación y negligencia del Gobierno nacional”, al tiempo que hicieron un llamado para que el Ejecutivo convoque a una mesa de trabajo con todos los actores del sector.

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“Exigimos que se proteja y garantice el derecho fundamental a la salud que desde ya está siendo vulnerado”, afirmó la organización.

El exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, dijo a CNN que la decisión de Sura es grave y tiene profundas consecuencias.

“Significa que el sistema de salud de Colombia, como lo conocemos, está llegando a su fin. La EPS Sura fue por mucho tiempo no solo la mejor del país, sino también un ejemplo, un símbolo podríamos decir, de las bondades de la alianza público-privada sobre la que se sustentaba el sistema de salud. Tristemente significa también que los problemas de atención en salud van a seguir creciendo. Estamos ante la peor crisis del sistema en 30 años”.

“No hay un plan B, una alternativa razonable para reemplazar las EPS”, puntualizó.

Según argumentó Gaviria, todos los sistemas de salud enfrentan problemas de sostenibilidad y financieros, para lo cual deben implementarse medidas que permitan su funcionamiento, algo que, en su opinión, el actual gobierno no ha hecho.

“Este gobierno se desentendió del problema. Apostó todo a una reforma fracasada. Subestimó la gravedad de la crisis y parece seguir en negación. Las crisis de salud, que son crisis de oferta (servicios que se cierran, medicamentos que no se entregan, citas que se cancelan, cirugías que se aplazan, etc.) no ocurren súbitamente. Se van profundizando día a día. Pero eso es lo que tendremos, un empeoramiento gradual y progresivo de la atención en salud en Colombia”, agregó Gaviria.

Por su parte, el también exministro de Hacienda de Gustavo Petro y profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo, afirmó en su cuenta de X que la decisión de EPS Sura demuestra que se hace urgente un diálogo con las EPS y demás actores para buscar soluciones a los problemas del sistema de salud colombiano.

Según indicó la presidenta de EPS Sura, en su rueda de prensa de este martes, aunque la solicitud de retiro voluntario del sistema de salud es una decisión ya tomada, mantienen la disposición de seguir dialogando con el Gobierno.

“Esta es una compañía que siempre está dispuesta a conversar con todos los actores, siempre vamos a estar dispuestos a conversar, lo importante es que realmente nos concentremos en crear, en mantener, en crear y mantener un sistema de salud público sostenible”, declaró Juana Francisca Llano.

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El proyecto de ley, que anteriormente había sido votado en el Senado, ahora será enviado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que lo promulgue.

Si se aprueba, habrá un periodo de transición de tres años para ayudar a las familias que dependen de las corridas de toros a encontrar nuevas fuentes de sustento.

Este martes, 93 congresistas votaron a favor de la prohibición, mientras que solo dos votaron en contra.

El representante Alejandro García Ríos, promotor de la prohibición, dijo al final de la votación que con este cambio Colombia envía el mensaje al mundo de que está “en un proceso de transformación cultural con dignidad por todos los seres y con bienestar animal”.

Colombia es uno de los ocho países del mundo que todavía permite las corridas de toros, mientras que la mayoría de los países las han prohibido en los últimos años.

• ¿En qué países siguen siendo legales las corridas de toros?

“Hoy la Cámara de Representantes favoreció a Colombia. [..] Al país: estamos priorizando el bienestar y la defensa de todos los animales, y al mundo entero decimos que Colombia está en un proceso de transformación cultural, donde todos los seres conservan la dignidad”, dijo el diputado Alejandro García, uno de los defensores del proyecto, dijeron a la cámara poco después de aprobada la votación.

El presidente Petro apoyó públicamente la prohibición de las corridas de toros diciendo: “Felicitaciones a quienes lograron que la muerte ya no sea un espectáculo”.

Con información de Mauricio Torres

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CNN contactó a la Fiscalía y a la defensa del expresidente para obtener la solicitud de recusación, pero aún no consigue respuesta.

En el escrito, Uribe solicita a Villarreal que remita el expediente a sus superiores jerárquicos para que designen un nuevo fiscal que —dice— garantice la objetividad e imparcialidad del proceso y, con ello, el debido proceso.

• La Fiscalía de Colombia acusa al expresidente Álvaro Uribe de tres delitos

El exmandatario de Colombia —primer jefe de Estado en la historia reciente de este país que enfrenta un juicio penal— manifiesta que hay varias causas para poner en duda la imparcialidad del fiscal asignado a su proceso. Entre ellas, subraya la relación de cercanía entre Villarreal y el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, ambos acreditados como víctimas en el caso contra Uribe en la audiencia del pasado 24 de mayo. Montealegre y Perdomo fueron en el pasado jefes y superiores de Villarreal en la Fiscalía, lo que para Uribe le resta objetividad al fiscal.

Uribe agrega que su solicitud de recusación no debe tomarse como una maniobra dilatoria, sino como una acción legítima para asegurar la imparcialidad del juicio.

El inicio del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar buscando testimonios en las cárceles, pero en 2018 la Corte cerró el caso contra Cepeda y decidió abrir una investigación contra el expresidente para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para que vincularan al senador. Uribe se ha declarado inocente.

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Qué sigue en el caso 

La solicitud de recusación conocida este lunes no afecta los términos del proceso contra Uribe, que sigue su curso. Las audiencias preparatorias del juicio están programadas para el 10, 11 y 12 de julio de 2024, ante el juzgado 44 penal de Conocimiento de Bogotá, liderado por la jueza Sandra Liliana Heredia. En estas sesiones, se espera que la Fiscalía presente las pruebas que sustentará durante el juicio.

Luego de las audiencias preparatorias, se espera que las diligencias judiciales se reinicien el 5, 6 y 7 de agosto de 2024, cuando se escuchará a los testigos y las partes: Fiscalía y defensa de Uribe presentarán sus pruebas.

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“Ya van 11 cadáveres encontrados por las autoridades, lo más preocupante de ellos es que muchos de ellos fueron encontrados o retenidos con vida por parte del Estado Mayor Central y luego ajusticiados”, dijo Ruiz Aguilar en la entrevista.

“Hacemos un llamado a nuestro gobierno nacional para realmente tome el control territorial en nuestro departamento”, añadió.

CNN hace esfuerzos para contactar al gobernador Ruiz Aguilar y al Ejército colombiano para averiguar más detalles.

Wilson Barco colaboró con este reporte.

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El proyecto de ley para prohibir las corridas de toros

El proyecto de ley que busca poner fin a las corridas de toros en Colombia es liderado entre otros por la senadora Esmeralda Hernández del oficialista Pacto Histórico. La iniciativa ha superado varios debates en el Congreso y está pendiente de su última discusión en la plenaria Cámara de Representantes, que estaba programada para este lunes 27 de mayo y se aplazó para el martes 28.

Este proyecto, busca que el Estado deje de permitir las corridas de toros, consideradas por quienes impulsan la iniciativa como una práctica arcaica y cruel. Si llegase a ser aprobado, habría un período de transición de tres años para ayudar a las familias que dependen de la tauromaquia a encontrar nuevas fuentes de sustento, indica el proyecto, cuyo ponente fue el representante Alejandro García, del Partido Alianza Verde.

La iniciativa propone transformar las plazas de toros en "espacios culturales y de entretenimiento", lo que podría dinamizar las economías regionales al permitir una mayor diversidad de eventos durante todo el año.

El proyecto cuenta con amplio respaldo en el Congreso y del Gobierno, reporta el medio estatal RTVC Noticias, pero aún enfrenta oposición de algunos partidos políticos, como el Centro Democrático. El debate se ha aplazado en lo que los defensores del proyecto han calificado como estrategias de dilación.

El representante del Centro Democrático Christian Garcés, uno de los opositores de la medida, ha dicho en los debates que con la prohibición se afecta a las familias cuyos negocios giran alrededor del espectáculo.

La congresista Esmeralda Hernández dice que no se trata de prohibir una cultura mediante una ley sino "adecuar la ley a una realidad cultural" en donde cada vez hay más rechazo a las corridas de toros. En algunas ciudades ha habido manifestaciones recientes para rechazar la tauromaquia.

El proyecto ya pasó dos debates en la Cámara y dos en Senado. Falta la votación en plenaria de la Cámara.

Se espera que, si es aprobado en la Cámara, sea ratificado por el presidente Gustavo Petro —quien también apoya la causa contra las corridas— para convertirse en ley.

El debate, vigente en Colombia y en otros países

Se trata de un debate que está activo en varios países de la región. A comienzos de este año, las corridas de toros regresaron en México luego de que la Suprema Corte levantara la suspensión que las mantenía detenidas desde hacía más de un año. La decisión fue motivo de controversia y los activistas por los derechos de los animales creen que las corridas representan una inherente crueldad contra los animales.

En México hay una cultura muy arraigada de las corridas. Todos los años se celebran dos temporadas (la Temporada de Novilladas y la Temporada de Grandes) en la Monumental Plaza México, que tiene capacidad hasta para 48.000 espectadores, y cuenta con reconocidos toreros del mundo.

En España, esta práctica ha estado asociada con la cultura ibérica durante siglos. Allí están autorizadas las corridas de toros aunque con algunas excepciones.

En 2010, el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, con lo que Cataluña se convirtió en la segunda región autónoma en prohibir las corridas. Sin embargo, un fallo de 2016 del Tribunal Constitucional declaró esta medida como inconstitucional, con lo que realmente se podrían volver a celebrar, pero en la práctica no se ha hecho ninguna más desde 2011.

Manifestantes en apoyo de las corridas de toros en el edificio del Congreso de Colombia en Bogotá el 8 de mayo de 2024. (Crédito: ALEJANDRO MARTINEZ/AFP vía Getty Images)

En Colombia las corridas han generado bastante discusión en años recientes. Las ferias de Cali, Manizales y Medellín, tres capitales departamentales, cuentan con ferias taurinas anuales que acogen a miles de espectadores y reúnen a los toreros más destacados del mundo. En Bogotá también hay una feria taurina a comienzos de año.

En 2018, la Corte Constitucional revocó una sentencia anterior del mismo tribunal de 2017 que le dio al Congreso un plazo de dos años para crear legislación para regular la tauromaquia, prohibiendo maltrato animal.

Luego, en 2019, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo en el que ratificó que las corridas de toros y peleas de gallo no pueden ser sancionadas como prácticas de maltrato animal si se practican como parte de una tradición cultural arraigada.

Colombia es uno de los ocho países —junto con España, Francia, Portugal, México, Venezuela, Perú y Ecuador— donde la tauromaquia es legal, dice la Sociedad Humana Internacional. Las corridas de toros son prohibidas legalmente en muchos países como Argentina, Canadá, Cuba, Dinamarca, Italia y Gran Bretaña, según esa organización.

Con información de Sebastián Jiménez, Natalia Cano y Fernando Ramos

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La acusación formal contra Uribe se produjo horas después de que la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, rechazara la solicitud de los abogados del exmandatario para decretar la nulidad de todo el proceso.

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La jueza Heredia dijo que a partir de este momento Uribe tomaba la condición de acusado.

Antes de la audiencia convocada para este viernes, el expresidente negó las acusaciones en su contra y aseguró que no se le ha permitido defenderse. “Parece que las garantías no se aplican para mí”, afirmó.

Esta es la primera vez en la historia de Colombia que un exmandatario enfrenta una audiencia de esta naturaleza en la justicia ordinaria. De ser encontrado culpable, Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión.

El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el expresidente acusó al senador Iván Cepeda de querer vincularlo con la creación de un grupo paramilitar. En 2018, sin embargo, la Corte Suprema abrió una investigación contra Uribe para determinar si él había intentado manipular a testigos para que hablaran en contra de Cepeda.

En las declaraciones que dio antes de la audiencia, Uribe dijo: “Afirmo que mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales”.

Como acusado, el hombre que gobernó Colombia de 2002 a 2010 pasará a la etapa de descubrimiento probatorio. Las fechas para las próximas audiencias serán 3, 4 y 5 de junio, 10, 11, 12, 17, 30 y 31 de julio, y 1 y 2 de agosto, según se anunció este viernes.

La Fiscalía anunció el 9 de abril que pidió a la Corte Suprema llamar a juicio al expresidente. La primera audiencia del caso se realizó el 17 de mayo.

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Este viernes 24 de mayo se reinició de manera virtual, la audiencia de acusación contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez en el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, este último agregado en la sesión de la audiencia del 17 de mayo.

Esta instancia había iniciado el pasado viernes y fue suspendida tras casi 12 horas de sesión, al término de la cual, la defensa del expresidente en cabeza del abogado Jaime Granados solicitó la nulidad de todo lo actuado en este proceso, alegando violación al debido proceso y al derecho a la legítima defensa, solicitud que fue rechazada por la Fiscalía.

Esta es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un exmandatario enfrenta una audiencia de esta naturaleza, ante la justicia ordinaria.

Antecedentes del caso Uribe

Los inicios de este caso se remontan a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar.

Tras seis años de investigación, en 2018, la situación se revirtió en contra de Uribe ya que la Corte Suprema decidió desvincular del caso a Cepeda y en cambio, abrió una indagación contra Uribe para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para que vincularan al senador.

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En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe Vélez quien permaneció privado de la libertad en su lugar de residencia en Antioquia durante más de dos meses.

Como consecuencia, el expresidente decidió entonces renunciar a su banca en el Senado y por consiguiente al fuero constitucional que ampara a los aforados en Colombia. Por eso, el expresidente enfrenta el proceso en una instancia inferior como el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá.

Durante la gestión del exfiscal general Francisco Barbosa, varios fiscales pidieron el cierre del proceso a favor de Uribe por falta de pruebas, así como también lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, en dos ocasiones los jueces se han negado al cierre del proceso.

A lo largo de este extenso caso judicial, el expresidente Uribe ha negado todos los cargos que se le imputan, ha dicho que no ha faltado nunca a la justicia y que no ha contado con las garantías para su defensa.

“Parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso, sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme”, declaró Uribe desde su casa en Rionegro, Antioquia, el pasado 17 de mayo antes de iniciar la audiencia de acusación.

De avanzar este caso y el expresidente llegar a ser condenado, podría enfrentar hasta 12 años de prisión.

Al término de la audiencia de este viernes, se espera que la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, determine a quiénes va a acreditar como víctimas en este proceso. Los postulados son el senador Iván Cepeda, Deyanira Gómez, esposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo.

La jueza Sandra Heredia tiene en sus manos el futuro de la situación legal del expresidente Álvaro Uribe, una de las figuras políticas más importantes en Colombia y jefe del partido de oposición, el Centro Democrático.

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La primera etapa de la expedición se centrará en fotografiar el galeón San José con sensores remotos “no intrusivos”, dijo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Esas imágenes se utilizarán luego para construir un inventario de los descubrimientos arqueológicos en el fondo marino.

Los resultados de esta expedición inicial podrían allanar el camino para exploraciones posteriores, que incluirían la recuperación de materiales arqueológicos del naufragio, dijo el ICANH.

Los investigadores también planean utilizar una embarcación submarina con tecnologías de posicionamiento acústico y un vehículo de operación remota con varios sensores y herramientas que puedan descender a las profundidades del sitio.

• ¿Por qué el galeón San José es importante para Colombia? Historia del naufragio y sus tesoros

"Este Gobierno está haciendo algo que no tiene precedentes (...) explorar el hundimiento del galeón como una posibilidad de entender la historia y la cultura", dijo este miércoles el ministro de Cultura, Juan David Correa, en una conferencia de prensa desde la ciudad portuaria de Cartagena, donde se lanzó la expedición.

El Gobierno también declaró el sitio del descubrimiento como Área Arqueológica Protegida nacional para “preservar su valor científico y arqueológico”, anunció el ICANH este miércoles.

Colombia dijo que encontró el galeón el 27 de noviembre de 2015 con la ayuda de científicos internacionales.

Pero esa afirmación fue cuestionada por la firma estadounidense Sea Search-Armada, LLC, que sostiene que su predecesora Glocca Morra Company Inc. descubrió el naufragio a principios de los años 1980. La empresa lanzó una batalla legal contra el gobierno colombiano en la Corte Permanente de Arbitraje, y alegó que tiene derecho a aproximadamente US$ 10.000 millones, la mitad del valor estimado del tesoro del naufragio.

Colombia cuestiona los reclamos de la firma.

El galeón San José se hundió en una batalla con barcos británicos frente a las costas de Cartagena en 1708. Llevaba cofres llenos de esmeraldas, millones de monedas de oro y otros bienes valiosos.

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El funcionario dijo que esta medida es parte de la política exterior que impulsa Petro junto con otros gobiernos para reconocer un Estado palestino.

“Colombia ya había reconocido en gobiernos anteriores, en el Gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos, reconoció a Palestina como Estado, y el presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramallah, la representación de Colombia en Ramallah, ese es el próximo paso que vamos a dar”, señaló ante periodistas.

• ¿Existe un Estado palestino? La respuesta es compleja y encierra una controversia

El anuncio ocurrió horas después de que España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán al Estado palestino, y mientras Petro sostiene tensiones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la guerra contra Hamas en Gaza.

Murillo reiteró este miércoles que Colombia condena las agresiones de Hamas, pero rechaza la respuesta de Israel.

En esa línea, argumentó que la intención de abrir una embajada en Ramallah no es una medida contra Israel sino —aseguró— en favor de que existan dos Estados.

“Cada vez más países van a reconocer a Palestina, y esto no es nada en contra de Israel o del pueblo de Israel o de los judíos, sino que en Naciones Unidas se acordó, en el contexto de los Acuerdos de Oslo, que se creara una solución de dos Estados. Y por eso, si usted necesita dos Estados, obviamente requiere que se reconozca a Palestina como un Estado pleno”, dijo.

CNN solicitó comentarios sobre el asunto a la embajada de Israel en Colombia.

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Murillo fue designado durante una ceremonia en el Palacio de Nariño en la que Petro reconoció su trabajo previo como embajador en Estados Unidos. Más tarde, Murillo resumió en un mensaje a los medios cuáles serán sus objetivos.

“Vamos a trabajar desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una política exterior que promueva la paz, que promueva la vida y la dignidad humana, y que profundice en la democracia en un contexto de justicia social, y hacer una diplomacia de los pueblos, una diplomacia de la sociedad civil, de la ciudadanía”, dijo.

• Petro nombra a un nuevo comandante del Ejército mientras busca un mayor despliegue militar contra la inseguridad

Casi a la par de que se formalizaba el nombramiento de Murillo como canciller, su antecesor, Álvaro Leyva, hizo pública su carta de renuncia al cargo, en el cual había quedado suspendido por tres meses después de que la Procuraduría consideró que incurrió en irregularidades al cancelar una licitación para la elaboración de pasaportes.

La defensa de Leyva argumentó entonces que la Procuraduría no tenía facultades para sancionarlo, pero el aún funcionario aceptó la suspensión. Ahora, finalmente, decidió separarse de la Cancillería.

“Nadie podrá decir que no cumplí con mis deberes cabalmente”, dijo Leyva en su carta dirigida a Petro, fechada el 20 de mayo y la cual difundió en su cuenta de X.

El relevo en la Cancillería de Colombia ocurre a tres meses de que Petro cumpla dos años de mandato y mientras el país vive tensiones diplomáticas con Israel por la guerra en Gaza.

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El nombramiento se dio en coordinación con el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, e implica el reemplazo del hasta ahora comandante militar Luis Ospina Gutiérrez, agregó el comunicado.

Cardozo Santamaría tiene grado de magíster en seguridad y defensa y en altos estudios militares, según el Ministerio de Defensa. La institución añadió que el mayor general tiene más de 35 años de experiencia en el Ejército, ha sido comandante de División y de Ingenieros Militares y es originario del Valle del Cauca, una zona donde el Gobierno busca reforzar el despliegue de militares para combatir la inseguridad.

• Colombia denuncia ataques de disidencias de las FARC en Cauca: una "motobomba" dejó varios heridos

Antes de que el nombramiento de Cardozo Santamaría se diera a conocer, autoridades reportaron la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el municipio de Jamundí. La Policía dijo que en el ataque resultaron levemente heridos dos policías, tres menores de edad y un adulto civil, y atribuyó los hechos a grupos disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las disidencias están formadas por distintos grupos que no aceptaron los acuerdos de paz que las FARC firmaron con el Estado colombiano en 2016.

El Ejército de Colombia informó más tarde en su cuenta de X —antes Twitter— que sus tropas se están desplegando en Jamundí y agregó que tiene una línea telefónica para que la ciudadanía reporte posibles actos terroristas.

Después del ataque en Jamundí, Petro dijo en X que ordenó a la cúpula militar que se dirija al Cauca e instale ahí un consejo de seguridad permanente que coordine las actividades para enfrentar a quienes siguen “atemorizando a la población con actos terroristas”.

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Las disidencias de las FARC atacaron la estación de Policía del municipio de Morales, Cauca, este lunes, en un hecho por el que el ministerio de Defensa ordenó "el despliegue inmediato de las tropas de Fuerzas Especiales del Ejército" para apoyar a la Policía que controlaba el orden público.

Por ese motivo anunciaron en la mañana de este lunes un despliegue por aire y tierra para “contrarrestar” los ataques, señalaron en publicaciones oficiales de la red social X (antes Twitter).

El Ejército atribuyó los ataques a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), específicamente a los grupos Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Dos patrulleros de la Policía murieron en este hecho, informaron las Fuerzas Militares de Colombia en X.

El presidente Gustavo Petro dijo en X: “Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente”.

Otro ataque ocurrió en el vecino departamento de Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, donde alrededor de las 6:15 de la mañana hora local, explotó una motocicleta cargada de explosivos, según dijo a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Carlos Germán Oviedo. Además, aseguró que tienen imágenes del posible autor y que dentro de la investigación se contempla entre los presuntos responsables a la disidencia Jaime Martínez.

Dos policías, tres menores de edad y un adulto civil resultaron levemente heridos, agregó el funcionario policial.

Sobre este ataque, Oviedo dijo que se presume que iba contra policías que llegaron a reforzar la seguridad en la zona y que se hospedan a unos 200 metros de donde ocurrió la explosión.

El Ministerio de Defensa de Colombia ofreció una recompensa de 500 millones de pesos (unos US$ 130.000 al cambio actual) por información que permita la ubicación y captura de los máximos cabecillas de la disidencia ‘Jaime Martínez’. Recompensas más bajas, de 100 millones de pesos (unos US$ 26.000), se ofrecieron por información de los responsables del atentado en Morales, Cauca.

-- Ilse Borrero colaboró con este reporte.

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Es la primera vez en la historia del país sudamericano que un exmandatario comparece en una audiencia de esta naturaleza, que es la antesala del juicio formal. De llegar a ser condenado, Uribe podría pasar hasta 12 años en prisión.

• El caso contra Álvaro Uribe, según el exvicepresidente de su gobierno

Durante la jornada se leerá el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación contra Uribe y las supuestas víctimas del caso, entre las que se encuentra el senador Iván Cepeda, quienes expondrán todos sus argumentos para que luego la juez los acepte o rechace como víctimas en esta causa.

Antes de iniciarse la diligencia judicial, Uribe, quien se ha declarado inocente a lo largo de estos seis años, afirmó desde su lugar de residencia en Ríonegro, Antioquia, que no se le han dado garantías durante todo el proceso.

“Parece que las garantías no se aplican para mí”, declaró y agregó que le negaron la presunción de inocencia.

Este caso comenzó hace seis años cuando la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al exmandatario. En ese momento Uribe Vélez se desempeñaba como senador, pero renunció a su curul en el Legislativo. Con ello perdió el fuero constitucional que lo amparaba y la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer su caso. Por eso, el expresidente enfrenta el juicio en una instancia inferior como el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá.

Uribe Vélez ha insistido en que nunca dio instrucciones al abogado Diego Cadena (también en juicio dentro de este caso) para sobornar testigos y conseguir testimonios de exparamilitares que declararan en su favor para contradecir así al senador Cepeda, una de las cuatro víctimas del caso.

El inicio del proceso se remonta a 2012. Uribe denunció entonces a Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar buscando testimonios en las cárceles, pero en 2018 la Corte cerró el caso contra Cepeda y decidió abrir una investigación contra el expresidente para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para que vincularan al senador.

Durante la gestión del exfiscal general Francisco Barbosa, varios fiscales pidieron el cierre del proceso a favor de Uribe por falta de pruebas, así como también lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, en dos ocasiones los jueces se han negado al cierre del proceso.

En abril, con la designación de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía, el Ministerio Público solicitó llamar a juicio a Uribe.

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Fernández fue atacado mientras circulaba en su vehículo por avenidas de Bogotá, dijo Osuna. Agregó que las autoridades desplegaron “un operativo candado” en la capital colombiana para detener a los responsables de los hechos.

“A los asesinos, (quiero) decirles que no nos van a amedrentar y que saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia”, señaló el ministro.

El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X que por estos hechos el Gobierno realizará un consejo de seguridad extraordinario “para establecer medidas para todas las cárceles del país”.

Fernández, coronel retirado, había asumido la dirección de la cárcel La Modelo el 4 de abril y realizaba requisas aleatorias como una medida para mantener la disciplina en el penal, agregó Petro.

Este no es el primer hecho violento contra personal penitenciario de Colombia en lo que va del año. En febrero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dijo a CNN que en las primeras semanas de 2024 dos guardias habían sido asesinados y se habían registrado cinco atentados contra funcionarios.

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La Fiscalía dijo que los detenidos presuntamente constituían una red que suministraba registros de identidad, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos, por los que cobraban entre US$ 2.000 y US$ 4.500. Según el comunicado, los migrantes usaban los documentos para viajar a Europa, Guatemala o México y, desde allí, hacia Estados Unidos.

Tanto la Fiscalía como la Policía dijeron que entre los detenidos hay tres funcionarios de la Cancillería de Colombia y tres de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Tras conocerse la noticia de los arrestos, la Cancillería dijo en un comunicado que había pedido a la Policía y otras instituciones investigar la posible existencia de “redes asociadas a trámites irregulares”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá trabajando de forma articulada con las autoridades de investigación en pro de asegurar que los trámites se realizan de manera transparente, cumpliendo con el objetivo del Gobierno nacional de acabar con la corrupción en el sector público. En este momento se encuentran en curso otras investigaciones, de las cuales se espera tener resultados pronto”, añadió.

CNN intenta contactar a la Registraduría Nacional para pedir comentarios sobre estas detenciones. CNN también trata de averiguar si las personas detenidas ya tienen representación legal.

Las detenciones se realizaron en Bogotá y en otras localidades de los departamentos del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre.

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En lo internacional: ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, seguido de un fuerte cruce de mensajes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netahyahu. "Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa", afirmó Petro en X el sábado en reacción a una declaración de Netanyahu en la que afirmó: "Israel no va a recibir lecciones de un antisemita".

Varios usuarios aprovecharon ese escrito para pedirle en los comentarios al presidente que se encargue primero de los problemas de orden público en Colombia, mientras que otros apoyan su postura crítica frente a Israel y a favor de los palestinos.

En el ámbito local, la situación no es menos tensa. Petro enfrenta varios escándalos por presunta corrupción que han salpicado a integrantes de su Gobierno y hasta a congresistas.

El más sonado de ellos es el que de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene que ver con el presunto sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades más pobres del Departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, y el supuesto pago de coimas, con esos dineros, a algunos congresistas para que apoyen las reformas sociales que impulsa el Gobierno en el Legislativo.

La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, en materia penal, la Procuraduría General, en materia disciplinaria y la Contraloría, en materia fiscal y administrativa, han iniciado investigaciones por este caso.
"La orden es desmantelar por completo el régimen de corrupción en la Ungrd y en todas las entidades del Ejecutivo", dijo este domingo el mandatario. También ordenó la creación de una mesa técnica para esclarecer el uso indebido de recursos públicos.

Petro está enfrentado además una crisis en la política de “paz total” tras el anuncio, la semana pasada, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de retomar los secuestros extorsivos, algo que incumple el acuerdo logrado en diciembre de 2023 tras la presión por el secuestro del padre del futbolista de la selección de Colombia y Liverpool, Luis Díaz.

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Esto se suma a las dificultades que enfrenta el cese del fuego con disidencias de las FARC luego de ataques a soldados y a la población civil, especialmente en el departamento del Cauca.

En su cuenta en X, Antonio García, jefe del ELN, ha hecho una serie de acusaciones contra el mandatario. Dice que habría recibido dinero producto de la extorsión y el secuestro cuando era integrante del desmovilizado grupo guerrillero M-19. "O sea, que las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. Qué lindo el doble rasero", escribió García en X, a lo que Petro respondió con risas, también en X: "A la desmovilización militar del M-19, que no política, llegué en 1989 con dos blue jeans y tres camisas y volví a dormir en el piso de la cocina de un apartamento en Bogotá. No me arrepiento. A las insurgencias les hace mucho daño la gran riqueza, les afecta las ideas, se vuelven opresoras o enloquecen. Se olvidan del bien más preciado de un pueblo que es la paz".

Las disidencias de las FARC, actualmente en un accidentado diálogo de paz con el Gobierno también se han mostrado desafiantes ante el mandatario. "Presidente Gustavo Petro anuncia ofensiva total contra las FARC-EP cierra las puertas del diálogo y la paz. Su verdadero rostro no dista mucho del de gobiernos anteriores. “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, afirmaron las disidencias del llamado “Estado Mayor Central” en su cuenta de X el 6 de mayo tras el anuncio del Gobierno de perseguirlos por los ataques a soldados en Cauca. CNN ha pedido entrevista con el presidente Petro sobre estos y otros temas y hasta ahora, no ha recibido respuesta.

Ante estos escenarios adversos, Petro ha optado por reanudar su agenda interna en el "gobierno con los barrios populares", en jornadas que ha realizado en Cali, Cartagena, Barranquilla y el eje cafetero. Allí, en discursos desafiantes y para algunos analistas, hasta amenazantes, ha insistido en su idea de una Asamblea Constituyente, pero no por los canales establecidos en la Constitución de Colombia, que implicarían la aprobación previa en el Congreso, donde no tiene mayoría, sino una que, según él, el propio pueblo convoque y tome decisiones autónomas para implementar las reformas sociales que plantea el Gobierno.

El 11 de mayo propuso también un acuerdo nacional para un referendo que busque avalar sus reformas. "Por eso los invito, señores de la oligarquía colombiana, del establecimiento o como quieran llamarlos, de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional para las reformas sociales de Colombia, para la construcción de una verdadera democracia. Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular, a través del referendo constitucional en Colombia, para que el pueblo diga sí o no”, sostuvo Petro en un discurso público en Cali el 10 de mayo.

Crítico del Gobierno, el exministro de Hacienda y exnegociador de paz, Juan Camilo Restrepo, dijo a CNN que todo son cortinas de humo del presidente para que los escándalos y la falta de gestión pasen a un segundo plano. "Primero dijo que no convocaría una Asamblea Constituyente; después que sí lo haría; y ahora sale con el anuncio de que lo que promoverá será un referendo constitucional. Sin hacer claridad si dicho referendo se convocará respetando el procedimiento previsto en la Carta del 91 o al margen de ella" sostiene Restrepo.

Y es que el presidente Gustavo Petro ha manifestado que su iniciativa lo que busca es lograr una serie de cambios en la estructura del Estado a través del constituyente primario. "El poder constuyente, que no necesariamente es una constituyente, es para llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991", sostuvo el mandatario el domingo. Entre esos temas están una reforma agraria contemplada en el acuerdo de paz con las FARC, políticas para el cambio climático, nuevo ordenbamiento territorial, reforma política y a la justicia, garantiías de acceso a la salud, a la educación y pesión, estatuto del trabajo y perdón social para una paz duradera, según expuso en X.

"Su discurso constitucional suena más como una amenaza ofuscada contra el Congreso si no le aprueba a pie juntillas todas las reformas propuestas o imaginadas, que como el fruto de una reflexión constitucional madura. El confuso tema constitucional se ha convertido en un cómodo biombo que saca a relucir siempre que quiere justificar algún agravio o sustentar alguna improvisación, de los tantos con que adoba sus encendidos discursos", concluye el exministro de Hacienda.

El fin de semana, “Iván Márquez”, jefe de un sector de las disidencias de las FARC llamada Segunda Marquetalia y con el que el Gobierno adelanta una fase inicial para una negociación de paz, según anunciaron en un comunicado conjunto en febrero, dijo estar de acuerdo con el proceso constituyente de Petro. “En este nuevo momento en que, gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna, debe quedarse con los brazos cruzados”, manifestó Márquez en un video difundido el sábado en el marco de un foro binacional de paz entre Colombia y Venezuela. Un apoyo a una controvertida iniciativa que, algunos sectores de la oposición política, han rechazado. "Criminales como este que ahora aparece para apoyar a Petro, deben estar en una cárcel en Colombia o EE.UU pagando por sus delitos. Estos son los únicos apoyos que recibe el frenético Petro y que claramente dudaría en rechazar", sostuvo la senadora Maria Fernanda Cabal en su cuenta en X.

Esta es la primera aparición pública de Márquez desde julio de 2023, cuando algunos medios locales e internacionales afirmaron que había muerto como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado meses antes. La noticia fue desmentida posteriormente por el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, quien afirmó haber conversado con Márquez tras las publicaciones.

El presidente Gustavo Petro, sin mostrar pruebas, ha sostenido públicamente en varias intervenciones en los últimos días y en redes sociales que en su contra hay un "golpe blando" e incluso ha dicho que hay planes para asesinarlo. Todo esto, a propósito de una investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presunta violación al límite máximo de dinero para su campaña en 2022 y en la que hay una ponencia que deberá ser estudiada por la sala plena del CNE, en la que se pide investigar la actuación del entonces candidato y de su gerente de campaña. Petro se ha defendido públicamente de estos señalamientos y su equipo jurídico ha dicho que hay una extralimitación de funciones del CNE.

"Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia", afirmó Petro al conocer la ponencia de dos magistrados que piden a la sala plena del CNE formular cargos en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del mandatario.

La gente participa en una marcha contra el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 21 de abril de 2024. (Crédito: RAÚL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images)

“Empezaron a hablar de tumbar al presidente cuando se cambió al fiscal general de la Nación. Empezó a desesperarse esa clase poderosa, económica y política, que no quiere que una Fiscalía decente esturgue en una serie de procesos y desesperados, entonces intentan acabar con las instituciones democráticas del país antes de ser descubiertos”, sostuvo Petro en un discurso en Pereira el 9 de mayo.

Los escenarios en los que se mueve el mandatario, el primero de izquierda en llegar a ese cargo, a poco menos de dos años de iniciado su mandato en 2022, no son nada fáciles. Y en los dos años que le quedan por gobernar tendrá que buscar la manera de sacar adelante algunas de sus reformas en medio de la creciente presión en las calles, como la marcha registrada el 21 de abril y que fue contrarrestada por Petro en la movilización del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

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"Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal", escribió Petro este viernes en la red social X, antes Twitter.

Este sábado, Netanyahu se avocó a la misma red social y dijo que "Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!".

Este sábado, Petro respondió al líder israelí y dijo que "los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino".

"No soy partidario de Hamas, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica", agregó en otro mensaje de X.

• ANÁLISIS | Por qué no hay final a la vista para la guerra en Gaza

Las declaraciones de los líderes de ambos países han ido subiendo de tono desde el primero de mayo, cuando Petro anunció que Colombia rompería relaciones diplomáticas con Israel por su ofensiva militar emprendida en Gaza.

En su momento, el canciller israelí, Israel Katz, criticó la medida y dijo que el país seguiría "protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor".

Israel emprendió una ofensiva militar contra Hamas en Gaza luego de que militantes del grupo perpetraran el 7 de octubre un ataque en territorio israelí que dejó más de 1.200 muertos y en el que se secuestraron a cientos, de los cuales se estima que decenas siguen en manos de los extremistas y son pieza clave de las negociaciones entre ambos bandos para lograr un cese del fuego.

Luego del ataque de Hamas, la ofensiva israelí en Gaza ha cobrado la vida de más de 35,000 personas y una crisis humanitaria, según datos del Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas. Las cifras no pueden ser confirmadas por CNN debido a la falta de acceso a medios de comunicación al enclave costero.

Mientras que Israel ha dicho que tiene derecho a defenderse y que acabará con Hamas, su movilización bélica también ha sido objeto de críticas de la comunidad internacional y, particularmente de Estados Unidos, un socio estratégico que, incluso, ha amenazado con parar los envíos de armamento hacia el país si no se abstiene de una incursión militar a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde actualmente se estima que hay más de 1 millón de desplazados por el conflicto.

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En Colombia y EE.UU. festejan a las mamás el segundo domingo de cada mayo, es decir el día 12 para este 2024. Una fecha que, por lo tanto, varía año con año.

Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración?

En la época contemporánea, el origen del Día de la Madre se remonta a mayo de 1907, cuando Anna Jarvis quiso rendirle un tributo a su madre, Anne Reeves Jarvis, en una iglesia metodista de Virginia Occidental después de su muerte. Gracias a Jarvis se conmemoró el primer Día de la Madre en Estados Unidos y en 1914 el entonces presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre como fiesta nacional.

Día de la Madre en Colombia

El reconocimiento oficial del Día de la Madre en Colombia llegó unos 11 años después, cuando el entonces presidente Pedro Nel Ospina decreto el segundo domingo de mayo la fiesta nacional de la Madre en todo el territorio, bajo la Ley 28 de 1925. 

Sin embargo, a pesar de que la fecha para las celebraciones del Día de la Madre se estableció en esa fecha bajo esta ley, en el departamento Norte de Santander los festejos ocurren el último domingo de mayo, según informan Semana y otros medios colombianos.

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Tras doce días de cautiverio, una fuerte presión de la opinión pública y las advertencias del Gobierno de suspender las negociaciones, el grupo armado ilegal entregó a Díaz padre a una comisión humanitaria conformada por delegados de la Iglesia católica y funcionarios de Naciones Unidas. Ese episodio permitió que días después, el 17 de diciembre de 2023, y en el marco del quinto ciclo de conversaciones en México, los negociadores del ELN se comprometieran a suspender los secuestros con fines extorsivos.

El padre de Luis Díaz en conferencia de prensa. AFPTV

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Pero este lunes ese compromiso se rompió tras el anuncio del grupo guerrillero, mediante un comunicado de prensa, de que volverá a esa práctica ilegal que viola el derecho internacional humanitario. El argumento del ELN es que el Gobierno se comprometió a constituir un Fondo Multidonante para financiar a ese grupo una vez que cesaran las retenciones ilegales. "A la fecha, 3 de mayo de 2024, el Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminada su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", se afirmó en el escrito publicado en las redes sociales del grupo.

El Gobierno de inmediato respondió a esos argumentos y manifestó, a través de Vera Grabe, jefa del equipo negociador delegado por el presidente Petro, que ese nunca fue el compromiso adquirido. La delegación aseguró en un comunicado que el Fondo Multidonante "está diseñado para financiar las actividades de paz entre ambas partes" y que "de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro o la interrupción de otra acción específica incluida en el cese al fuego". Y añadió: "El comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano".

Para algunos analistas políticos como Ricardo Galán, director del portal digital Libreta de Apuntes, lo que busca el ELN es llegar fortalecido al próximo ciclo de negociaciones: "Están jugando a llegar muy fuertes a la mesa en la reanudación de los diálogos en junio y para eso quieren sacar ventaja. Quieren que el Gobierno y la comunidad internacional aporten fondos para que dejen de secuestrar y eso no es posible ni ética ni moralmente".

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El ELN advirtió en el comunicado de este lunes que, aunque volverán a secuestrar, mantendrán el compromiso del cese al fuego bilateral que fue prorrogado por seis meses el 5 de febrero de este año. Pero algunos, como José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan), no están de acuerdo con que haya que “pagarle a los delincuentes para que dejen de delinquir”.

"Yo no puedo estar de acuerdo con eso, si el ELN vuelve a secuestrar yo me retiro de la mesa de negociaciones. No se puede pasar por alto un hecho calificado a nivel global como un delito de lesa humanidad. Eso es repudiable", le dijo Lafaurie a CNN.

Los diálogos de paz con el ELN son la columna vertebral de la llamada política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, un proceso que parece dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, y que ha atravesado varias crisis desde que se reinició el 12 de diciembre de 2022 en Caracas.

Esta nueva crisis se da en momentos en que hay dificultades para avanzar en otros procesos paralelos con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, con las que el Gobierno ha suspendido parcialmente el cese al fuego por violaciones a los acuerdos de no agresión. "Y la pregunta entonces es: ¿y ahora qué? Más allá del tema del ELN, también están los combates del Ejército con las disidencias, especialmente en el departamento del Cauca, donde el fin de semana fueron asesinados 4 soldados. Eso también está golpeando a la Paz Total. La gente empieza a sentir que las guerrillas están aprovechando la generosidad del Gobierno para volver a sus fechorías y que se están convirtiendo en un peligro para la seguridad nacional", sostuvo el analista Ricardo Galán.

El actual proceso de paz es la continuidad del que se inició durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2014 y que fue suspendido durante el mandato de Iván Duque en 2019 tras el ataque terrorista a una escuela de formación de cadetes de la Policía. En gobiernos anteriores también se habían intentado negociaciones que resultaron fallidas por falta de acuerdo entre las partes.

El 21 de abril, en una entrevista con el diario El País, de España, "Pablo Beltrán", nombre de guerra de Israel Ramírez Pineda, y uno de los jefes del ELN, dijo que "la negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque". Y, por el anuncio de esa guerrilla de volver a secuestrar con fines extorsivos, todo parece indicar que no está muy cerca un acuerdo que ponga fin al conflicto con ese grupo alzado en armas.

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El primer comandante del ELN, Antonio García, difundió en su cuenta de X —antes Twitter— un comunicado en el que el grupo acusó al Gobierno de incumplir un punto de su acuerdo de cese del fuego suscrito en agosto de 2023 y prorrogado en enero pasado: el establecimiento de un Fondo Multidonante.

“El Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo”, dijo el comunicado de la Dirección Nacional del ELN. “Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”, agregó.

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La guerrilla aseguró que, a pesar de esta decisión, continuará con el cese del fuego y “mantiene su disposición de retomar y acordar nuevos acuerdos en coherencia con el horizonte de solución política al conflicto”.

Del lado del Gobierno, la respuesta no tardó en llegar. Alrededor de una hora después de que se publicó el anuncio del ELN, la delegación negociadora del Ejecutivo difundió un comunicado en el que criticó la determinación del grupo.

La delegación argumentó que el Fondo Multidonante está diseñado para financiar las actividades de paz entre ambas partes y “de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro o la interrupción de otra acción específica incluida en el cese al fuego”.

“La delegación del Gobierno siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación”, dijo. “Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional y ponga fin a cualquier forma de secuestro”, añadió.

Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia y quien en agosto próximo cumplirá dos años de mandato, ha hecho de su llamada política de “paz total” una de las banderas de su gestión. Sin embargo, en el proceso ha encontrado obstáculos como tensiones con los grupos armados, además de críticas por parte de la oposición.

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"Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración", advirtió el presidente Petro el viernes al tiempo que anunció una comisión institucional para investigar los hechos.

• ANÁLISIS | Petro se juega su mandato en las calles

Los señalados son la ahora exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, quienes fueron mencionados en sendas entrevistas concedidas a las revistas Cambio y Semana por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), como beneficiarios de esa presunta trama.

Tanto Ortiz como Idárraga se pronunciaron en comunicados públicos y se defendieron de las acusaciones. Este lunes Petro solo aceptó la renuncia de Ortiz y dejó en su cargo a Idárraga.

"Enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para defender mi honra y mi buen nombre", afirmó Ortiz en un comunicado.

Por su parte, Andrés Idárraga dijo en su cuenta de X: "El pasado 29 de febrero denuncié pública y penalmente al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaría de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno. Ante este hecho, los investigados y su defensa responden con falsas acusaciones, mostrando su interés por buscar distractores mediáticos y enlodar mi buen nombre, en lugar de ponerle la cara a la justicia".

Aunque Idárraga no lo mencionó, el exdirector de la Ungrd es Olmedo López, quien también está siendo investigado en este caso. A través de su abogado José Moreno Caballero, Olmedo López manifestó que está dispuesto a colaborar con la fiscalía para esclarecer los hechos.

Pinilla también dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación anunciada por la Fiscalía General, que en un comunicado dado a conocer el viernes informó que brindaría todas las garantías legales y de seguridad a quienes decidan colaborar con la Justicia y que llevará esta indagación hasta sus últimas consecuencias para acusar a los presuntos responsables de los hechos.

"Por el momento, está en marcha una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor que permitan establecer el tipo de delito que se podría configurar y quiénes serían los responsables", precisó la Fiscalía en su escrito.

La investigación inicial de los posibles sobrecostos, presunto lavado de activos y falsificación de documentos fue producto de un trabajo de la emisora local W Radio Colombia.

En febrero de este año comenzaron las publicaciones de La W que llevaron a la renuncia de López y Pinilla, ahora protagonistas principales de las acusaciones contra los funcionarios.

Según las declaraciones que han dado los dos presuntos involucrados hay otros actuales integrantes del Gobierno de Gustavo Petro que tendrían responsabilidades penales.

CNN ha solicitado a la defensa de Sneyder Pinilla y Olmedo López una declaración sobre los hechos pero nos han remitido a lo que hasta el momento han declarado en medios locales sus clientes. Sostienen que a partir de esta semana todas las declaraciones se harán ante la Fiscalía General que adelanta las investigaciones.

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Corte Suprema investiga a congresistas mencionados

Pero el escándalo va mucho más allá de los presuntos sobrecostos en la adquisición de los carrotanques para llevar agua a los sectores más pobres de La Guajira.

Los exdirectivos de la UNGRD aseguran que habrían entregado dinero en efectivo a congresistas para que ayudaran en la aprobación de las reformas sociales que impulsa el Gobierno de Petro.

En sus declaraciones a Semana, Sneyder Pinilla dijo que llevó maletines con el equivalente, en promedio, a un millón de dólares a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En otra declaración al portal digital Cambio, Pinilla afirmó que la persona a la que le entregó el dinero para, supuestamente, entregárselo a Name fue Sandra Ortiz, exconsejera del gobierno para las regiones.

Name afirma que no conoce a Pinilla y que sus versiones no corresponden a la realidad.

"Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta", afirmó el presidente del Senado en un comunicado publicado el viernes.

Lo mismo hizo el congresista Andrés Calle, quien en otra declaración escrita dijo que no tenía ninguna relación con el contrato con el que se adquirieron los carrotanques y pidió a las autoridades actuar con celeridad.

"Defenderé en todas las instancias mi reputación y buen nombre, que son el reflejo de mi integridad y mi compromiso con la verdad", aseguró el presidente de la Cámara de Representantes.

La Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas, inició una investigación preliminar por estos graves señalamientos.

El analista político Pedro Viveros le dijo a CNN que este nuevo escándalo pone a prueba a Petro.

"La gobernabilidad es el equilibrio de poderes que permite cumplir con las demandas sociales y políticas en una República. De comprobarse las denuncias sobre corrupción de importantes funcionarios estatales queda en entredicho, en razón de la legitimidad las reformas pasadas, actuales o futuras. Además, de ser ciertas las afirmaciones de los principales involucrados también quedaría en entredicho la legitimidad jurídica y política de la coalición de Gobierno que llevó al poder al petrismo en 2022", sostiene Viveros.

La reacción del Pacto Histórico

Sectores del partido de gobierno Pacto Histórico han pedido a las autoridades actuar de inmediato para castigar a los presuntos responsables de corrupción.

"Sobre denuncias de corrupción que implican a funcionarios del Gobierno nacional debe haber investigación con resultados eficaces y prontos. De ser hallados responsables, sanciones ejemplares sin dilación", afirmó el senador Iván Cepeda.

En el mismo sentido se pronunció la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano: "Se están robando a Colombia, otro caso más de corrupción".

El senador Iván Name, mencionado en el escándalo, es parte del partido Alianza Verde.

Mientras tanto en La Guajira, azotados históricamente por sequías y desabastecimiento de líquido, sus habitantes piden soluciones inmediatas para el desabastecimiento de agua potable debido a la sequía, especialmente en las comunidades indígenas que viven en zonas desérticas y apartadas de las zonas rurales.

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En un comunicado que no identifica a las empresas ni a los ejecutivos sancionados, el Departamento de Estado señaló que esas navieras supuestamente realizan estas operaciones con pleno conocimiento de que exponen a los migrantes a la explotación y violencia.

El Departamento señaló que esta política de sanciones en visas va dirigida a ejecutivos de empresas que proveen transporte por tierra, por mar o en vuelos privados para la migración irregular. Se inició en noviembre pasado, con ejecutivos de compañías que fletaban vuelos desde Nicaragua.

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El director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, coronel Edwin Urrego Pedraza, anunció que esto se logró luego de hacer seguimiento durante 60 días a Escobar, arrestado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Según las autoridades, Escobar tenía notificación roja de Interpol ―solicitud de localizar y detener provisionalmente― por los delitos de tráfico local de estupefacientes, extorsión y tráfico de armas de fuego.

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Urrego agregó que, según información oficial, Escobar es sospechoso de haber asesinado a nueve policías en el estado Aragua, Venezuela, y era requerido en el país sudamericano por estos crímenes, además de extorsión, tráfico de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con el comunicado de la Policía, Escobar, quien al momento de su detención se hizo pasar por colombiano de nombre Andrés García, también estaría entre las 10 personas más buscadas de Venezuela.

CNN está averiguando si Escobar tiene defensa. CNN está intentando obtener información de la Fiscalía de Venezuela sobre este asunto.

El acusado se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Colombia, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a espera de que se cumplan los trámites para expedir la orden de captura con fines de extradición dentro de los próximos cinco días hábiles.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia no especificó cuándo regresarán los diplomáticos a su país, pero dijo que informaría a la embajada de Israel en Colombia de la medida. El comunicado del ministerio tampoco detalló si los diplomáticos israelíes tendrán que abandonar Colombia.

Los ciudadanos colombianos en Israel seguirán recibiendo la asistencia y los servicios necesarios de la sección consular de su embajada en Tel Aviv, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

• Petro anuncia que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel

La ruptura de relaciones fue anunciada el miércoles por el presidente Gustavo Petro, político de izquierda y crítico declarado de la guerra de Israel en Gaza.

Colombia insistió en que la medida no está dirigida al pueblo israelí ni a las comunidades judías, y dijo: "Nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán". La operación militar de Israel en Gaza y los daños generalizados que ha causado fueron citados como el principal motivo de la ruptura diplomática.

"Colombia no puede ser indiferente ante el enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa, razón por la cual el presidente Gustavo Petro ha anunciado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del 2 de mayo", dijo el ministerio.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia y con la embajada de Israel en Bogotá para obtener más detalles.

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“El gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”, dijo este miércoles al dar un mensaje por el Día Internacional del Trabajo en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Petro dijo que el manejo de la situación en Gaza por parte del gobierno israelí es "genocida".

CNN se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para solicitar detalles adicionales. También lo hizo con la Embajada de Israel en Bogotá y espera respuesta.

El anuncio de Petro —quien el 7 de agosto cumple dos años de mandato— se da cuando están por cumplirse siete meses del ataque del grupo islamista Hamas contra territorio de Israel que el 7 de octubre dejó unos 1.200 muertos, según una versión rectificada de Israel.

El hecho provocó una ofensiva israelí contra Hamas en la que hasta la fecha han muerto más de 34.000 personas en Gaza, cifra que no distingue entre civiles y combatientes de Hamas, según el Ministerio de Salud en este territorio palestino.

Respuesta desde Israel

Momentos después del anuncio de Petro en Bogotá, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó el anuncio del mandatario sobre el rompimiento de relaciones de Colombia con Israel.

"El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor", dijo el ministro.

Katz señaló al presidente Petro de recompensar a Hamas, diciendo que se estaba poniendo del lado de los “monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”.

El diplomático también llamó a Petro un “presidente antisemita y lleno de odio” y dijo que las relaciones entre ambos países se mantendrían cálidas, a pesar de las acciones del presidente.

Reacciones en Colombia

Mientras el anuncio de Petro fue aplaudido por simpatizantes y su gabinete —que lo acompañó en la plaza de Bolívar—, en contraste generó rechazo entre políticos de oposición.

El expresidente Álvaro Uribe transmitió un mensaje en YouTube en el que criticó la decisión.

“Queremos que Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como estados, que vivan en paz. Hace daño romper las relaciones con Israel, como ocurriría si se rompieran con Palestina. Debemos ponernos de pie para evitar el rompimiento constitucional desde la arenga callejera”, dijo Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010.

De forma similar, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, señaló en su cuenta de X que Petro toma “una decisión equivocada al romper relaciones diplomáticas con Israel”.

“Por más de 50 años Israel ha sido un aliado y socio de Colombia, de gran importancia para nuestra seguridad y nuestra economía. Colombia no se puede aislar de la comunidad internacional que defiende la libertad. Colombia no puede ser cómplice del terrorismo, flagelo que hemos tenido que soportar por décadas”, dijo.

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El mandatario señaló durante un acto público que la presunta sustracción del armamento fue detectada en inspecciones oficiales y que su gobierno hará más revisiones de este tipo en otros cuarteles.

El total de piezas presuntamente robadas asciende a dos millones 33.613, de acuerdo con un comunicado del Gobierno.

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De esa cifra, 817.864 piezas corresponderían a lo detectado en Tolemaida, y un millón 215.749 a lo cotejado en La Guajira. De ambas bases militares, lo que más se habría sustraído fueron municiones de distintos tipos, según el recuento gubernamental: 808.139 de Tolemaida y un millón 161.053 de La Guajira.

Otras piezas presuntamente robadas fueron granadas, cargas antitanque, cartuchos, cohetes RPG y misiles.

“La única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido, durante un largo tiempo, redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano”, dijo Petro este martes.

El mandatario agregó que esas armas son vendidas a grupos armados en Colombia y ofrecidas en redes de contrabando internacional. Sin embargo, no brindó pruebas de esto ni detalló si las autoridades han identificado a los presuntos responsables.

CNN intenta contactar a la Presidencia y al Ejército de Colombia para obtener más información sobre el caso y preguntar si el Gobierno ya presentó denuncias formales por este presunto robo.

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Los militares viajaban en un helicóptero modelo Mi-17 que volaba sobre el municipio de Arenal, agregó. Entre las víctimas están un mayor, un teniente, dos sargentos, dos cabos y tres soldados.

El Ejército envió a un equipo de rescate a la zona del accidente para recuperar los cuerpos.

CNN está intentando contactar al Ejército para obtener más información sobre las causas del desplome.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que el helicóptero accidentado estaba llevando tropas hasta Bolívar para las operaciones que el Ejército realiza contra el Clan del Golfo.

• Accidente de aeronave del Ejército de Colombia deja cuatro militares muertos

Tanto el mandatario como el Ministerio de Defensa de Colombia lamentaron los hechos. “Enviamos un mensaje de solidaridad, consuelo y fortaleza a las familias de estos valientes militares, que lamentablemente han perdido a un ser querido y valioso miembro de sus hogares”, dijo el Ministerio en X.

Este no es el primer hecho de este tipo que ocurre en el año. El 5 de febrero, cuatro integrantes del Ejército colombiano murieron en un accidente de helicóptero en el departamento de Chocó.

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"Hemos hablado y nos hemos escuchado. Hemos hablado de nuestros aciertos, para potenciarlos. También de nuestros errores, para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir en permanente comunicación con todo el país", dijo al término de la cumbre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Las reformas sociales que impulsa el Gobierno en el Congreso fueron tema crucial del encuentro. Luego de que se archivara el 3 de abril la reforma a la salud, por falta de mayorías políticas en el Legislativo, Petro insiste en sacar adelante sus otras iniciativas, entre las que se encuentran la reforma laboral, la del sistema pensional, la de educación y la de justicia, entre otras. Para llegar a este fin, muchos sectores políticos, incluyendo voces de su partido Pacto Histórico, consideran que lo mejor es buscar consensos en medio de las discrepancias.

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En ese sentido, el senador Iván Cepeda, un hombre muy cercano a Petro, se mostró en desacuerdo con una Asamblea Constituyente y afirmó que es necesario buscar nuevas alianzas políticas para sacar adelante las reformas. “Y si hay una crítica, que yo creo que es válida para el gobierno actual, otras también las doy por válidas, la ejecución por supuesto, es que no ha sido suficientemente perseverante para lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para esto que es este gobierno. ¿Por qué nos pusimos Pacto Histórico si no es para eso? No es posible hacer dos cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles, en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Y también la idea de una Asamblea Constituyente, yo no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo el viernes en el marco de un foro del partido En Marcha, que integra la coalición de gobierno.

Al final del encuentro en Paipa, el ministro del Interior dio a entender que esa podía ser, en adelante, la dinámica de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para poder avanzar en el estudio y aprobación de las reformas. "En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Entendemos que cuando llegamos al Congreso, llegamos con propuestas, no con órdenes. Ahí se hace un debate democrático y en el debate democrático mejoran nuestras iniciativas”, manifestó Velasco en declaraciones a los medios de comunicación al final de la jornada de evaluación de la gestión del gobierno.

La gente participa en una marcha contra el gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro en Bogotá el 21 de abril de 2024. Crédito: RAÚL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images

Petro, quien solo estuvo unas pocas horas en la reunión este domingo, no hizo declaraciones. El mandatario tiene previsto participar en las marchas de este miércoles en el marco del Día Internacional del Trabajador, donde fijaría su posición sobre el futuro de las reformas y de su gobierno, luego de las multitudinarias manifestaciones en protesta contra sus políticas sociales, la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente y los cambios en el sistema de salud pública que ha estado implementando tras el hundimiento de la reforma del sector.

"Las marchas multitudinarias de la oposición no fueron debidamente registradas ni medidas por nadie, resultaron reducidas por el presidente que optó por decir que éramos 250.000 en todo el país. El tema sería una anécdota de un gobernante en negación; pero es más que eso. Quiere iniciar algo [así] cómo una guerra de marchas. Abusivamente se tomó las marchas del 1 de mayo que tradicionalmente son masivas en todo el país", sostuvo en un comunicado este lunes la senadora Paloma Valencia del partido de oposición Centro Democrático.

Petro ha dicho públicamente que no va a gobernar más allá del 7 de agosto de 2026, cuando termina su mandato. Pero tampoco un día menos, refiriéndose a lo que él considera un “golpe blando” de la oposición para sacarlo del poder. Hay que esperar el tono y el alcance de su discurso el 1 de mayo para entender cuál será la línea de su mandato en lo que queda de su administración.

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"Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo Carlos Castañeda quien por 20 años estuvo al frente del personaje Juan Valdez. Carlos, gran y comprometido compañero de trabajo, nos deja también con los mejores recuerdos. Extendemos un fraternal saludo de condolencias a su familia y amigos", dice el comunicado.

Según la oficina de comunicaciones de la Federación, Castañeda murió este viernes en la Clínica Las Vegas de Medellín, donde se encontraba internado tras una cirugía del corazón.

"Dolor en la caficultura con la muerte de Carlos Castañeda", publicó el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta en X. El exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva, también manifestó su pesar: "Me correspondió como gerente de la Federación de Cafeteros escoger a Carlos Castañeda para suceder a Carlos Sánchez como Juan Valdez, símbolo del café de Colombia en el mundo. En el camino terminamos siendo grandes amigos. Un duro golpe. Muy triste. @FedeCafeteros".

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En la página de la Federación, hay una explicación sobre cómo nació el personaje de Juan Valdez. "El personaje fue creado por la Federación Nacional de Cafeteros en 1960 y varias décadas después, continúa siendo uno de los nombres más reconocidos a nivel mundial. A mitad del siglo XX, el mercado de café era liderado por los tostadores, quienes mezclaban los granos de distintos orígenes para que su negocio fuera más rentable. Colombia no era reconocido como un país productor y es aquí donde nace la necesidad de diferenciación. La solución fue sencilla: crear a Juan Valdez como la cara visible de un café premium 100% colombiano".

El personaje de Juan Valdez, acompañado de la mula Conchita, ha hecho presencia en centenares de eventos a nivel mundial para promocionar la bebida más reconocida de Colombia en el exterior.

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"Las restricciones que Colombia ha impuesto a la carne vacuna estadounidense como resultado de los recientes hallazgos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en vacas lecheras lactantes,
no tienen base científica. Colombia es el único país que ha restringido oficialmente las importaciones de carne vacuna estadounidense. A la USMEF le alienta que la gran mayoría de nuestros socios comerciales estén siguiendo la ciencia en este asunto", detalló Herath mediante un correo electrónico.

• ¿Qué propone cambiar la reforma pensional de Petro en Colombia?

El anuncio, publicado el 22 de abril en la página del Departamento de Agricultura de EE.UU., detalla que las restricciones para la exportación de carne estadounidense a Colombia afectan a la carne y productos derivados provenientes de Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Texas producida a partir del 15 de abril.

La USMEF sostiene que Estados Unidos es el principal importador de carne vacuna a Colombia y que las restricciones a ciertos estados son "inviables y equivocadas".

La decisión de Colombia "ha creado incertidumbre para los importadores y sus clientes, para sus proveedores, y perturbará enormemente el comercio", según la asociación.

"La USMEF aprecia los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para abordar las preocupaciones de los funcionarios colombianos y tenemos la esperanza de que este asunto pueda resolverse
lo antes posible", continúa el comunicado.

La organización calcula que Estados Unidos exportó a Colombia unos US$ 40 millones en carne y productos cárnicos el año pasado, por lo que se considera como un mercado "ciertamente activo",
aunque representa "un porcentaje relativamente bajo del total de las exportaciones" de Estados Unidos en este sector, que fueron de US$ 10.000 millones en 2023.

CNN está tratando de contactar al Instituto Colombiano Agropecuario y al Ministerio de Agricultura de Colombia para conocer más detalles sobre la decisión, así como para averiguar sus comentarios con respecto a las afirmaciones de la USMEF.

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El proyecto de ley ahora deberá pasar por la Cámara de Representantes antes de ser sancionada.

¿Qué propone cambiar la nueva reforma pensional en Colombia?

Esquema por pilares

La reforma está basada en tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo. Este último, a su vez, está dividido en un plan de Prima Media (para quienes tengan ingresos de 1 a 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes) y otro, el de Ahorro Voluntario, para quienes tengan ingresos de 2,3 a 25 salarios mínimos mensuales.

El salario mínimo en Colombia para 2024, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, es de $1.300.000 pesos colombianos (unos US$ 332,8).

(Foto de JOAQUIN SARMIENTO/AFP vía Getty Images)

Esta es una de las discusiones más importantes, pues el sistema de pilares es la principal transformación del sistema pensional que propone el Gobierno.

"La gran discusión que se tiene es cuál es el umbral para el ahorro y quién maneja ese ahorro", dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, luego de aprobarse la discusión de la reforma impulsada por el Gobierno en el Senado.

Petro dice que la reforma busca "eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales".

• ¿Qué propone cambiar la reforma pensional de Petro en Colombia?

Hasta ahora, los colombianos pueden decidir libremente si ponen sus ahorros de pensión en el fondo público de Colpensiones o en administradoras privadas. El cambio que se propone con esta reforma es la obligatoriedad de ir al fondo público o privado según los ingresos de los trabajadores. Así:

-Quienes tengan ingresos entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales están obligados a cotizar en Colpensiones. La propuesta del Gobierno inicialmente era que el tope fuera hasta 3 salarios mínimos mensuales. La oposición pedía un salario para la obligatoriedad de ir al sistema público. Tras un consenso se llegó al tope de los 2,3 salarios mínimos para ir al fondo público.

-Las personas que ganen más de 2,3 y hasta 25 salarios mínimos mensuales vigentes deberán cotizar su ahorro pensional en los fondos privados.

-La ministra Ramírez dice que es necesario este cambio pues, en la actualidad, el 70% de los ahorros de pensiones están en los fondos privados en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el 30% en el fondo público en el Régimen de Prima Media (RPM). Los fondos privados, dijo la funcionaria, tienen 18 millones de afiliados y solo han pensionado a 318.000 personas. El otro 30% está ahorrando en el sistema público.

Un informe de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes indica que, según datos de 2022 del Fondo de Pensiones Públicas, los pensionados en Colombia —tanto por fondos públicos como privados— sumaban unas 1,5 millones de personas, lo que suponía el 23% de los adultos mayores de 60 años del país.

El mismo informe señala que el marco regulatorio actual de pensiones en Colombia implica una alta desigualdad. Las personas que están inscritas en el RAIS reciben contribuciones con intereses acumulados, mientras que en el RPM reciben el valor de sus contribuciones sin intereses.

El presidente Gustavo Petro dijo el martes en su cuenta de X, antes Twitter, que el proyecto de ley “busca aumentar la cobertura para que muchas más personas de la tercera edad obtengan una pensión”.

En noviembre del año pasado, Petro destacó que la reforma que propone su gobierno elevaría la cobertura pensional del 26% al 86% de toda la población colombiana.

Pilar semicontributivo

Este pilar está pensado para entregar un “beneficio económico”, según el proyecto de ley, a quienes a los 65 años no hayan cumplido los requisitos para una pensión vitalicia. Actualmente algunas personas cotizan en fondos privados un "ahorro" que no les resulta suficiente para pensionarse, de manera que los fondos privados devuelven un "bono pensional" que no representa una cuota vitalicia y los ahorros de toda la vida se gastan en otros rubros, pero la persona no queda protegida en su vejez. Esto pasa a ser obligatorio.

“La esencia del pilar semicontributivo es hacer un redbull para que la gente tenga protección en la vejez”, dijo la ministra. “Entonces, si usted ahorra y yo le devuelvo la plata, eso se le vuelve un viaje de turismo, eso se le vuelve educación para sus hijos, pero no la protección a la vejez".

La propuesta del Gobierno es transformar ese ahorro en una renta vitalicia para que la persona pueda tener un ingreso de por vida después de pensionarse.

Aplica para quienes hayan ahorrado entre 150 y 999 semanas. Es decir, que la cotización no alcance para obtener la pensión.

Los fondos para el pilar semicontributivo provienen de los contribuyentes (mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más) que hayan cotizado al sistema pensional al menos 300 semanas recibirían una renta vitalicia con base en el total de sus contribuciones.

Protección a la vejez

La propuesta también busca, a través del pilar solidario, sacar de la pobreza extrema a millones de ancianos que no tienen una pensión, garantizándoles una renta básica para "amparar las condiciones mínimas de subsistencia" de los adultos mayores. La promesa es entregarles un bono mensual de 223.800 pesos, unos US$ 57 al cambio actual. De aprobarse, esto se financiará con recursos del Estado.

"Con el pilar solidario tal como está, vamos a poder atender a 2.700.000 abuelos en la primera fase de este proceso. Luego, vamos a llegar hasta los 3 millones; es decir, vamos a trabajar para que los abuelos salgan de la extrema pobreza", dijo la ministra.

"Fundamentalmente blindamos un ahorro que permita que las futuras generaciones en el año 2052 puedan tener garantizada la pensión y la sostenibilidad del mismo", añadió.

Beneficio para las mujeres con hijos

El artículo 36 de esta reforma propone que a las mujeres se les reconozcan 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo o adoptivo, lo que podría darles 150 semanas para alcanzar su pensión en caso de que no alcancen a cumplir el requisito de semanas mínimas para su pensión. El artículo establece que el beneficio solo aplicaría para mujeres que cumplan la edad mínima de acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el Componente de Prima Media.

La reforma incluirá un fallo de la Corte Constitucional emitido hace unos días, que reduce las semanas de cotización para las mujeres de 1.300 a 1.000. La ley le otorga una reducción en las semanas mínimas requeridas para que las mujeres sean pensionadas: se les reconocerá la pensión, de 50 semanas por cada hijo, sin que supere de 3 hijos, dice el Gobierno.

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Lo que sigue igual y otras modificaciones

Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes no sufrirán modificaciones con la nueva ley. Tendrán los mismos beneficios con los mismos requisitos, pero serán reconocidas por Colpensiones, que incluye a las personas cuyas pensiones se financian tanto en el sistema RAIS como en el de RPM.

Agregan que el proyecto de Ley propone la creación de "un fondo para el ahorro, que evitará cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES".

¿Qué dicen quienes se oponen a la reforma?

Los que adversan la propuesta presidencial argumentan, entre otros puntos, que las medidas planteadas no son sostenibles porque implican recursos con los que el país, a su juicio, no contará.

El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, dijo este martes en su cuenta de X que la reforma “no es responsable con el país. En el papel todo vale, pero esta es una reforma insostenible en el tiempo, Más adelante los colombianos tendrán que pagar más impuestos e inevitablemente habrá que aumentar la edad de jubilación, incrementar aportes o reducir el monto de las pensiones”.

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El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “se acaba de aprobar la posibilidad de que cerca de tres millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso para tener una vejez digna, a partir del primero de julio del 2025, lo tengan".

• ANÁLISIS | Petro se juega su mandato en las calles

Estas son los pilares de la reforma.

El presidente de Colombia Gustavo Petro (C) conversa con el Secretario General del Senado de la República, Gregorio Eljach (a la izquierda), mientras la ministra de Trabajo Gloria Ramírez observa durante la presentación de un proyecto de ley de reforma de pensiones en el Congreso en Bogotá el 22 de marzo. 2023. (Foto de Juan Barreto / AFP)

Esquema por pilares

La reforma está basada en tres pilares: el solidario, semicontributivo y contributivo. Este último a su vez está dividido en un plan de Prima Media (para quienes tengan ingresos entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes) y otro, el de Ahorro Voluntario, para quienes tengan ingresos de 2,3 hasta 25 salarios mínimos mensuales.

Y esta es una de las discusiones más importantes aquí, pues el sistema de pilares que es la principal transformación del sistema pensional que propone el Gobierno.

"La gran discusión que se tiene es cuál es el umbral para el ahorro y quién maneja ese ahorro", dijo la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez luego de aprobarse la discusión en el Senado de la reforma impulsada por el Gobierno.

Petro dice que lo que busca la reforma es "eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales".

Actualmente los colombianos pueden decidir libremente si ponen sus ahorros de pensión en el fondo público de Colpensiones, o a administradoras privadas. El cambio que se propone con esta reforma es la obligatoriedad para ir al fondo público o privado según los ingresos de los trabajadores, así:

- Quienes tengan ingresos entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales están obligados a cotizar en Colpensiones. La propuesta del Gobierno inicialmente era que el tope fuera hasta 3 salarios mínimos mensuales. La oposición pedía 1 salario para la obligatoriedad de ir al sistema público. Tras un consenso se llegó al tope de los 2,3 salarios mínimos para ir al fondo público.

- Las personas que ganen más de 2,3 y hasta 25 salarios mínimos mensuales vigentes deberán cotizar su ahorro pensional en los fondos privados.

- La ministra Ramírez dice que es necesario este cambio pues en la actualidad un 70% de los ahorros de pensiones están en los fondos privados y el 30% en el fondo público. Los fondos privados, dijo la ministra, tienen 18 millones de afiliados y solo han pensionado a 318.000 personas. El otro 30% están ahorrando en el público.

"El 77,7% de los afiliados de privados pasarán al Estado, que son los que están entre 1 y 2,3 salarios mínimos y quedarían en fondos privados el 32,7%", dijo Ramírez en Noticias Caracol.

• Se cae la reforma a la salud en Colombia: duro revés para el Gobierno de Petro

Un niño empuja la silla de ruedas de un anciano en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bucaramanga, Colombia, el 19 de junio de 2022. (Crédito: Raúl ARBOLEDA/AFP)

El presidente Petro dijo que el actual régimen de fondos privados "no le entrega a la mayoría de los cotizantes una pensión en el futuro", por eso miles de trabajadores cotizan durante años en los fondos privados y se pasan a Colpensiones "que sí garantiza una pensión".

"Si no se aprueba la reforma haría que en el corto plazo se quebrarían los fondos privados al pasar otros centenares de miles de trabajadores de los fondos a Colpensiones, no solo con sus cotizaciones sino con el acumulado de sus ahorros", advirtió Petro.

Lo que se busca es que la gran mayoría de colombianos, que ganan entre 1 y 2,3 salarios mínimos, ahorren en el fondo estatal, financien el sistema pensional y el Estado con ese dinero pueda garantizar las pensiones por montos más bajos, que son los de la gran mayoría.

"El Estado los quiere proteger y para protegerlos es que estamos hablando de esos tres salarios mínimos que nos dan una robustez en el fondo del ahorro y claramente una suficiencia para la pensión", dijo Ramírez.

Pilar semicontributivo

Este pilar está pensado para entregar un "beneficio económico", según el proyecto de ley, a quienes a los 65 años no hayan cumplido los requisitos para una pensión vitalicia. Actualmente algunas personas cotizan en fondos privados un "ahorro" que no les es suficiente para pensionarse, de manera que los fondos privados devuelven un "bono pensional" que no representa una cuota vitalicia y los ahorros de toda la vida se gastan en otros rubros, pero la persona no queda protegida en su vejez. Esto pasa a ser obligatorio.

"La esencia del pilar semicontributivo es hacer un redbull para que la gente tenga protección en la vejez", dijo la ministra. "Entonces si usted ahorra y yo le devuelvo la plata eso se le vuelve un viaje de turismo, eso se le vuelve educación para sus hijos, pero no la protección a la vejez".

La propuesta del Gobierno es transformar ese ahorro en una renta vitalicia para que la persona pueda tener un ingreso de por vida después de pensionarse.

Aplica para quienes hayan ahorrado entre 150 y 999 semanas. Es decir, que la cotización no alcance para obtener la pensión.

Tras la aprobación en el Senado, la ministra Ramírez dijo que el Gobierno "acepta los fondos pensionales como un elemento que permite la complementariedad y el mejoramiento de la pensión de colombianos y colombianas" y aseguró que además de los 3 millones de adultos mayores que saldrían de la extrema pobreza con esta reforma, "cerca de 12 millones al año 2052 de personas que hoy cotizan pero no tienen pensión puedan tener(la) a través de la renta vitalicia”.

Protección a la vejez

La propuesta también busca, a través del pilar solidario, sacar de la pobreza extrema a millones de ancianos que no tienen una pensión, garantizándoles una renta básica para "amparar las condiciones mínimas de subsistencia" de los adultos mayores. La promesa es entregarles un bono mensual de 223.800 pesos, unos US$ 57 al cambio actual. Esto se financiará con recursos del Estado.

"Con el pilar solidario tal como está vamos a poder atender a 2.700.000 de abuelos en la primera fase de este proceso. Luego vamos a llegar hasta los 3 millones. Es decir, vamos a trabajar para que los abuelos salgan de la extrema pobreza", dijo la ministra.

"Fundamentalmente blindamos un ahorro que permita que las futuras generaciones en el año 2052 puedan tener garantizada la pensión y la sostenibilidad del mismo", añadió

Beneficio para las mujeres con hijos

El artículo 36 de esta reforma propone que a las mujeres se les reconozcan 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo o adoptivo, lo que podría darles 150 semanas para alcanzar su pensión en caso de que no alcancen a cumplir el requisito de semanas mínimas para su pensión.

• El Gobierno de Petro da marcha atrás con el impuesto a las pensiones de la reforma tributaria en Colombia

Reducción de semanas para las mujeres

La reforma incluirá un fallo de la Corte Constitucional emitido hace unos días, que reduce las semanas de cotización para las mujeres de 1.300 a 1.000. La ley le otorga una reducción en las semanas mínimas requeridas para que las mujeres sean pensionadas: se les reconocerá la pensión, de 50 semanas por cada hijo, sin que supere de 3 hijos, dice el Gobierno.

Lo que sigue igual y otras modificaciones

Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes no sufrirán modificaciones con la nueva ley, tendrán las mismas continúen igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones.

Así mismo, define que se respetarán los derechos adquiridos como por ejemplo pensión por invalidez y de sobrevivientes, aunque estas serán asumidas por Colpensiones.

Además, dice el Gobierno, "se respetarán los derechos adquiridos", lo que significa que las condiciones para los ya pensionados continuarán igual.

Además, según el Gobierno, el proyecto de Ley propone la creación de "un fondo para el ahorro, que evitará cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES".

Una mujer muestra un cartel que dice "#Sin Robar mi Pensión, es mi Derecho Adquirido", durante una protesta contra una reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, en Cali, Colombia, el 26 de septiembre de 2022. (Crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP vía Getty Images)

Las críticas de la oposición

Los senadores de la oposición criticaron la aprobación de este proyecto para su discusión y rechazaron la reforma pensional del Gobierno, asegurando que el proyecto no es viable fiscalmente y otros dijeron que las aseguradoras privadas de fondos de pensiones quedarán desfinanciadas.

El senador David Luna, del opositor Cambio Radical, dijo que la reforma en curso "acaba con la libertad de elección" pues los colombianos ya no tendrán la libertad de elegir si ahorrar en un fondo privado o público que le pueda generar más confianza.

"Votamos negativamente esta reforma porque atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad, no a la propiedad de una casa, de un carro, de una casa, de una finca: a la propiedad de sus ahorros", dijo Luna en el Senado. Dijo que los ahorros de las personas que no alcancen una pensión bajará los intereses (en los fondos privados) de 3% a 0%.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia dijo que la reforma hará que el país sea inviable fiscalmente, y dice que lo que el país va a tener es una "deuda pensional".

"El gran problema es que esta reforma crece la bomba pensional y la convierte en una bomba atómica". Valencia dice que el dinero se va acabar en 2070 y entonces habrá un déficit en el PIB.

La ministra Ramírez dijo Ramírez en Noticias Caracol que el proyecto tiene "sostenibilidad fiscal que permite que los jóvenes de hoy se pensionen de 2052 a 2070".

Nota del editor: este artículo fue publicado en junio de 2023 y actualizado en abril 2024

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El viernes, el Gobierno de Venezuela había impedido que el representante colombiano opositor ingresara al país, al que viajó para intentar participar como observador en los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron esta tarde la Cancillería colombiana y el propio legislador.

La Cancillería de Colombia dijo en un comunicado que Uscátegui llegó a Caracas a las 3:00 p.m. (hora local) y que las autoridades migratorias no admitieron su entrada a territorio venezolano.

La institución agregó que desde que supo de los hechos brindó atención consular a Uscátegui y que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, “expresó preocupación” a su homólogo venezolano, Yvan Gil.

CNN contactó a la Cancillería de Venezuela para conocer los motivos por los que se negó el ingreso a Uscátegui, pero no ha recibido respuesta.

El equipo del representante, del partido opositor Centro Democrático, publicó un comunicado en el que se quejó de las acciones de las autoridades venezolanas.

El equipo también dijo que el legislador viajó como observador a Caracas con el aval de la Cámara de Representantes y aseguró que no ha recibido apoyo del Gobierno de Colombia.

La Cancillería colombiana niega haber sido negligente con la situación. De acuerdo con su comunicado, el embajador y la cónsul en Caracas, Milton Rengifo y Fulvia Benavides respectivamente,“adelantan las gestiones consulares respectivas” para poder ayudar a Uscátegui.

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En un mensaje difundido a la prensa, el jefe policial dijo que el hombre subió al noveno piso de la Clínica Medellín, sede El Poblado, donde con un arma de fuego agredió al médico, quien murió en el lugar. En tanto, las heridas de la asistente fueron tratadas y ella “está fuera de peligro”, añadió Lamprea.

Tras atacar a ambas personas, el hombre —de acuerdo con el recuento policial— se encerró en un consultorio, donde intentó provocar un incendio.

Cuando los policías llegaron al edificio, revisaron el consultorio y dentro de un baño encontraron al hombre, que ya se encontraba muerto y con un arma de fuego a su lado. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Medellín controló el conato de incendio.

La Policía dijo a CNN que las indagatorias del caso están en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. CNN contactó a esta institución para preguntar por el motivo de la agresión y está en espera de respuesta.

Por su parte, la Clínica Medellín difundió un comunicado en el que identificó al médico fallecido como Juan Guillermo Aristizábal Vásquez, expresó condolencias a su familia y señaló que apoyará las investigaciones sobre lo ocurrido.

En otro comunicado, el Ministerio de Salud de Colombia manifestó su "más profundo rechazo a los actos violentos perpetrados contra el talento humano en salud, los servicios de salud y la infraestructura médica hospitalaria en la ciudad de Medellín".

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Los presos colombianos, 11 hombres y 2 mujeres, estaban en la prisión Carchi No. 1 y fueron entregados a autoridades de Colombia en el puente internacional de Rumichaca, indicó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

• Matan a José Sánchez, alcalde del cantón Ponce Enríquez en Ecuador

El 29 de enero, el presidente Noboa publicó un decreto para repatriar a sus países de origen a los presos extranjeros que estén cumpliendo sentencias en cárceles de Ecuador.

La medida ocurrió después de las declaratorias de estado de excepción y de conflicto armado interno que Noboa emitió para enfrentar la inseguridad pública en el país. De acuerdo con el mandatario, parte de la violencia es generada por grupos delictivos que operan desde las cárceles.

• Qué está pasando en Ecuador tras los hechos de violencia que sacuden el país

Según estimaciones de Noboa, en Ecuador hay unos 1.500 presos extranjeros, la mayoría de ellos originarios de Colombia y Venezuela.

Con información de Ana María Cañizares

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El llamado, que el mandatario publicó este jueves en su cuenta de X, se produce justo a una semana del comienzo del racionamiento del líquido en la capital de Colombia.

• Bogotá con escasez de agua: así solucionan las familias el racionamiento

La Alcaldía de Bogotá dividió la ciudad en nueve zonas. A cada una se le asignó un turno diario para la suspensión del suministro, con lo cual las autoridades de la capital colombiana buscan disminuir la demanda de agua y la presión sobre el sistema hídrico.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, dijo a CNN la semana pasada que los embalses que abastecen a Bogotá no habían tenido un nivel tan bajo desde la década de 1980. El funcionario también pidió a la ciudadanía tomar medidas como bañarse en menos de cinco minutos o dejar de hacerlo el fin de semana si las personas no tienen que salir de casa.

• Bogotá empieza a racionar el agua para 9 millones de personas

“Están a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos”, señaló Petro este jueves sobre esta situación.

Los problemas de escasez de agua no son exclusivos de Bogotá. Otras urbes de América Latina, como la Ciudad de México, encaran dificultades similares derivadas de factores como una mayor demanda por el crecimiento de la población, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias.

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Petro dio a conocer esta propuesta al ofrecer una declaración conjunta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien más temprano se reunió en privado en Bogotá.

El mandatario colombiano argumentó que un pacto de este tipo serviría para que cualquiera que participe y pierda en las elecciones venezolanas tenga “certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país”.

Petro no brindó mayores detalles sobre su propuesta. CNN contactó a la Presidencia de Colombia para pedir más información y está en espera de respuesta.

CNN también está intentando contactar al Gobierno de Venezuela y a la Plataforma Unitaria Democrática —que agrupa a los principales partidos de oposición— para pedirles comentarios sobre el planteamiento de Petro.

Las declaraciones del presidente colombiano ocurren el mismo día que el Gobierno de Estados Unidos anunció que restablecerá sanciones contra la industria venezolana del petróleo y del gas, en reclamo porque considera que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incumplido con el acuerdo de Barbados para que haya elecciones libres en el país sudamericano.

• ¿Cómo afectarían las sanciones de EE.UU. a la economía de Venezuela?

El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, publicó un mensaje en su cuenta de X —antes Twitter— en el que llamó a Maduro a permitir que todos los candidatos y partidos participen en los comicios.

De su lado, Maduro rechazó la determinación del Departamento del Tesoro de EE.UU. que restablece sanciones. “Los gringos creen que pueden amenazar a Venezuela, no pueden amenazar a Venezuela”, dijo.

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Petro anunció la medida en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde añadió: “Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo”.

• “No me arrepiento”, dice Noboa sobre la incursión de la Policía de Ecuador a la Embajada de México

El gabinete binacional entre Colombia y Ecuador es un mecanismo de cooperación que ambos países establecieron en diciembre de 2012, durante los gobiernos del colombiano Juan Manuel Santos y el ecuatoriano Rafael Correa.

La más reciente reunión de este gabinete —la número 11— ocurrió el 31 de enero de 2023, cuando Petro sostuvo un encuentro con su entonces homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso. En esa ocasión, Lasso dijo que la integración “es uno de los caminos más efectivos para el bienestar de nuestros pueblos”.

CNN contactó a la Presidencia de Colombia para pedir más información sobre la decisión anunciada por Petro y preguntar si afecta algún otro rubro de las relaciones bilaterales. También contactó al Gobierno de Ecuador para solicitar comentarios. En ambos casos, aún esperamos respuesta.

La suspensión anunciada por Petro ocurre el mismo día que se publicó la entrevista del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con la emisora australiana SBS News —afiliada de CNN—, donde dijo que no se arrepiente de la incursión del 5 de abril para detener a Glas. El exfuncionario dice ser un perseguido político, mientras el Gobierno de Noboa argumenta que tiene dos sentencias por asociación ilícita y cohecho.

• Tribunal de Ecuador determina que la detención de Glas en la Embajada de México fue “arbitraria”, pero seguirá detenido

En represalia por estos hechos, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el pasado miércoles la incursión, al señalar que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ecuador ha defendido su actuación durante el operativo.

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La medida busca ahorrar 2.000 litros de agua por segundo debido a los bajos niveles de agua de los embalses.

Vista aérea del embalse de San Rafael en La Calera, cerca de Bogotá, 10 de abril de 2024.Crédito: DANIEL MUNOZ/AFP vía Getty Images

La suspensión de suministro se efectuará por turnos de 24 horas por zonas, que irán de 8 am a 8 am (hora local), según un cronograma dispuesto por EAAB y publicado en la página web de la Alcaldía de Bogotá para que los usuarios puedan consultar según su barrio.

• Bogotá con escasez de agua: así solucionan las familias el racionamiento

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán se sumó a la campaña de racionamiento de agua potable a través de sus redes sociales con un pedido particular. El funcionario solicitó realizar duchas de “no más de tres minutos”, además de no lavar carros, fachadas ni ventanas.

Una mujer recoge agua potable de un camión cisterna en La Calera, cerca de Bogotá, el 10 de abril de 2024.Crédito: DANIEL MUNOZ/AFP vía Getty Images

El racionamiento, según las autoridades, busca evitar que el agua se agote, debido a que los embalses se encuentran en estado crítico como consecuencia del fenómeno El Niño.

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